Clamor de toda una comunidad de vecinos de la Bonanova en riesgo de desahucio

Quince vecinos del barrio de la Bonanova de Barcelona, que desde hace unos 20 años viven en habitaciones realquiladas, corren el riesgo de ser desahuciados por una inmobiliaria y han pedido públicamente este martes que se les conceda un alquiler social.

La petición, presentada este martes en la Plaza de la Bonanova, afecta a toda una comunidad de vecinos de entre 50 y 90 años que alquilaban habitaciones en tres pisos de una finca situada en la calle Teodora Lamadrid, 50.

El objetivo de que los vecinos pidan estos alquileres sociales es el de seguir viviendo en el mismo bloque con un contrato de alquiler digno que regule el precio de acuerdo a sus posibilidades económicas.

En este sentido, los pisos pertenecen a Inmobiliaria Urbana S.L., que era quien los alquilaba a una arrendataria, que a su vez llevaba 20 años subarrendando habitaciones a esta comunidad vecinal.

"Pagamos entre 250 y 500 euros por habitación", ha declarado el portavoz de los afectados, Toni Sobirà, quien ha demandado "un contrato social sin intermediarios y de acuerdo a la difícil situación económica".

En marzo de 2022, la arrendataria dejó de pagar el alquiler que tenía estipulado con la inmobiliaria y esta inició los procedimientos judiciales oportunos para desahuciar los pisos.

"A principios de este año, la persona que nos alquila las habitaciones nos dice que nos tenemos que ir porque hay un conflicto con la inmobiliaria", ha explicado Sobirà, quien ha añadido que durante todo ese año "se siguió pagando el alquiler" sin saber que la arrendadora principal "había dejado de pasar los recibos".

De los 15 vecinos que residen en estas habitaciones, 11 tienen el certificado de vulnerabilidad y su edad avanzada les imposibilita hacer frente a la situación.

"Si hemos hecho público el caso es porque la propiedad se niega a negociar con las personas que viven en los pisos", ha manifestado la portavoz del Sindicat de Llogaters, Merlina Del Guidice, quien ha subrayado que "los vecinos tienen la voluntad de pagar".

Guidice también ha avisado de la necesidad de "seguir pensando estrategias para organizar la lucha vecinal", pese a que a día de hoy no exista ninguna orden de desahucio por la decisión de un juez de anularla considerando "que se había actuado con mala fe", ha relatado.

Derecho a unas condiciones dignas

Alberto Martínez tiene 61 años y lleva más de veinte viviendo en este bloque. En declaraciones a los medios, ha explicado que paga "260 euros por la habitación", y ha asegurado que "nuestro cumplimiento es más que aceptable para seguir viviendo en el mismo sitio.

Tras trabajar como analista de laboratorio e informático, Martínez cobra una pensión de 680 euros con la que ha tenido que afrontar la subida progresiva del precio de su alquiler.

"En un sitio como Barcelona es muy difícil encontrar una alternativa a este precio", ha lamentado, a la vez que afirma que no se plantea tener que buscar otro hogar ya que, en sus palabras: "solo existe una opción: quedarnos".