Ordenanza del ayuntamiento

La ACCO impugna la 'tasa Amazon' de Barcelona por "discriminatoria"

Competencia recurre la 'tasa Amazon' de Barcelona por "distorsionar" el mercado

La 'tasa Amazon' por el reparto de productos 'online' entra en vigor en Barcelona

Una furgoneta de reparto de Amazon.

Una furgoneta de reparto de Amazon. / RICARD CUGAT.

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La Autoritat Catalana de la Competència (ACCO) ha interpuesto un recurso contencioso administrativo en el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra la conocida como 'tasa Amazon', es decir, la ordenanza fiscal 3.20, relativa a la tasa que el Ayuntamiento de Barcelona cobra a las empresas que llevan a domicilio productos comprados por internet, y que fue aprobada por el Pleno del Consejo Municipal el 24 de febrero de 2023.

La ACCO considera que la tasa supone "un obstáculo al mantenimiento de una competencia efectiva y restringe las libertades de establecimiento y prestación de servicios, recogidas en el Tratado de Funcionamiento en la Unión Europea, ya que discrimina injustificadamente entre competidores". La tasa sólo se aplica a los operadores postales, pero, en cambio, están exentos el resto de empresas transportistas o los comercios que tienen sus propias flotas de reparto. A juicio de la ACCO, todas estas actividades "generan un impacto ambiental y de tráfico equivalente, si bien los operadores postales son los únicos que deben pagar la tasa, y pierden competitividad".

De igual forma, relatan desde la ACCO, la tasa grava únicamente las entregas del comercio electrónico, pero no las procedentes del comercio físico o de otros canales a distancia (como la venta telefónica o por correo). La ACCO considera que todo reparto tiene los mismos efectos negativos, independientemente de qué canal de venta lo haya originado, por lo que "no tiene sentido que la tasa sólo se aplique al comercio 'online'".

Por último, la ordenanza fiscal también pretende compensar un presunto desequilibrio tributario entre los comerciantes 'online' y 'offline'. Sobre este aspecto, la ACCO apunta que "entiende que la tasa es inadecuada para alcanzar este objetivo, ya que quien la acaba pagando son los operadores postales, que no son más que proveedores de servicios de reparto para ambos tipos de comercios". "El Ayuntamiento no ha tenido en cuenta que los operadores postales podrían repercutir la tasa a sus clientes, entre ellos también los pequeños comercios que han abierto un canal de venta 'online' para ganar competitividad y que dependen de los operadores postales para entregar los productos vendidos", añade.

"Con esta actuación, la ACCO hace uso de su facultad para impugnar los actos de las administraciones públicas y las disposiciones generales con rango inferior a ley, de las cuales se deriven obstáculos al mantenimiento de la competencia efectiva en los mercados", concluye el comunicado.

Recurso de la CNMC

El pasado mes de julio, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ya puso un recurso contencioso administrativo contra esta tasa por "distorsionar el mercado".

"Varias medidas de la Ordenanza obstaculizan la competencia e introducen distorsiones en los mercados de la distribución comercial minorista y en el mercado de la distribución postal", valoró en un comunicado la CNMC, que apuntaba también que este movimiento llegaba después de mandar, en abril, un requerimiento al consistorio catalán explicando los elementos conflictivos de esta tasa.