Regulación
La nueva tasa de terrazas de Barcelona será aprobada en enero
Trias y Collboni pactan desencallar la tasa de terrazas 2024 a través de una rebaja a las más pequeñas
Ordenanzas de aplicación retroactiva: Barcelona explora una salida inédita para salvar el pacto de terrazas
Toni Sust
Periodista
La nueva tasa de terrazas de Barcelona para el año próximo, pactada por el gobierno de Jaume Collboni con el grupo de Junts per Barcelona, quedará aprobada definitivamente en enero de 2024, aunque todavía no está claro si eso pasará a medio mes o a finales, cuando se celebre el pleno municipal correspondiente.
Lo que sí parece claro es que la tasa que queda fijada en la ordenanza de terrazas entrará en vigor después del 1 de enero, lo que obligará a aplicarla de forma retroactiva con es fecha, una modalidad sin precedentes que el consistorio considera suficientemente avalada por un informe jurídico.
Las ordenanzas tienen que estar en vigor al iniciarse el año, a diferencia de los presupuestos, que pueden aprobarse en cualquier momento, y que en Barcelona siguen pendientes de un pacto, aunque en el contexto más complejo: Collboni, si todo va según lo previsto, debe alcanzar en breve un acuerdo con su nuevo socio de gobierno, o Junts o Barcelona en Comú y ERC, y se supone que quienes acaben firmando el pacto serán quienes den sus votos para aprobar las cuentas.
Sin pasar por comisión
La ordenanza, que prevé un incremento de pago por parte de los restauradores, aunque no hasta los niveles previstos en 2019, que nunca llegaron a entrar en vigor porque la pandemia del covid llevó a una bonificación del 75% de la cantidad, será aprobada de forma inicial en el pleno municipal del próximo 24 de noviembre.
De esta forma, la norma que afecta a las terrazas no pasará por la comisión de Economía. La aprobación definitiva de llegará en enero, aunque el asunto está entre dos fechas posibles. Tras ser aprobada inicialmente el 24 de noviembre, algo ya garantizado porque el proyecto tendrá como mínimo el apoyo de los 10 concejales del PSC y los 11 de Junts, que suman los 21 de la mayoría absoluta, la ordenanza entrará en un periodo de información pública de 30 días hábiles, es decir sin contar festivos, en los que pueden presentarse alegaciones.
Si hay alegaciones
Si no se presenta ninguna alegación, pasado ese periodo la nueva regulación quedará aprobada automáticamente en torno al 10 de enero, en función del día en que se publique la aprobación del 24 de noviembre, que puede ser el 27 o el 28.
Si hay alegaciones, el texto tendrá que pasar de nuevo por comisión de gobierno y la comisión de Economía, para recibir la luz verde definitiva en el pleno del 26 de enero.
De ocho millones a la mitad
La recaudación prevista según los precios previstos para 2020, los fijados en 2019 que nunca se llegaron a aplicar, hubiera ascendido a ocho millones. Con la bonificación del 75% por el covid, la suma bajó a dos millones, que es lo que el consistorio ha recibido de 2020 a 2023.
El teniente de alcalde de Economía, Jordi Valls, presentó un primer proyecto que la elevaba a 5,8 millones. Y luego cerró un pacto con el Gremi de Restauració que lo reducía a 4,6 millones. Pero ese pacto fue rechazado por el plenario. El acuerdo con Junts deja la suma entre 3,5 y 4 millones para 2024.
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