El gobierno de la ciudad
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Toni Sust
Periodista
El Ayuntamiento de Barcelona confía en haber modificado dentro de un año, es decir, a finales de 2024, la Ordenanza de Convivencia, aprobada en 2006. Así lo ha explicado este lunes el teniente de alcalde Seguridad y Prevención, Albert Batlle, después de mantener una reunión con representantes de todos los grupos municipales.
El proceso de modificación de la ordenanza ya fue aludido poco después de empezar el mandato, el 26 de julio, cuando Batlle y la primera teniente de alcalde, Laia Bonet, expusieron las líneas maestras del ‘plan Endreça’. Y cuando ERC propuso reformar la ordenanza en la comisión de Presidencia en septiembre el gobierno de Jaume Collboni lo asumió como el inicio del proceso. De hecho, Batlle ha afirmado este lunes que la propuesta de los republicanos fue el pistoletazo de salida de este asunto: “Es un guante que recogió el gobierno”.
Mantener la “carcasa” de la ordenanza
La previsión, ha precisado Batlle, es que el diálogo con los grupos municipales y con las entidades de la ciudad dure siete meses y medio y que la modificación de la ordenanza sea aprobada por la comisión de gobierno en mayo, dando así y dé así inicio a un trámite que concluiría con la aprobación definitiva en noviembre de 2024.
El teniente de alcalde ha asegurado que no considera necesario hacer una nueva ordenanza, que se puede conservar “la carcasa” de la vigente y modificarla en función de las necesidades. De entrada, es necesaria una actualización lógica tras casi 20 años, y también una formulación que sirva para que las sanciones no sean papel mojado y a la vez que no se ceben en colectivos vulnerables.
Sanciones y medidas alternativas
Hay que ahondar en las posibles medidas alternativas a las sanciones e incorporar a la de convivencia cuestiones que ahora dependen de otras ordenanzas, ha explicado el concejal: “18 años después hay nuevos tipos que contemplar y hay que fijar una previsión de hecho sancionables, importes y medidas alternativas”.
Como una previa para el trabajo de los grupos, hace semanas que una comisión técnica dirigida por la gerente de Seguridad y Prevención, Maite Casado, empezó a analizar la situación de la ordenanza. Lo ha explicado la comisionada de Convivencia, Montserrat Surroca, que encabeza la parte técnica.
Surroca ha relatado que se han creado seis subcomisiones que se encargan de distintos ámbitos relacionados con la ordenanza: revisión de los textos vigentes, ámbitos a regular por jurisprudencia no contemplada, posterior a 2006; revisión del procedimiento sancionador para que sea más eficaz; revisión de los precios de las sanciones; colectivos vulnerables y medidas alternativas a las sanciones, y perspectiva de género.
Proceso participativo
La modificación de la norma deberá contar con un proceso participativo –previsto en el reglamento establecido para tal fin- y es de prever que el gobierno de Collboni tratará de incluir en la mayoría que lo apruebe, si es que el proceso no se trunca por algún motivo, al máximo de grupos posibles.
“Está claro que estamos al principio”, ha subrayado Batlle, que se ha mostrado a favor de “sumar todas las sensibilidades” a la modificación.
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