Las familias del colegio Mary Ward de Barcelona llevan el cierre de la escuela a los juzgados

No contó el Consorcio de Educación de Barcelona ni la fundación Narcís Jubany con que hubiera tanto abogado y tanto padre voluntarioso y tenaz entre las familias que en junio pasado se quedaron sin colegio en un rincón elevado de Sant Gervasi. Con el curso a punto de cerrarse, la dirección de la escuela Mary Ward reunió a los papás y a las mamás en el auditorio. Lo que se intuía como una despedida del año con abrazos, ganchitos y buenos deseos para el verano, terminó en una noticia tan devastadora como inesperada: por problemas económicos tras la pérdida del concierto en la etapa infantil, cerramos el colegio. Sin más explicación, según los afectados. Con las matrículas ya distribuidas o en trámite en todos los centros públicos y concertados, 290 alumnos de infantil, primaria y secundaria se encontraron un 15 de junio sin pupitre asignado para septiembre. No hubo margen de maniobra, pero sí indignación, pataleo y maniobras legales. La Administración se limitó a cumplir los requisitos burocráticos y ahora las familias responden con un recurso contencioso-administrativo que, más que reivindicar la reapertura del colegio, pone sobre la mesa lo traumático, y a la vez fácil, que resulta cerrar una escuela.

Un portavoz de las familias, al que llamaremos Máximo, recuerda que ese día les dieron una página de 'excel' con las plazas disponibles en colegios del entorno, por la zona del parque de Monterols, en Sant Gervasi-Galvany. Quizás piensen que al ser barriada noble, qué más da, porque total, seguro que pagando encuentran otro centro educativo. Lo cierto es que es mucho más complicado que eso. Primero esta la querencia. Las familias, unas 100, sentían devoción por la escuela, de la congregación de Jesús, presente en España desde 1939, cuando las hermanas llegaron procedentes de Alemania y fundaron una casa en Barcelona. Peculiar momento para emprender.

Formulario y listos

Volviendo a nuestros días, esas 100 familias pasaron un junio y un julio francamente estresante. El famoso 'excel' apenas solucionaba nada para hogares con tres o cuatro hijos que aspiraban, como es normal, a que sus vástagos fueran al mismo centro educativo. "Ha habido de todo, gente que está más contenta y gente que no lo está tanto", sostiene Máximo. Pero sí, todos lograron, más tarde o más temprano, un aula. Y a eso parecía acogerse el Consorcio de Educación cuando en una resolución del 1 de septiembre daba por resuelto el cierre del Mary Ward. "Nos parece increíble que sea tan difícil abrir una escuela y que, en cambio, para cerrarla solo sea necesario llenar un formulario", se queja este padre.

En sus alegaciones, el ente público respondía a las familias que se habían seguido todos los pasos que marca la ley. La inspección de Educació hacía constar lo siguiente en un informe del 15 de julio: "La inmensa mayoría del alumnado ya ha sido reasignado a centros del Servicio Educativo de Catalunya para cursar estudios el próximo curso 2022-2023. Las demandas han sido atendidas tanto como ha sido posible de acuerdo con las vacantes disponibles, la preferencia de las familias y, entre otros, la agrupación de hermanos y la distancia con el domicilio habitual". Pero ese no era el problema para los afectados. O no solo ese: "La ley catalana es parca, e incluso cutre, puesto que si ya hay recolocación, tema resuelto". Para que se entienda, no es lo mismo que cierre un restaurante o una floristería (te buscas otra) que lo haga la escuela de tus hijos, con todo lo que esto implica de amistades, sistema educativo, arraigo, logística...

Fuentes de la fundación aseguran que a principios de junio de 2022, el Departament d'Educació informó a la escuela que dejaba de financiar la educación infantil por la escasez de niños. La pérdida del concierto generaba un sobrecoste cercano a los 150.000 euros, entre profesorado y material. "Los números no salían y por eso tomamos esa decisión, quizás también la 'conselleria' debería dar más margen e informar mucho antes", señala un portavoz. Según estas mismas fuentes, de haber hecho la matrícula en el momento indicado, "solo el 30% de las familias habrían logrado plaza en el lugar que deseaban".

Las familias se ofrecieron incluso a pagar más, pero no se entró ni a valorar esa posibilidad. Entonces saltaron los rumores. Se habló de pelotazo inmobiliario, pero toda la parcela, de más de 8.000 m² está calificada de equipamientos (7a). Solo una modificación del plan general metropolitano (PGM) o una permuta municipal (un trueque de claves urbanísticas) podría abrir la puerta a una operación especulativa. El lugar bien lo vale, pero por ahora no consta movimiento al respecto y la finca sigue vacía. La fundación lo niega: "El lugar sigue vacío, solo queda una pequeña comunidad de las religiosas".

Situación económica

En las alegaciones que ya presentaron en un recurso de alzada ante el propio consorcio (sin suerte), las familias denunciaron que el centro jamás les demostró la catastrófica situación económica que derivó en el cierre de la escuela, que pasó a estar dirigida por la fundación Narcís Jubany en enero de 2018. La cuenta de resultados de esta entidad en el ejercicio 2021-2022 refleja unas pérdidas de 23.679 euros, tras dos años en los que habían acariciado los 30.000 euros positivos. Es, de todos modos, un organismo sin ánimo de lucro.

Los padres están convencidos de que la escuela llevaba meses con la decisión tomada, extremo que la fundación niega. El propio consorcio fue informado el 14 de junio. "Lo que no puede ser es que esté permitido hacer este anuncio con el curso ya terminado. La ley debería poner un tope, y lo ideal sería que coincidiera con el inicio del plazo de matriculación para dar margen a las familias", sostiene Máximo. Es decir, a principios de marzo, como muy tarde. El propio concejal de Educación del Ayuntamiento de Barcelona, Pau González, calificó de "irresponsable" la decisión de la dirección de la escuela, una calificativo sin traducción jurídica que se quedó ahí, en el terreno de la declaración política. "Es inadmisible e intolerable", añadía días después el 'conseller' de Educación, Josep Maria González Cambray. Pero nada cambió.