El ocio nocturno entra en campaña y reclama poder abrir más locales en Barcelona

La oferta de ocio nocturno de Barcelona se desplomado en las dos últimas décadas, con una tendencia a su concentración en apenas un puñado de ubicaciones y un aforo total que queda muy por debajo de las necesidades reales de la ciudad. Así lo sostiene el sector, que este martes ha celebrado un debate con representantes de los grupos municipales para reclamarles el compromiso electoral de impulsar un plan especial que permita oxigenar el ocio local. Los participantes políticos han coincidido en que la oferta actual es insuficiente en la ciudad, pero con distintos posicionamientos, desde la descentralización a la que siguen apelando los Comuns sin dar una opción de emplazamientos donde otorgar licencias, a la liberalización que han abanderado Ciutadans, PP y Valents.

La patronal Fecalon, con la colaboración del Gremi d'Empresaris de Barcelona i Província y la Associació de Sales de Concerts de Catalunya, han reivindicado también más presencia policial a la salida de los locales para garantizar la seguridad y convivencia vecinal. En este punto, los partidos han coincidido en que hay que desvincular inseguridad de ocio nocturno. No obstante, para el gobierno de Comuns y socialistas el incremento de Guardia Urbana es una solución, que para el resto se queda corta.

El sector ha presentado datos de un informe realizado por la Diputació de Barcelona, entre otras fuentes, para poner en valor su actividad y reclamar la implicación de los partidos con políticas que no lo asfixien. Según el estudio (2021) en la provincia de Barcelona hay 617 establecimientos repartidos en 119 municipios, mientras que otros 192 carecen de oferta nocturna. Ese desequilibrio hace que muchos jóvenes se desplacen en busca de diversión de calidad. En especial teniendo en cuenta que el 76% de los locales se concentran en 31 municipios.

Obviamente, Barcelona está a la cabeza con 198 actividades recreativas musicales, de las que un 32% son discotecas y el resto bares musicales. Suman un aforo de "no más de 50.000 personas", ha destacado la Fecalon, haciendo hincapié en el supuesto déficit de plazas. De hecho, la capital catalana aglutina a 275.000 ciudadanos de 16 a 29 años (sin contar a los muchos treintañeros que salen de fiesta), y del volumen de turistas anuales se extrapola que 5,9 millones anuales tienen entre 18 y 34 años y "un gran porcentaje disfruta del ocio nocturno" local. Pero a esta supuesta demanda hay que añadir la de localidades del área metropolitana donde a falta de más opciones, sus jóvenes se desplazan sobre todo a Barcelona.

Desplazamientos forzosos

Por poner ejemplos, L'Hospitalet tiene solo dos discotecas, al igual que Cornellà, mientras que no hay ni una en Sant Adrià, Sant Boi, Sant Joan Despí o Sant Just Desvern, estos tres últimos tampoco sin oferta de bares musicales. La situación comporta "saturaciones y desplazamientos" hacia zonas como Barcelona, un fenómeno que no se daba hace unos años, han alertado.

Ante los representantes políticos (Jordi Martí de Barcelona en Comú; Xavier Marcé del PSC; Jordi Martí Galbis de JuntsXCat; Jordi Castellana de ERC; Eva Parera de Valents; Ana Grau de Ciutadans; y Daniel Sirera de PPC), empresarios de toda la ciudad han reclamado "repensar el modelo de ocio" y levantar las restricciones "antiempresariales" para permitir nuevas licencias en algunas zonas. En Barcelona, se reclama que un plan especial estipule emplazamientos con "el menor impacto en pro de la convivencia vecinal".

El posicionamiento de los grupos respecto a algunas de las demandas ha sido dispar. El representante de los Comuns ha defendido las políticas del mandato --restrictivas y marcadas por las inspecciones a locales, según el sector-- en tanto que la "densidad" de Barcelona obliga a preservar un "espacio público que es de todos", ha subrayado. Ha puesto por ejemplo el caso de Enric Granados, mientras parte de la oposición recriminaba la desaparición del ocio del Front Marítim que persigue el consistorio.

Castellana le ha reprochado impulsar planes de usos casi a hechos consumados y ha apostado por una regulación que evite la concentración. Mientras que los socialistas, socios de Colau, han defendido la oferta local y su cosmopolitismo, frente al ataque de Ciutadans, PP y Valents, que han acusado al gobierno municipal de castigar al ocio nocturno con sus políticas y recortarlo.

La candidata Ana Grau ha sido drástica al apuntar a la falta de ocio de la ciudad, y que esta debería ejercer un protagonismo estatal comparable al de Nueva York en cuanto a su marca nocturna, como generadora de economía. Ha reclamado una reducción de impuestos. Y el PP ha acusado a Colau de llevar situaciones al límite en algunos barrios, sin apoyo policial, para que "los vecinos se harten" y reducir el ocio, mientras "se tolera Can Vies y casas okupadas".

Peticiones de futuro

Las peticiones del sector han abarcado el "estudio y regularización de los bares con ambientación musical" en "clara inseguridad jurídica" y, sobre todo, más colaboración en seguridad, tras detectar "un cierto temor entre el público joven a salir por la noche ante la inseguridad en la vía pública", han insistido desde Fecalon. Para ello ven clave establecer más vigilancia en los entornos de las zonas de ocio. En contraposición, se ha lamentado que el esfuerzo del ayuntamiento se centre en "inspecciones mediáticas, identificando hasta a los jóvenes y criminalizando al sector", como ejemplos, los diversos cierres temporales dictados en Barcelona.

Criticando que "la apertura de nuevos establecimientos está totalmente bloqueada" en la ciudad desde hace 30 años, las patronales defienden poner en valor el ocio de calidad con la marca Barcelona (como han hecho Madrid o Berlín, opinan) de cara a los intereses de los turistas que buscan esta oferta.

Los afectados han aprovechado para arremeter contra iniciativas defendidas por el Síndic de Barcelona y algunas formaciones políticas acerca de impulsar "botellódromos públicos" desde el asociacionismo. Sostienen que esa competencia desleal no profesional debería asumir las mismas condiciones normativas y laborales, sin recurrir a las arcas públicas.