Barcelona y la Cambra de Comerç ultiman el acuerdo para su nueva sede en el 22@

La Cambra de Comerç y el Ayuntamiento de Barcelona negocian los últimos detalles de una operación conjunta muy singular. Y con un cierto grado de polémica, aunque haya pasado un tanto desapercibida hasta ahora. Se trata de la nueva sede de la entidad empresarial en el 22@ (Sant Martí), en un solar municipal cedido hasta 2085 y con el consistorio como principal inquilino durante los primeros 35 años.

La iniciativa se fraguó durante la alcaldía de Joan Clos y se ha concretado en la etapa de Ada Colau: en 2006 el Ayuntamiento adjudicó a la Cambra el derecho de superficie con opción de compra del terreno municipal y en 2019 se incorporó al pacto un compromiso de alquiler. Fuentes de ambas instituciones han confirmado a EL PERIÓDICO que actualmente rematan los últimos "flecos" del convenio general y del contrato de arrendamiento, antes de la aprobación oficial en los órganos oficiales del consistorio. Ambos documentos "están en tramitación pero no se han formalizado todavía", apuntan portavoces del gobierno Colau, si bien la licencia de obras ya está concedida, según la cámara.

Las dos partes consideran que la operación beneficia el interés público porque permitirá al consistorio reducir el coste de alquiler de oficinas que ahora tiene dispersas en varios inmuebles de la ciudad más caros. Por el contrario, el movimiento vecinal ya ha lanzado un primer disparo de advertencia en forma de comunicado. La FAVB y las asociaciones de vecinos de Poblenou, Diagonal Mar y Front Marítim consideran que la operación es "de muy difícil justificación" y un "escándalo en toda regla" y se declaran “estupefactos por la nula información dada al vecindario”.

Inquilino por al menos 35 años

El convenio base fue negociado por la teniente de alcaldía Janet Sanz y el entonces presidente camaral, Miquel Valls, en abril de 2019. Fue aprobado el 3 de mayo siguiente por el pleno de Barcelona, a solo tres semanas de las elecciones municipales. Según el texto validado, el Ayuntamiento alquilará a 13 de las 21 plantas del futuro edificio por "no menos de 35 años" a partir de la entrega del espacio. Esta fecha de inicio se espera para la segunda mitad de 2026, según las fuentes consultadas, cuatro años más tarde de lo que preveía el convenio.

Los 13 pisos arrendados proporcionarán al consistorio unos 12.000 m2, en los que quiere ubicar un millar de trabajadores públicos en oficinas y archivos. El precio máximo que acepta pagar es 13,8 euros/m2, es decir, unos 4,4 millones de euros anuales con el IVA incluido.

Vuelco en la Cambra y dos millones ‘perdidos’

Ya con nueva hoja de ruta en marcha y aplacadas las suspicacias iniciales, en septiembre de 2021 la entidad –ya con Mònica Roca al frente, tras la salida de Joan Canadell de la presidencia– retomó conversaciones con el consistorio de Ada Colau para actualizar plazos y cifras de inversión. La reactivación cuenta con poderosos argumentos económicos, como el rédito que puede ofrecer convertir la sede histórica de la Diagonal en un coworking y el canon a fondo perdido que desde 2018 está pagando la entidad por tener cedido el solar del 22@.

Según ha podido saber este diario, las cantidades sufragadas ya suman casi 2 millones de euros y se incrementan cada año. El último pago de la Cambra al Ayuntamiento por el solar fue el pasado 17 de octubre y superaba los 629.000 euros.

Enfado vecinal

Esta potencial “privatización” de suelo público es lo que más enoja al movimiento vecinal, que no comprende por qué el consistorio no construye directamente unas oficinas en su propio terreno sin intermediarios ni riesgo de pérdida del terreno. Esto permitiría, además, destinar el excedente de superficie a equipamientos para el barrio. "No parece que esa actuación vaya en la dirección de ganar patrimonio municipal para reducir el importante gasto en alquiler corriente que afronta el Ayuntamiento", advertían la FAVB y las AVV de Poblenou, Diagonal Mar y Front Marítim en un duro comunicado hace dos meses.

Aunque no llegara a venderse el terreno y el consistorio lo recuperara por completo en 2085, se oponen también al lucro que genere el rascacielos durante los años de cesión. "Que en un solar público con calificación de 7B (Equipamientos comunitarios y de proximidad de nueva creación) se pueda hacer negocio inmobiliario alquilando oficinas no es admisible y dudamos de la legalidad", señalan las entidades. También ven “excesiva” la altura prevista. En definitiva, ven con “mucha preocupación” toda la iniciativa y reclaman “explicaciones”.

Por el contrario, el gobierno Colau defiende que la operación permite reducir gastos fijos al consistorio sin tener que destinar presupuesto público a la construcción ni al mantenimiento de un nuevo edificio. Subraya que pagará un arrendamiento "por debajo del precio de las oficinas en la ciudad” y da por sentado que recuperará el suelo “a la finalización del derecho de superficie" porque la Cambra no llegará a comprarlo.

El intermediario del intermediario

La enésima complicación de este proyecto es la reciente decisión de la Cambra de introducir un socio privado que pague la construcción del edificio. La moneda de cambio es que esta empresa ejerza de ‘casera’ durante 35 años de todos los inquilinos del edificio, cobre los alquileres y se encargue del mantenimiento. Como ya explicó El Periódico hace dos meses, la cámara empresarial prevé licitar en marzo de 2023 el contrato por un valor de entre 50 y 54 millones de euros. La obra debería estar finalizada en 30 meses a partir de la adjudicación y se amortizaría en una década, gracias a unas ganancias estimadas de 5,7 millones de euros anuales.

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