El concejal Eloi Badia defiende ante el juez la cesión de un local ocupado en Gràcia

El concejal de Emergencia Climática de Barcelona, Eloi Badia, defendió este viernes ante el que la legalidad de la cesión de forma directa y sin ningún concurso a una asociación juvenil de una finca ocupada en el barrio de Gracia, el Casal dels Tres Lliris. Su declaración como investigado se produce a raíz de una querella en la que le atribuye haber otorgado ilegamente el uso de dicho local, que, según los vecinos, causa, además, molestias. El titular del juzgado de instrucción número 27 de Barcelona admitió el pasado mayo querella interpuesta por la comunidad de propietarios de la calle Torrent de l'Olla, 203 -donde se ubica la finca ocupada-, y citó declarar para este viernes a Badia y a otros cuatro cargos del consistorio también denunciados.

Los querellantes acusan de los delitos de malversación y prevaricación a Badia, en su condición de concejal del distrito de Gràcia, así como al exgerente del distrito, a un sucesor, al director de servicios del distrito de Gràcia y a la exgerente del Patronato Municipal de la Vivienda Angels M. El motivo de la querella es el contrato que el ayuntamiento firmó en septiembre de 2017 para ceder a la Asociación Joves de Gràcia el uso de una antigua comisaría de la Policía Nacional situada en el número 203 de la calle Torrent de l'Olla, propiedad del Patronato Municipal de la Vivienda y que llevaba ocupada desde 2015.

Badía aseguró ante el juez que la cesión directa de locales a entidades de índole social es habitual en Barcelona. Para sostener su afirmación, explicó que en la actualidad el Ayuntamiento de Barcelona tiene cedidos de forma directa un total de 210 fincas y el Patronato Municipal de la vivienda otras 341. El concejal recalcó que era "una fórmula ordinaria" para ofrecer determinados espacios a asociaciones vecinales, centros cívicos y otras asociaciones ciudadanas por un precio de 550 euros al año. En el caso del Casal dels Tres Lliris, remarcó, se contaba con el aval de los servicios jurídicos y de los técnicos y, además, fue aprobado por la comisión de gobierno del ayuntamiento, se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia y nadie recurrió.

Las molestias a los vecinos

El regidor admitió que algunos vecinos de fincas colindantes al casal se habían quejado de las molestias que generaba las actividades que se realizaban en el local, pero que se estaba trabajando para minorizarlas y para proceder a la insonorización, anulándose determinados actos, según precisaron fuentes judiciales. En este sentido, incidieron las mismas fuentes, la mayoría de llamadas a la Guardia Urbana (unas 130 en cuatro años) era por ruidos y altercados que se estaban produciendo fuera del establecimiento o antes de las 10 de la noche

El espacio acoge el llamado Casal Tres Lliris, un ateneo popular que la comunidad de propietarios asegura que ha motivado numerosas quejas vecinales y llamadas a la Guardia Urbana con intervenciones policiales, sin que desde la administración se haya adoptado medida alguna para evitarlo. Los querellantes mantienen que la adjudicación del contrato de cesión del espacio se hizo "a dedo, omitiendo de forma flagrante toda la normativa" que regula ese tipo de transmisiones y "en perjuicio del erario público", según el escrito de la comunidad de propietarios. El casal de jóvenes está activo y actualmente lo gestiona una asociación juvenil de Gràcia.