Un juez investiga al concejal Eloi Badia por la cesión de un local ocupado en Gràcia

Un juez ha citado a declarar como investigado al concejal de Emergencia Climática de Barcelona, Eloi Badia, a raíz de una querella que le acusa de haber cedido ilegalmente a una asociación juvenil una finca ocupada del barrio de Gràcia, que ahora causa molestias a los vecinos. En un auto, el titular del juzgado de instrucción número 27 de Barcelona acuerda admitir a trámite la querella, presentada por la comunidad de propietarios de la calle Torrent de l'Olla, 203 -donde se ubica la finca ocupada-, y cita a declarar para el próximo mes de septiembre a Badia y a otros cuatro cargos del consistorio también denunciados.

Los querellantes acusan de los delitos de malversación y prevaricación a Badia, en su condición de concejal del distrito de Gràcia, así como al exgerente del distrito Pere C., a su sucesor Rufino G., al director de servicios de Gràcia José Maria R. y a la exgerente del Patronato Municipal de la Vivienda Angels M. El motivo de la querella es el contrato que el ayuntamiento firmó en septiembre de 2017 para ceder a la Asociación Joves de Gràcia el uso de una antigua comisaría de la Policía Nacional situada en el número 203 de la calle Torrent de l'Olla, propiedad del Patronato Municipal de la Vivienda y que llevaba ocupada desde 2015.

El espacio acoge ahora el llamado Casal Tres Lliris, un ateneo popular que la comunidad de propietarios asegura que ha motivado numerosas quejas vecinales y llamadas a la Guardia Urbana con intervenciones policiales, sin que desde la administración se haya adoptado medida alguna para evitarlo. Los querellantes mantienen, además, que la adjudicación del contrato de cesión del espacio se hizo "a dedo, omitiendo de forma flagrante toda la normativa" que regula ese tipo de transmisiones y "en perjuicio del erario público", según el escrito de la comunidad de propietarios.

La querella añade que las actividades del Casal Tres Lliris no respetan "ni el descanso ni la salud de los vecinos, muchos de ellos gente mayor y trabajadores que han pasado noches y noches sin poder dormir ni descansar a causa de los botellones, ruidos, jolgorio y fiestas celebradas en el citado local y en la entrada del mismo", que, advierten, no cesaron ni durante la pandemia. Los vecinos ya denunciaron el caso a la Fiscalía de Barcelona, que archivó la investigación en 2020, aunque los querellantes mantienen que ahora disponen de más información sobre el contrato de cesión del espacio del que sí podrían desprenderse indicios de delito.

De hecho, entre la documentación para investigar el caso, el juez ha solicitado el informe del archivo que en su día decretó la Fiscalía, que en esta ocasión se ha mostrado a favor de la admisión a trámite de la querella. También solicita el juez los expedientes administrativos sobre la cesión del local, la relación de pagos en concepto de alquiler efectuada por la Asociación de Joves de Gràcia, así como documentación sobre las intervenciones policiales que la Guardia Urbana o los Mossos d'Esquadra hayan llevado a cabo en el Casal.