Encuentro europeo
Barcelona no escapa de la crisis global del derecho a la vivienda
Expertos internacionales debaten sobre los problemas para conseguir un hogar asequible y la irrupción de los fondos de inversión
"Barcelona vive una crisis particular de la vivienda", avisa la exrelatora de Vivienda de la ONU Raquel Rolnik
Una tormenta perfecta se cierne sobre los hogares que se las ven y se las desean para atender el coste de cobijarse bajo un techo. A la inflación imperante y los estragos económicos de la pandemia, se une la incertidumbre sobre la evolución de los precios inmobiliarios, que han repuntado en los últimos meses: el coste del alquiler medio escaló en Barcelona a 965,38 euros en el primer trimestre del año, el importe más alto desde el verano de 2020.
“Podemos hablar de una crisis global de la vivienda”, advierte Raquel Rolnik, exrelatora del Derecho a la Vivienda de la ONU entre 2008 y 2014, de paso esta semana por la capital catalana. Rolnik es catedrática de Urbanismo de la Universidad de Sao Paulo y forma parte de los ponentes invitados al congreso de vivienda ENHR 2022, que el Ayuntamiento de Barcelona y el instituto internacional European Network for Housing Research organizan hasta el viernes.
Antes de intervenir en una conferencia este miércoles, la profesora alerta de la “colonización” con que “el capital financiero” ha penetrado en urbes de todo el planeta. Sostiene que se ha infiltrado mediante la expansión de los fondos de inversión y la proliferación de pisos turísticos. La experta cree que el acceso a una vivienda asequible “está más en riesgo ahora” que hace una década. “Hay una competición entre la gente que necesita alquiler para vivir y los deseos de rentabilidad” de grandes corporaciones financieras que han irrumpido en el mercado inmobiliario", diagnostica Rolnik. Además, observa que a Barcelona le impactó “la ola de la crisis de la vivienda en propiedad y ahora le toca otra vez muy duro con la crisis del alquiler”.
Una crisis "particular"
“Estamos pasando por todo el planeta por una crisis y tiene que ver con que la vivienda se ha convertido en un activo financiero para grandes inversores globales”, postula Rolnik, que matiza que “la crisis se manifiesta en cada ciudad de forma muy distinta, y la que vive Barcelona es particular”. “Aquí se suma la vivienda como activo financiero con la turistificación, que pone la ciudad bajo tensión”, carga.
Aparte, la catedrática alude a “la trayectoria histórica de la ciudad” para describir los achaques en el blindaje de este derecho. “La crisis hipotecaria tocó muy fuerte en España y, en particular, en Barcelona. Una parte del 'stock' que quedó vacío por el gran número de desahucios se ha convertido en viviendas de alquiler en manos de fondos de inversión. Ha sido incentivada por los gobiernos de los Estados, al permitir la libre circulación de capitales financieros sin ningún tipo de barrera. Esto se combina en Barcelona con el hecho de ser un destino turístico con una presión fuerte del alquiler de corta duración”.
Rolnik añade que el parque de vivienda pública en Barcelona sigue resultando insuficiente: “La ciudad ha hecho esfuerzos muy grandes de promoción de vivienda social, cooperativa y de alquiler social, pero es absolutamente insuficiente ante la demanda de la ciudad”.
Un "talón de Aquiles"
“Nuestro talón de Aquiles es el modelo histórico del que venimos y tener un parque de vivienda protegido muy pequeño”, reconoce el gerente de vivienda del ayuntamiento, Javier Burón: “Todo el sector público español suma unas 350.000 viviendas de alquiler. Es una particularidad española, catalana y barcelonesa y un factor diferencial claro con otras ciudades europeas”.
Burón indica que Barcelona se halla en un “reto” para modificar la oferta de vivienda. Frente al habitual reproche que se arroja a Ada Colau por no haber alcanzado las 8.000 viviendas públicas que prometió, contrapone que “el volumen de obras, de compra y de captación de ayudas que maneja Barcelona no lo maneja nadie en España”. Rolnik prescribe “mucha más acción por parte de la Generalitat y del Estado para ofertar vivienda social” en Barcelona. Pese al análisis pesimista que ofrece, la catedrática ve esperanza en las protestas de plataformas y sindicatos de vivienda. “Solo la presión de los ciudadanos es capaz de provocar una respuesta de los gobiernos para cambiar de paradigma”, concluye.
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