El taxi de Barcelona apunta ahora a la CNMC, el "brazo armado" de Uber

El taxi metropolitano de Barcelona está de subidón con la inminente aprobación del decreto ley del Govern que devolverá las licencias VTC a su arcaico negociado de servicios privados exclusivos. En febrero de 2019 ya lograron cargarse a Uber con la obligación de contratar vehículos de alquiler con conductor con 15 minutos de antelación, y ahora, con el requisito mínimo de vehículos de 4,90 metros, es Cabify quien está contra las cuerdas. Este jueves han dado un paso más en su campaña contra lo que ellos consideran "empresas mafiosas y criminales" con una manifestación ante la sede de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), cuya presidenta, Cani Fernández, fue en el pasado abogada de Uber en el momento en que la multinacional estaba en plena cruzada europea y legal contra el taxi.

Han sido unos 150 (hay cerca de 13.000 taxistas), una cifra sin embargo suficiente para un colectivo que sabe cómo llamar la atención (han imprimido y lanzado miles de billetes de dos dólares con la cara de Fernández), cómo hacer ruido (petardos, tracas y megáfonos) y cómo sintetizar el mensaje. En esto último ha vuelto a exhibir galones Tito Álvarez, el portavoz de Élite Taxi, la organización que lleva un lustro dominando el cotarro en el gremio, con permiso de otras asociaciones como el Sindicato del Taxi de Catalunya, Taxi Companys, Pak Taxi o Anget. "Pedimos el cese inmediato de esta señora, creemos incluso que puede haber maletines de por medio. LA CNMC es el brazo armado de estas multinacionales que acosan el derecho a la vivienda, a los 'riders' o a los taxistas. Son todos la misma mierda y tenemos que acabar con ellos".

El Govern devuelve las VTC a su negocio clásico de servicios privados exclusivos

"Jodidamente ilegal"

Además del decreto ley del Govern, que se aprobará gracias al voto favorable del PSC en el Parlament, el taxi tiene a su favor la reciente filtración de archivos internos de Uber que demuestran que la compañía era consciente que su manera de entrar a las ciudades era poco menos que, según admitían sus propios directivos, "jodidamente ilegal". Cómo lo conseguían tienen mucho que ver con sus presuntas vinculaciones con determinados responsables públicos, entre ellos, el presidente francés Emmanuel Macron, o Neelie Kroes, antigua vicepresidenta y excomisaria europea de Competencia y Agenda Digital.

Sobre lo de "jodidamente ilegal", Barcelona fue buen ejemplo de ello, pues Uber desembarcó en la capital catalana a mediados de 2014 con el servicio uberPOP, que convertía en taxista a cualquier ciudadano con un coche particular. Sin licencia, sin el seguro correspondiente, sin la formación necesaria. Nada. En ese caso, es justo recordarlo, los responsables en España de la empresa han reiterado que fue un inicio desafortunado. Un error. Han intentado morder el mercado barcelonés en un par de ocasiones más. Por ahora, sin demasiada suerte.

Pendientes de la Acco

Álvarez ha recordado que él mismo, junto a las asociaciones Élite Taxi y Taxi Project 2.0 tienen abierto un expediente sancionador por parte de la Autoritat Catalana de Competència (Acco), que investiga posibles "prácticas agresivas o actos de denigración" para que los taxistas del área metropolitana no trabajen con Uber. Ante las últimas informaciones sobre la compañía con sede en Estados Unidos, el líder del gremio ha reclamado que se cierre el expediente, que podría derivar en una multa de hasta dos millones de euros. El asunto se abrió en enero y la Acco, que en 2019 ya se posicionó en contra del primer decreto del Govern que regulaba las VTC, tiene desde entonces 18 meses para tratar de deliberar si la actitud del gremio ante los intereses de Uber atenta contra la libre competencia.

Sobre la acusación de haber intimidado a taxistas para que no trabajen con Uber, Álvarez apela a la "libertad de expresión". "Cada taxista elige libremente con quién quiere trabajar, y si Uber, después de siete años de acoso a los compañeros de todo el mundo, dice ahora que cuatro taxistas les están parando, que baje un juez y lo vea". En resumidas cuentas: "No nos van a callar". La Acco, a través de un comunicado hecho público en enero, explica que la incoación del expediente "en ningún caso prejuzga la resolución final". Su labor, defiende, se limita a "exponer los aspectos fundamentales del asunto y no comporta toma de posición" por su parte. "Ni sobre los hechos señalados ni sobre la responsabilidad, ni siquiera provisional, de las entidades presuntamente infractoras".

Pero la cosa no queda ahí. Quizás empujados por el subidón del reciente decreto y de las filtraciones sobre Uber, Álvarez ha anunciado que están estudiando emprender acciones legales contra la empresa por espionaje, denuncias falsas y amenazas. Sin duda, continuará.