Imputación de Ada Colau: la Audiencia de Barcelona ordena investigar por prevaricación y coacciones

La Audiencia de Barcelona ha admitido a trámite una querella por los presuntos delitos de coacciones y prevaricación contra la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y los concejales Lucía Martín y Marc Serra, a la vez que ha ordenado al juez instructor que se les cite a declarar como imputados. La querella fue presentada por Vauras Investment S. L., propietaria del Bloc Llavors, convertido en un símbolo de la lucha por la vivienda en la ciudad.

El tribunal ha requerido al Juzgado de Instrucción número 18 de Barcelona que rectifique y admita la querella que rechazó, con el consentimiento de la fiscalía, el 27 de noviembre de 2020. De esta manera, admite el recurso presentado por la empresa, aunque limita los delitos por los que debe ser investigada la alcaldesa, según ha adelantado El diario.es. En concreto, al de coacciones y prevaricación, dejando de lado otros que figuraban en la demanda. Esta circunstancia se produce cuando han pasado casi dos meses desde que Colau tuvo que ir a declarar por otra ofensiva legal en su contra, en ese caso vinculada con subvenciones concedidas a entidades consideradas afines a Barcelona en Comú.

Justificación

Los magistrados de la Sección Octava de la Audiencia de Barcelona justifica su decisión de admitir la querella por coacciones: “Tras analizar el escrito de la querella y los documentos que han sido aportados por la parte querellante, esta sala está en el caso de estimar parcialmente el recurso y ordenar admitir a trámite la querella en lo que hace a la imputación por el delito de coacciones, por entender que, de ser ciertos los hechos denunciados, sí podría ser delictiva la conducta consistente en compeler ilegítimamente" a la empresa para "forzarle a ceder" para alquileres sociales determinados inmuebles de su propiedad. Para ello, incide la resolución, supuestamente utilizó el Consistorio como "mecanismo intimidatorio" la amenaza de no conceder a la compañía licencias de obras o no "desbloquear las que ya tenían paralizadas".

El tribunal deja patente que no cuestiona la competencia del Ayuntamiento de Barcelona la competencia para fomentar la consecución de viviendas de alquiler social, sino lo que censura en la querella y "sería repudiable penalmente", de seer cierto, es que para conseguir esas cesiones de pisos se "presione a los tenedores" de los inmuebles con "paralizarles licencias y con causarles perjuicios".

Marc Serra y Lucía Martín explican que se limitaron a cumplir la ley en el caso del fondo Vauras

Una conducta que según los denunciantes consistió en la exigencia por parte de Martín y Serra al privado, en dos reuniones celebradas el 31 de octubre de 2019 y el 5 de febrero de 2020, de que ofreciera alquileres sociales en algunos de sus pisos bajo la amenaza de no recibir licencias de obras determinadas y no ver desbloqueadas otras que estaban en curso.

La Audiencia también que se abra una investigación por presunta prevaricación administrativa por los expedientes sancionadores incoados por el Ayuntamiento a la empresa. En cambio, se descarta la admisión por cohecho, extorsión, tráfico de influencias, revelación de secretos y negociaciones prohibidas a los funcionarios, entre otros. Los jueces, sin embargo, instan a la empresa querellante que "concrete con todo detalle las resoluciones administrativas adoptadas que vienen a tildar de prevaricadoras" en relación a una serie de inmuebles. Asimismo, acuerda que debe reclamarse al Ayuntamiento de Barcelona los "correspondientes expedientes administrativos" y que se tome declaración a los testigos.

Cumplir con la ley

Mar Serra explicó en una comparecencia conjunta con Lucía Martín que la querella es “de un fondo de capital extranjero que buscaba una operación especulativa en Poble Sec”. El edil ha recordado que fue inadmitida y que el fondo recurrió ante la Audiencia. “Se nos acusa hasta de ocho delitos a la concejala de Vivienda, a mí y a la alcaldesa. Pero de lo que realmente se nos acusa es de aplicar la legislación de vivienda”, ha relatado Serra, que ha dicho sobre la normativa: “No podíamos hacer otra cosa que aplicarla. Lo hacemos tanto por convicción como por obligación legal, por una normativa entonces vigente”.

El concejal ha afirmado que quien debería tener que dar explicaciones es la empresa querellante, y ha subrayado que la situación no es nueva y ha expresado su confianza en que la querella acabe archivada, como otras similares: “Acabamos de conocer esta resolución y nuestra actitud será de máxima colaboración”.  

“Estamos ante un caso clarísimo de especulación inmobiliaria”, ha afirmado Martín, que ha añadido que lo que pretendía la empresa era “expulsar a vecinos”. En 2020, ha dicho, los vecinos se pusieron en contacto con el consistorio. La ley aprobada por el Parlament establecía la obligación de los grandes tenedores de vivienda de ofrecer alquileres sociales a personas en exclusión residencial. “Siguiendo la normativa, en enero de 2020 se envió un requerimiento a la empresa para que ofreciera el alquiler social y comprobara la situación de exclusión de los vecinos, como era su obligación”.

El ayuntamiento, ha proseguido, emitió entonces expedientes sancionadores porque el fondo de inversión no tomó las medidas requeridas por el decreto 17 de 2019 de la Generalitat, después laminado por el Tribunal Constitucional. “Buscan detenernos, no lo conseguirán. Seguiremos cumpliendo la ley defendiendo el derecho a la vivienda”, ha proclamado Martín.

Àlex Solà, abogado defensor de Colau y los concejales en esta causa, ha recordado la inadmisión de la querella por parte del juzgado de instrucción: “La juez consideró que no había delito. La Audiencia Provincial descarta seis de los ocho delitos de la querella”. Solà ha calificado de “inusual” una decisión como la que se ha conocido este lunes.