Colau niega ante el juez que influyera en las subvenciones a entidades afines

Ada Colau rechazó este viernes ante el juez que influyera en la concesión de subvenciones a entidades afines las que había estado vinculada y que el mecanismo que se utilizó, que fue modificado en 2020, hacía años que se empleaba el consistorio. La alcaldesa de Barcelona precisó que algunas de las ayudas públicas bajo sospecha venían heredadas del anterior gobierno municipa del convergente Xavier Trias. Fuentes de la fiscalía apuntaron que el 99,9% de los hechos relatados en la querella presentada por la Asociación por la Transparencia y la Calidad Democrática son idénticos a los de la denuncia de Abogados Catalanes por la Constitución, caso que fue archivado en julio de 2021 por el ministerio público (no llegó al juzgado) al hallar solo irregularidades administrativas, pero no delito. El fiscal del caso ha aportado a la causa una lápiz de memoria con los expedientes que analizó en su día.

La alcaldesa declaró ante el titular del Juzgado de Instrucción número 21 de Barcelona como imputada por los presuntos delitos de prevaricación, fraude en la contratación, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a funcionarios. Colau entró en la Ciutat de la Justícia unos minutos antes de las 10.30 horas, pero por la puerta de la avenida del Carrilet, en la parte que linda con L'Hospitalet de Llobregat, dando plantón a un grupo de ciudadanos que se congregaron en el acceso de la Gran Vía para darle su apoyo. Este colectivo se vio frente a frente con simpatizantes de Vox. Los Mossos acordonaron a los ultras. El encuentro no pasó de una que otra discusión verbal. Eso sí, un dirigente del partido aprovechó para reclamar la dimisión de la edil.

Tensión en la Ciutat de la Justícia entre partidarios y detractores de Ada Colau

El origen del caso es una querella presentada por la Asociación por la Transparencia y la Calidad Democrática por la concesión de subvenciones al Observatori DESC, donde Colau trabajó, de las que se benefician Enginyers sense fronteres (ESF), la Alianza contra la Pobreza Energética (APE) y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), de la que fue portavoz y cabeza visible, y donde se labró una trayectoria a partir de la cual llegó a la política y a la alcaldía de Barcelona. Su interrogatorio duró alrededor de una hora y la alcaldesa estuvo acompañada por los abogados Olga Tubau y Àlex Solà. La edila se acogió a su derecho a no responder a la acusación popular de la asociación querellante y si contestó a la fiscalía y a sus abogados. El juez no preguntó. "He estado muy tranquila", explicó la alcaldesa al salir de la sala donde se celebró la declaración.

Fuentes jurídicas aseguraron que Colau explicó al juez que en el presupuesto de 2020, tras las recomendaciones de la intervención municipal, se modificó el sistema para la adjudicación de las subvenciones de forma directa. En este sentido, las fuentes consultadas explicaron que hay dos formas de conceder este tipo de ayudas: una mediante concurso público y otra de forma directa y excepcional por el interés social. En este último método, además, hay dos modelos diferentes: el directo a una entidad o el que figura previsto en los presupuestos. A partir de 2020, todas estas subvenciones se tramitan de forma nominativa a través de los presupuestos.

La abstención

Otro de los puntos en discusión es si la alcaldesa debió abstenerse o no en la concesión por parte del Ayuntamiento de Barcelona de ayudas a estas entidades afines. Colau dejó claro en el juzgado que ella no participaba en la tramitación de los expedientes (se encarga de ello el área social) y que tampoco dio instrucciones sobre las cantidades a percibir por esas asociaciones y si debían o no incrementarse. Es la comisión de gobierno quien aprueba esas ayudas, tras comprobar que los informes técnicos previos son favorables. En las reuniones de este órgano se revisan de 50 a 100 propuestas, recalcó la alcaldesa.

Fuentes de la defensa subrayaron que la abstención de la alcaldesa en la aprobación de las subvenciones no hubiera cambiado la votación, ya que, en estos casos, no es sustituida por otra persona. La edila no se excluyó de esa comisión porque, a su entender, "no tenía ningún interés personal" en esas subvenciones. La fiscalía sostiene que el Tribunal Supremo no considera delito de prevaricación si no se cumple ese deber de abstención si el cargo público tiene algún interés en la materia que se trata. Colau defendió el interés público de las subvenciones otorgadas.

La cantidad

No es fácil determinar en la querella cuál es la cantidad que según la entidad denunciante está bajo sospecha. En la parte inicial del texto de la denuncia, el resumen del caso se inicia así: “En los ejercicios 2019 y 2020, el consistorio municipal, ha otorgado subvenciones por importe aproximado de 80 millones, de forma presuntamente arbitraria y discrecional (…) con el único objetivo presuntamente de financiar las actividades y el funcionamiento de entidades como DESC, PAH, ESF, Alianza contra la Pobreza Energética, etc”. Pero esa cantidad rebasa el total que suman todas las subvenciones municipales de esos años: 67,2 millones en 2019 y 76,9 en 2020.

1,2 millones

Según los datos que aportan fuentes municipales, las subvenciones denunciadas suman 1.225.459 euros en cuatro convenios entre 2014 y 2022. De hecho, la querella cuestiona las subvenciones del periodo 2014-2021, hasta la mitad del convenio vigente. El primero fue firmado con Xavier Trias como alcalde y los tres siguientes ya en tiempo de Colau. Ascienden a 240.000 euros para el periodo 2014-16; a 336.259 euros en el de 2016-18 y a 324.600 euros tanto de 2018 a 2020 y de 2020 a 2022.

En los tres primeros convenios la subvención era directa, es decir con carácter extraordinario, algo que tenía sentido la primera vez que se entregó, pero que una vez convertida en estable lo pierde. Un informe de fiscalización advirtió de este hecho y cuando en verano fiscalía archivó una denuncia similar a la actual, subrayó esa irregularidad aunque no la consideró delito, como ha destacado estos días el gobierno municipal. El cuarto se ha hecho de forma nominativa: la subvención figura en los presupuestos. No ha habido concurso.

Las actividades

Sobre a qué se dedican los recursos fijados en el convenio, las fuentes municipales relatan que hay tres “ámbitos de actividad”. El primero es el “empoderamiento” de afectados por situaciones vinculadas a la vivienda y a partir del segundo convenio de cuestiones relacionadas con los suministros energéticos. Por ejemplo, las asambleas de la PAH, el asesoramiento a personas que han sido desahuciadas o van a serlo, la negociación con entidades bancarias o empresas suministradoras.

El segundo ámbito de actuación es la “visibilización” de las situaciones vinculadas con la vivienda y la energía mediante la elaboración de datos sobre desahucios y problemas de suministros. El tercer ámbito de actuación es el de la “incidencia política”: la participación en la elaboración y el trámite de normativas, propuestas de ILPs, redacción de leyes vinculadas con la vivienda o la energía, formación de profesionales sobre estos temas.

10 causas archivadas

Colau pidió sin éxito el archivo de la causa y no ir a declarar. Su defensa argumenta que las subvenciones ya fueron analizadas por otra denuncia que acabó archivada, que no es ella quien otorga directamente las cantidades.

Marc Serra, concejal de Derechos de Ciudadanía, se ha mostrado confiado en que “todo quedará en nada como el resto de casos”, en alusión a otras 10 causas contra la alcaldesa que fueron archivadas. Serra destaca que el ayuntamiento ha aportado información sobre el asunto que demuestra que Colau tiene una participación “casi inexistente” en las decisiones de que determinan la concesión de las subvenciones. Serra ha aludido a la denuncia “idéntica” que fue archivada en julio pasado y aprecia “un abuso” del derecho en las ofensivas jurídicas contra la regidora por parte de “Intereses inmobiliarios y de lobis vinculados con la gestión del agua”.