Batalla judicial

¿Quién está detrás de la demanda contra la zona de bajas emisiones de Barcelona?

La entidad que preparó la denuncia 'madre' asegura que ninguna empresa o institución mueve sus hilos y que se financian con aportaciones de los socios

zona de bajas emisiones

zona de bajas emisiones / Ferran Nadeu

Carlos Márquez Daniel

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Ada Colau es la alcaldesa de Barcelona -de la historia moderna seguro, pero quién sabe si de todos los tiempos- que más veces ha tenido que hacer frente a una demanda judicial. La consulta sobre la municipalización del agua, el plan para poner orden en los alojamientos turísticos, el veto a determinados hoteles en Ciutat Vella, el uso de bloques de hormigón..., son más de diez las causas, la mayoría de ellas ya archivadas, a las que se ha enfrentado el gobierno municipal.

Curiosamente, siempre afectan a las carteras que controla Barcelona en Comú, no a las que están en manos del PSC. Flota en el ambiente el mantra de que determinados lobis están detrás de buena parte de la ofensiva legal contra los 'comuns'. Pero en el caso de la demanda contra la zona de bajas emisiones parece aplicar más lo esperable: indignación ante una decisión pública que termina en los juzgados. En este caso, la de un buen puñado de entidades vinculadas con el transporte y empeñadas en volver a la situación anterior a enero de 2020, cuando los coches más contaminantes dejaron de entrar en la ZBE.

Janet Sanz, este miércoles, valora la sentencia del TSJC contra la zona de bajas emisiones de Barcelona

Janet Sanz, este miércoles, valora la sentencia del TSJC contra la zona de bajas emisiones de Barcelona / Zowy Voeten

David Llort es el presidente de la Plataforma de Afectados por las Restricciones Circulatorias (PARC), creada en 2016 pero constituida legalmente en 2017. Responde sin tapujos a la pregunta de si tienen detrás alguna empresa o institución que les esté guiando o financiando. "No, lo pagamos todo con donaciones o de los socios o anónimas, somos apolíticos y nadie de la junta está afiliado a ningún partido político". Dice que no han recibido dinero de compañías privadas y que tienen 3.000 socios. Su demanda fue la nave nodriza de las otras cinco presentadas por otras entidades: autónomos transportistas, talleres mecánicos, familias numerosas, transporte discrecional o gremios de maquinaria. "Fuimos a buscar a asociaciones afines que también pudieran verse afectadas por la ZBE. Y si llegamos a los juzgados fue por desesperación al comprobar que no nos hacían ni caso".

Suspender la ZBE

Llort explica que los abogados de la asociación presentarán seguramente este mismo jueves una petición de ejecución provisional de la sentencia, es decir, que solicitaran al juez que anule la ZBE a pesar de que el veredicto no sea firme porque el ayuntamiento tiene 30 días para presentar un recurso, cosa que ya ha anunciado que hará en breve de la mano del Govern y los otros cuatro municipios que quedan dentro del perímetro que limitan las rondas de Dalt y Litoral. El presidente de la PARC no esconde su satisfacción ante la sentencia, pero es consciente de que la partida sigue abierta. Como también lo está, sostiene, "la negociación". "Estamos dispuestos a hablar con ellos sobre cómo debe ser la ZBE. Les propusimos una zona más acotada, no toda una ciudad entera. Parte de Ciutat Vella o de Gràcia, por ejemplo. Nosotros también queremos un aire limpio, pero pensando en todos".

Etiqueta ambiental identificativa de la DGT, en una coche de Barcelona

Etiqueta ambiental identificativa de la DGT, en una coche de Barcelona / Ferran Nadeu

La PARC considera que las moratorias a transportistas y autocares no son suficientes, puesto que lo único que se consigue es "retrasar el problema". "El ciudadano -prosigue Llort- no tiene alternativas, no se ha hecho nada para mejorar el transporte público metropolitano y solo se han preocupado de prohibir y controlar". Denuncia, también, la falta de estudios que respalden la ZBE, un argumento que es, de hecho, la base del fallo judicial, y el pilar de la respuesta municipal, pues el consistorio considera que los magistrados no han tenido en cuenta toda la legislación que tiene que ver con el cambio climático y la salud. El ayuntamiento tiene 28 días para dar un vuelco a la situación. La parte demandante, mientras, mantendrá la presión para tumbar el plan. La pelota, de nuevo, en el tejado del tribunal. Y la política sobrevolando la escena.


Estas son las entidades que han presentado denuncias contra la zona de bajas emisiones:

  • Plataforma de Afectados por las Restricciones Circulatorias (PARC).
  • Gremio de Transporte y Maquinaria de la Construcción de Catalunya.
  • Asociación General de Autónomos-Pimes Transportistas de Catalunya.
  • Federación Catalana de Transporte de Barcelona (Transcalit).
  • Asociación de Transportistas Agrupados Condal (Astac Condal).
  • Asociación Española de Empresas Cargadoras (Transprime).
  • Asociación de Familias Numerosas de Catalunya.
  • Federación Empresarial Catalana de Autotransporte de Viajeros (FECAV).
  • Asociación de Empresarios de Transporte Discrecional de Catalunya (Audica).
  • Gremio Provincial de Talleres de Reparación y Mantenimiento de Automóviles de Barcelona.

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