Zona de Bajas Emisiones: Barcelona y el Govern preparan una "cadena de recursos" contra la anulación

La zona de bajas emisiones (ZBE) sigue vigente y dejando fuera del ámbito de las rondas de Barcelona a todos los coches que no dispongan del distintivo ambiental de la DGT. Pero la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya que el lunes tumbó esta medida ambiental ha abierto un periodo de una cierta incertidumbre. Ante esta "zancadilla judicial", el Ayuntamiento de Barcelona y el Govern han anunciado este miércoles una "cadena de recursos de casación" que se irán presentando en los próximos días. De hecho tienen 30 días para hacerlo si no quieren que la sentencia sea firme, lo que conllevaría la suspensión de la ZBE. Lo que también harán, pero a eso le han dedicado menos tiempo durante la comparecencia, es tratar de dar respuesta, en forma de nuevos informes, a todas las carencias formales que los magistrados ponen sobre la mesa en su dictamen.

Generalitat, consistorio y Área Metropolitana de Barcelona (AMB) han compartido su punta de vista sobre el fallo judicial después de que el martes, técnicos y juristas del ámbito público de los cinco municipios afectados se reunieran para trazar la defensa jurídica del proyecto. Según ha compartido Eloi Badia, concejal de Emergencia Climática y Transición Ecológica, la sentencia ha generado "perplejidad y sorpresa" porque se está poniendo en duda una medida que está contemplada en la ley estatal de cambio climático y porque los jueces "han obviado la legislación referente a la calidad del aire y la salud". Mientras la parte demandada sigue su proceso de recursos, las asociaciones denunciantes podrían pedir a los magistrados la ejecución provisional de la sentencia, esto es, la suspensión inmediata de la ZBE.

¿Qué cambia tras la sentencia judicial que tumba la zona de bajas emisiones de Barcelona?

El tono de las intervenciones, realizadas en el Saló de Cent del consistorio, lugar reservado para grandes asuntos, ha ido un poco en sintonía con lo que está en juego para cada uno de los actores implicados. Mientras Barcelona en Comú, que capitanea la lucha municipal contra la crisis climática, recurre a un tono mucho más indignado, el PSC ha optado por un discurso más moderado, de respecto a las resoluciones judiciales, y el Govern ha elegido un lugar intermedio.

"Sentencia política"

Janet Sanz, teniente de alcaldesa de Ecología Urbana y Urbanismo, que el lunes habló de "sentencia trumpista", ha hablado de "graves incoherencias" en un fallo judicial que "incorpora más elementos políticos e ideológicos que jurídicos". "Va contra el sentido común, pero también contra la legislación española -la ley de cambio climático obliga a establecer ZBE en municipios de más de 50.000 habitantes- y contra lo que nos reclama la Unión Europea", ha aseverado. Suya es la definición de "zancadilla jurídica", ha dicho, a "una de las políticas más importantes para garantizar el derecho a la salud". Es, también, uno de los puntales de los 'comuns' de cara a las elecciones de mayo de 2023, así que hay mucho en juego, más allá de la polución que escupe un coche.

Marc Sanglas, director general de Qualitat de l'Aire i Canvi Climàtic de la Generalitat, ha dado por seguro que no habrá sentencia "que pare la voluntad del Govern y de los ayuntamientos", afirmación con aroma a 'procés' pero que hacía referencia al deseo de los municipios y de la Generalitat de lograr que las grandes concentraciones urbanas reduzcan sus niveles de contaminación atmosférica. El representante del Govern ha admitido que la decisión del TSJC supone un paso atrás para la implantación de nuevas ZBE en Catalunya. Ha admitido que ciudades como Girona o Reus, que estaban en ello, han detenido el plan a la espera de cómo evoluciona el caso de Barcelona. "La sentencia no tiene un efecto inocuo y genera preocupación en los municipios que preveían trabajar en una zona de bajas emisiones", ha sostenido. Por eso, la estrategia pasa ahora por "fortificar la medida desde el ámbito jurídico para darle herramientas y garantías y que esto no vuelva a pasar en nuevas ordenanzas".

Cumbre de municipios

Para calmar los ánimos, ha anunciado que la 'consellera' de Acció Climàtica, Teresa Jordà, convocarà la mesa sobre la calidad del aire para hablar con los municipios sobre el impacto de la sentencia. Este conclave es uno de los puntales de la cumbre medioambiental catalana del pasado viernes en la que se aprobó crear ZBE en 67 localidades, las que tienen más de 20.000 habitantes, dando un paso más allá a lo que estableces la ley estatal, que pone el corte en 50.000 residentes. Sanglas, al igual que Sanz, ha advertido que el veredicto del TSJC "va en contra de lo que indican las autoridades europeas", y ha expresado "preocupación" ante parágrafos que van "más allá de un análisis jurídico".

Laia Bonet, concejala de Movilidad, ha dado su apoyo a los recursos que ahora inician su recorrido y ha aprovechado la ocasión para recordar que su partido, el PSC, no es partidario de ampliar el veto a vehículos con etiqueta amarilla de la categoría Euro 4 (diésel matriculados entre 2006 y 2013), medida que los 'comuns' sí respaldan pero a largo plazo. "No es el momento", ha señalado la concejala socialista. Nadie más se ha atrevido a mirar tan lejos. De momento, técnicos y juristas de la cosa pública tratarán de dar forma a esta cadena de recursos, al tiempo que se intentará dar respuesta a todo lo que pueda dar un vuelco a la sentencia. Todo, mientras la ZBE sigue vigente. Por ahora.