15 acusados admiten un fraude en las licencias para pisos turísticos en Ciutat Vella

El paso del tiempo y las dilaciones indebidas en la instrucción de la causa judicial han descafeinado el juicio que este jueves empezó en Barcelona contra una trama en la que figuraban funcionarios municipales que de forma fraudulenta y arbitraria tramitaba licencias de pisos turísticos en el distrito de Ciutat Vella; en algunos casos a cambio de dinero. La Fiscalía Anticorrupción, tras un pacto con las defensas, rebajó considerablemente las penas que pedía para 15 imputados, que admitieron los cargos, y retiró la acusación contra otros tres, con lo que la vista solo se celebrará para cinco personas. Lo que en su día fue un duro escrito de calificación (se reclamaba hasta 18 años de cárcel) se transformó. Las condenas exigidas para los imputados que reconocieron los hechos oscilan entre unos meses de prisión y como máximo, cuatro años y dos meses.

Los principales acusados son Heliodoro Lozano, que durante ocho años fue jefe de servicios técnicos de Ciutat Vella y luego fue trasladado a Nou Barris, la empleada pública y exasesora jurídica Elena Ariza (no ha aceptado el pacto con la fiscalía) y el ingeniero Joaquim Quílez. En la lista también figuran funcionarios municipales y propietarios de pisos turísticos. Este presunto caso de cohecho fue descubierto a raíz de otro proceso por corrupción de empleados públicos en relación con clubs de alterne (el ‘caso Saratoga’) en el que estaba imputado Quílez. En las entradas y registros practicados en su domicilio y en su despacho profesional se halló una hoja manuscrita con una lista de direcciones, nombres y locales y, al lado, cifras en euros que podrían corresponder a deudas y pagos que debían hacer los clientes al ingeniero con motivo de obras o licencias.

Hace más de 15 años

Los hechos se remontan a 15 años atrás, cuando con el objetivo de abordar la problemática que existía en Ciutat Vella por la proliferación de pisos turísticos, el Ayuntamiento de Barcelona aprobó en junio del 2005 un plan especial para establecer una regulación para este distrito. El consistorio prohibió la apertura en la zona de nuevas viviendas de este tipo, permitiendo, no obstante, que en las que ya se desarrollara esta actividad pudieran seguir haciéndolo siempre que previamente obtuvieran una licencia municipal urbanística de cambio de uso. Ante el alud de solicitudes de estas características, el consistorio tiró adelante en el 2008 unas medidas de actuación y se creó un equipo para la tramitación de estos permisos.

Fue a raíz de esta situación cuando, según la acusación, Quilez contactó con Lozano, que era el director de los servicios técnicos de Ciutat Vella, y le propuso que a cambio de percibir una contraprestación económica "procediera a desarrollar las actuaciones necesarias para agilizar la tramitación" de sus expedientes y "obviar" los defectos que pudieran concurrir en las solicitudes, "aun y cuando los mismos fueran de tal entidad que conforme a la normativa de aplicación debieran conducir a su denegación".

La acusación subraya que Lozano, "obrando con ánimo de obtener un ilícito beneficio patrimonial", trasladó el acuerdo a Ariza, dada su condición de jefa de la asesoría jurídica y del operativo especial creado para tramitar las licencias. Ella se encargaría, "aprovechándose de su privilegiada posición", de lograr que los técnicos municipales pasaran por alto las irregularidades que pudiera haber en las solicitudes y de agilizar la tramitación de los expedientes, según la fiscalía. Y así lo comunico a los funcionarios, algunos de ellos interinos, sostiene la acusación. Estos técnicos accedieron por motivos que no han quedado acreditados. La fiscalía solicita el decomiso de 70.300 euros presuntamente vinculados con los sobornos recibidos por los cabecillas de la trama.

"Consiguieron lucrarse"

Hace mucho tiempo que esperamos este juicio porque queremos saber qué es lo que pasó", afirmó este jueves el concejal de Ciutat Vella, Jordi Rabassa, en rueda de prensa acompañado por la concejal de Comercio, Mercados, Consumo Régimen Interior y Hacienda, Montserrat Ballarín, y el concejal de Derechos de Ciudadanía, Marc Serra. Rabasa precisó que los 15 acusados "han reconocido los cargos, evidenciando que consiguieron lucrarse, que consiguieron documentación y que incluso llegaron a amenazar de muerte a las dos personas que destaparon y denunciaron esta trama". En este sentido, lamentó la "situación muy complicada que han ido sufriendo durante todos estos años" la exregidora y la exgerente de Ciutat Vella.