Ricard Gomà: "El Área Metropolitana debería funcionar como mecanismo de redistribución"

-Casi 800.000 personas en riesgo de pobreza en el área metropolitana, un 24,5% de la población total.

-El escenario es bastante devastador y eso viene de hace una década. El impacto social de la crisis y, sobre todo, de las políticas de austeridad, fue muy, muy, intenso. En dos años en el área metropolitana las desigualdades retrocedieron décadas. 

-¿Décadas?

-Entre el 2009 y el 2011 nos situamos en los mismos niveles de desigualdad que teníamos en los años 80, cuando Barcelona recién salía de la dictadura y todavía no se habían generado servicios de bienestar. 

-¿De qué niveles hablamos?

-Nos situamos en 685.000 personas en situación de pobreza moderada y 170.000 en situación de pobreza severa. El golpe fue brutal. En un momento, además, en el que el escudo social ni estaba ni se le esperaba. Todo lo contrario, la manera de reaccionar de la administración fueron recortes sociales.

-¿Arrastramos esa situación desde entonces? 

-Es cierto que a partir del 2013, 2014 hubo una reactivación económica, se creó mucha ocupación y eso se notó. Las situaciones más duras de emergencia social se fueron superando. Pero la reactivación se produjo en un modelo basado en la precariedad. En los años 2018, 2019, poco antes de la pandemia, el 85% de la contratación que se hacía en el área metropolitana era temporal, y una tercera parte por debajo de un mes. La pobreza laboral, gente que trabajando estaba por debajo del umbral de la pobreza, era del 15%, unas cifras a las que no se había llegado ni en lo peor de la crisis. 

Poco antes del estallido de la pandemia el 85% de la contratación en el área metropolitana era temporal

-¿En periodo de recuperación?

-Sí, sí, eso caracterizó el modelo de recuperación económica. Los salarios reales cayeron un 5%. Es un modelo de recuperación que cronificó una amplia capa de vulnerabilidad. Se resolvieron situaciones de emergencia, pero no la vulnerabilidad.

-De aquellos polvos, estos lodos.

-El modelo de recuperación instaló el hecho de coexistir con la vulnerabilidad cronificada y ese es el escenario en el que nos llega la pandemia. Un escenario ya muy duro.

-¿Quiénes son los responsables de esta situación?

- Hasta llegar prácticamente a las puertas de la pandemia, lo que dicen nuestros estudios cuando comparamos la evolución del gasto social de las administraciones es que aquellas que tendrían que garantizar derechos, el Estado y la Generalitat, fallan estrepitosamente. Son los ayuntamientos los que se convierten en la única trinchera institucional de protección. Durante la crisis y durante la reactivación en precario. Pero claro, con límites.

Los ayuntamientos se convierten en la única trinchera institucional de protección

-Son incomparables los recursos que puede tener un ayuntamiento como el de Barcelona a uno como el de Montcada o Badalona, claro.

-De lo que estamos convencidos porque nos lo confirman todos los estudios, es que las desigualdades territoriales se producen a escala metropolitana. Y Barcelona tiene capacidad económica para hacer un plan de barrios, pero ¿cómo podría hacer un plan de barrios Cornellà? Barcelona lo puede hacer porque puede redistribuir internamente recursos. 

-Con voluntad política, los IBIS de Sarrià pueden financiar el plan de barrios de Bon Pastor...

-Exacto. Pero, ¿qué IBIS le pueden financiar a la alcaldesa de Santa Coloma un hipotético plan de barrios municipal? No hay bases fiscales para hacer políticas urbanas potentes municipio a municipio. 

-Donde hay más vulnerabilidad hay menos capacidad económica para hacerle frente...

-Clama al cielo la necesidad de que el Área Metropolitana funcione como mecanismo de redistribución. 

-Hace muchos años que esa necesidad está sobre la mesa sin que haya llegado demasiado lejos. 

-Sí, pero seguramente hasta ahora nunca lo habíamos sabido con este grado de objetividad. Hemos actualizado el IVU, el índice de vulnerabilidad urbana, para los 400 barrios del área metropolitana. Uno a uno. Hoy sabemos que de toda el AMB el 70% de los barrios con mayor vulnerabilidad están en la franja del Besòs o que el 51% de la población de Santa Coloma vive en barrio de alta vulnerabilidad. Ha fallado la inacción, pero tampoco ha funcionado la acción que se ha producido.

-¿Es la primera vez que se tienen una radiografía tan completa?

-Teníamos datos de antes de la crisis, del 2011. En estos dos años los hemos actualizado. Ahora los estudios están sobre la mesa.

La gente que recibe el ingreso mínimo vital se desplaza de la pobreza extrema a la moderada pero no se sitúan por encima del umbral de la pobreza

-¿Qué se hará ahora con ellos?

-Más allá del diagnóstico hay que construir propuestas. Ya en la última investigación hemos elaborado una agenda de acción para la metrópoli poscovid. Un decálogo en el que se reclama que el AMB tiene que tener un papel en la redistribución de recursos. En los municipios con menos recursos se tiene que garantizar que los niños tengan guarderías, que la gente mayor tenga atención domiciliaria…   

-Existen datos sobre desahucios, pero no sobre infravivienda. No hay cifras oficiales sobre qué pasa con esas miles de personas desahuciadas que no son realojadas porque no hay parque público de vivienda. 

-Aquí tenemos un agujero de conocimiento importante. Tenemos una ley de extranjería discriminatoria, tenemos una ausencia de políticas públicas de vivienda y no tenemos una política de garantía de renta. Estos tres elementos son clave. En esta crisis sí se ha puesto un marcha un cierto escudo de protección social, pero que se aplica a las personas que ya tenían una vinculación con el mercado laboral. Ese escudo no protege a situaciones de alta vulnerabilidad. Estamos incluso creando más distancia entre los dos colectivos. El ingreso mínimo vital tiene que ganar mucho en cobertura y en capacidad de protección. Para lo que es el coste de la vida en el AMB la gente que recibe el ingreso mínimo vital se desplaza de la pobreza extrema a la moderada pero no se sitúan por encima del umbral de la pobreza y eso es muy débil. Aquí tenemos otro gran reto.

-¿Cuál sería a sus ojos el camino a seguir?

-Mejorar el ingreso mínimo vital y la renta garantizada de ciudadanía. Se tendrían que coordinar. La renta básica es el camino. Al final, la renta básica lo que hace es desmercantilizar las condiciones materiales de vida. Situar el ingreso como un derecho. Como la sanidad, como la educación o como tendría que ser la vivienda. A veces tengo la sensación de que hemos construido unas políticas sociales sin cimientos, cuando la renta básica debería ser esos cimientos. De la misma manera que el voto es el cimiento de la democracia y después tienes derechos políticos, la renta básica tendría que ser los cimientos de los derechos sociales. Sin eso será muy difícil sacar de la vulnerabilidad a esa amplia capa de la población área metropolitana.

-Como "tendría que ser la vivienda"...

-En el momento más álgido de la crisis hubo más de 8.000 desahucios. Peso pese a escudos sociales hemos tenido 2.000 desahucios en plena pandemia.

-¿Qué pasará cuándo termine la moratoria?

-Es fundamental sustituir los mecanismos de excepcionalidad por mecanismos estructurales. Es fundamental una ley de vivienda con un mecanismos de regulación publica de los alquileres. Cuando tienes al 45% de los inquilinos en situación de sobrecarga de gasto, que alguien me explique qué política se puede que hacer para reducir sustancialmente eso que no sea regular el precio de los alquileres.

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