Sant Roc: la batalla diaria por conservar la luz y el techo

Tiene cuatro hijos de cuatro, tres y un año. Las dos mayores del mismo año, una de enero y otra de diciembre; los dos pequeños, mellizos. Pese a la moratoria estatal vigente y la obvia vulnerabilidad de la familia, Natalia Dacosta, de 24 años, tiene una orden de desahucio para este jueves; a las puertas del invierno y de la Navidad. 

El piso en el que viven es de Divarian, filial del gigante Cerberus. Antes, del BBVA. La familia entró en la vivienda hace tres años, cuando todavía era cuatro, tras una orden de desahucio en el piso en el que vivían anteriormente. "Todos tenemos derecho a una vivienda", reivindica la joven, hija del barrio de La Mina, en el vecino Sant Adrià, que se trasladó a Badalona cuando se casó. Explica su dura historia en un agradable mercado de Sant Roc decorado con Papá Noels y guirnaldas. 

"A la práctica, la moratoria aquí casi no se está notando. La semana que viene tenemos desahucios cada día", señala Carles Sagués, portavoz de la plataforma Sant Roc Som Badalona, un referente para gran parte d el vecindario, sobre todo los más vulnerables, que encuentran en la plataforma la atención y escucha que sienten que no les prestan las administraciones públicas.

Pese a ser un martes de puente, el móvil de Carles no para de sonar. Se ha convertido para cientos de vecinos de Sant Roc en una suerte de teléfono de la esperanza. "Carles, he ido a servicios sociales y no me hacen el informe de vulnerabilidad". "Carles, he recibido una llamada del banco"; "Carles, me ha llegado una nueva orden de desahucio". Y no es solo el teléfono, paseando por el barrio las preguntas son constantes. Sentado en la cafetería del mercado junto a Natalia, se acerca una mujer y saca un papel arrugado del bolsillo de su suave bata roja. Se la acerca. En esta rara ocasión es una buena noticia. También las hay, a veces. Le comunican que tiene derecho a una nueva ayuda. "Corre, ve a gestionarla que no se te pase el periodo", le responde el activista, siempre amable y comprensivo.

Maratón de desahucios

En la misma mesa comparte su caso Pablo Fernández, también con informe de vulnerabilidad, también en un piso propiedad de Divarian y con un desahucio programada para la semana que viene. En martes, 14, dos días antes que el de Natalia. "Me metí en este piso porque la persona que vivía allí antes se marchaba y me pasó las llaves; yo no lo abrí", recuerda el hombre de 43 años y con una discapacidad que sobrevive con una pensión de poco más de 500 euros al mes. «Yo lo único que quiero es que me hagan un alquiler social que yo pueda pagar, pero no hay manera. Lo único que me ofrecen son 3.000 euros para que me vaya. Pero ¿qué hago con 3.000 euros? Yo lo que necesito es un alquiler social», añade el hombre. Petición idéntica a la de Natalia.

Sonia Silva Gallardo vive en Alfons XII, arteria del barrio que el año pasado tuvo un no buscado protagonismo por los constantes cortes de luz que sufrieron. "Este año de momento solo ha habido dos", señala la mujer optimista. Vive en el piso que compró en 1998, pero que hace años que dejó de ser suyo para ser del banco. "Mi exmarido se fue, me quedé sola con mi hija y no pude seguir pagando", expone. En aquel momento el piso era del Banc Sabadell y logró, con la ayuda de la plataforma, quedarse en él con un alquiler social por tres años que le renovaron por tras años más. Pero el Sabadell ya no es tampoco el propietario. Su vivienda es ahora de Promontoria, entidad que se niega a renovarle el alquiler social, que le venció en septiembre. 

Sonia logró un alquiler social por tres años en el piso del que estaba a punto de ser desahuciada. Se lo renovaron una vez, por tres años más, pero la nueva propiedad se niega a renovarle más

"¿Que si he notado el cambio del alcalde? No sabía ni que había cambiado el alcalde, imagina el cambio", apunta la mujer, de 46 años. Carles Sagués matiza: "Algún cambio sí se ha empezado a notar. La noche del segundo corte vino un concejal, eso no pasó jamás el año pasado tras un mes seguido de cortes diarios".

"Este año de momento vamos mejor porque como ardió el transformador lo tuvieron que cambiar, pero la situación no se ha solucionada de raíz y el miedo a otro invierno como el pasado sigue ahí", explica Mohammed Ariful, vecino de Alfons XII, la zona cero de los cortes en Sant Roc, donde muchas familias -no es el caso de Mohammed-tienen la luz pinchada porque no tienen otra alternativa.  

"El año pasado acabamos en la calle, calentándonos en una hoguera que hicimos en una bañera", rememora la mujer. Su vecino Genís Subirà aporta otra idea que lo resume todo: "el problema no es que se vaya la luz más o menos veces, sino resolver el problema de raíz poniendo los reivindicados contadores sociales para que nadie se vea obligado a vivir con la luz pinchada", concluye. 

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