El restaurante Can Lluís se rebela contra un desahucio "sin aviso"

Hubieran soplado cien velas en 2029. Con el mérito añadido de mantener unos fogones arraigados en el Raval que ahora alcanzarían la cuarta generación de Rodríguez, y de exhibir un libro de firmas y un anecdotario de vértigo. Pero el restaurante Can Lluís sigue cerrado, pasado lo peor de la pandemia y no por voluntad propia. "Tendrá que decidir un juez", relata la familia, tras encadenar tres años de funambulismo financiero y 15 meses negros desde el confinamiento que se han saldado con un adiós de la peor de las maneras: con un "desahucio no avisado", denuncian.

La historia de este establecimiento de la calle de la Cera podría ser una más entre tantas víctimas de la regulación de alquileres antiguos, la presión inmobiliaria del centro de Barcelona o las penurias y cierres que ha provocado el covid-19 en el sector. Pero el culebrón que ha sufrido la familia desde 2017 atesora otros elementos que ellos no dudan en calificar de 'mobbing' y que han puesto al límite su capacidad financiera y emocional. "Hemos luchado, hemos intentado negociar, dialogar, pedir ayuda..., pero no ha habido manera", se lamenta Júlia Ferrer, alma de la cocina y mujer de Ferran Rodríguez Abella (tercera generación).

Por si alguien anda despistado sobre ubicación o currículo, Can Lluís (de categoría 3 -por sus elementos de interés paisajístico- en el catálogo local de establecimientos emblemáticos) es más valioso por lo vivido entre sus cuatro paredes que por el propio mobiliario u ornamentos datados de los tiempos del abuelo Lluís. De los orígenes como 'Can Mosques' (por los toneles con bacalao a su entrada) a la reciente celebración de sus 90 años, pasando por las penurias de la guerra civil con reparto solidario de 'escudella' incluido, las secuelas de la dictadura franquista, la alegría rumbera de Peret (íntimo de la familia) y la comunidad gitana de la zona, la posterior apuesta por la cultura catalana, y su poliédrico poder de convocatoria: de escritores y políticos a farándula y 'gauche divine'. Un cliente habitual lo mismo se podía haber cruzado con Vázquez Montalbán comiendo caracoles, que con Serrat, Sara Montiel, Vittorio Gassman o jugadores del Barça de varias etapas. Incluso al mismísimo Leo Messi cuando descubrió la cocina barcelonesa en sus manteles, con solo 14 años.

Bombas y contratos de alquiler

Tanta historia después, el malogrado templo culinario de la paella del señorito, el rabo de toro al vino tinto o el suquet de la abuela estilo Can Lluís, conserva suelos originales con la imborrable huella de una bomba anarquista en enero de 1946 que dio paso a un tiroteo policial y la trágica muerte del patriarca y un hijo, entre otros.

Ferrer pone fecha al principio del fin. Fue en 2017, cuando tocó renegociar su antiguo contrato de alquiler. Vivieron nueve meses "durísimos" tratando de llegar a un acuerdo "viable" para no bajar la persiana. Intentaron tenazmente comprar el local, pero después supieron que este había sido adquirido "por el administrador de toda la vida, que a su vez lo vendió a un fondo inmobiliario israelí" que también se hizo con todo el edificio e intentó imponer un alquiler que habría quintuplicado su renta de 900 euros mensuales.

Finalmente, en 2018 firmaron por 3.000 euros (para 10 años), lo que ya dejó en el aire la supervivencia del negocio. "Con nuestros precios, tipo de cocina y tamaño era muy difícil que salieran los números". Llegó entonces una rehabilitación de fachada que provocó daños en sus puertas, "que todavía no hemos cobrado". Pese a todo, echaron toda la carne al asador para celebrar el 90 aniversario a lo largo de 2019, tanto en las cazuelas como con actividades que encandilaron a la clientela fiel y a quienes los descubrían a esas alturas. Sus hijos apoyaron esta trinchera gastronómica -pese a contar con sus propias vocaciones en otros ámbitos- para equilibrar la presión del alquiler, pero entonces llegaron dos palos: un derrumbe tras la tormenta 'Gloria' pocas semanas antes del cierre por el coronavirus.

La reforma que se hacía del edificio no había llegado a las plantas por encima de Can Lluís, en mal estado, y con la entrada de agua se desmoronó el baño, "por suerte un domingo que estaba cerrado". La propiedad lo apuntaló pero nunca llegó a reparar esos graves daños, que impidieron la reapertura en junio tras el confinamiento, ni siquiera tras una inspección técnica del ayuntamiento que instó a su subsanación. Previamente, se abrió otra guerra sobre la renegociación temporal del alquiler durante la crisis sanitaria. "Nos dijeron que nos enviarían un anexo del contrato, pero dejaron de pasarnos los recibos mientras lo hacían", asegura.

Los sustos no han cesado. En octubre descubrieron que alguien entró a robar y se instaló (colchón incluido) en el establecimiento, que fue desvalijando durante tres días. Por aquel entonces, ya asumieron que la única solución era traspasar el negocio y la licencia, algo difícil durante estos meses. "No conseguíamos hablar con la propiedad y seguíamos pagando los gastos del restaurante", desgrana. Por fin, el pasado enero cuando creyeron que había una nueva okupación descubrieron que alguien había cambiado la cerradura e instalado una alarma. Era la propiedad, que había procedido a "un desahucio sin notificar", insisten, pese a que Ferran era fácilmente ·"localizable".

Durante meses han evitado hablar por respeto a sus trabajadores ante la incertidumbre sobre su desenlace. Ahora, tras disolver la empresa y finiquitar con gran dolor al personal por causas financieras, quieren explicar que no ha sido un cierre planificado sino por la puerta de atrás. Si ganan en los tribunales, esperan recuperar el negocio y poder decidir su futuro.

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