06 abr 2020

Ir a contenido

Pisos de la droga

Acosado por traficantes del Raval y por un alquiler abusivo: 1.500 euros

Un inmigrante irregular amenazado por camellos con los que ha convivido en el edificio revela cuánto pagan él y dos compañeros cada mes

Se trata de un domicilio de 680 euros que les han realquilado por más del doble, una práctica que el Ayuntamiento considera discriminatoria

Guillem Sànchez

Samy en su domicilio de la calle de Robador. 

Samy en su domicilio de la calle de Robador.  / RICARD CUGAT

Una operación policial librada el pasado 8 de febrero contra una red de traficantes de origen paquistaní en Barcelona permitió desarticular tres narcopisos. El más activo estaba en el barrio del Raval, afincado en un bloque de la calle de Robador. La venta en ese domicilio de microdosis de heroína y crack a cinco euros cada papelina atrajo durante meses una peregrinación incesante de toxicómanos. La puerta principal estaba rota para facilitar el libre acceso al edificio de los compradores y la escalera comunitaria, un lugar que estos usaban para inyectarse o fumar crack, se convirtió en un vertedero de jeringuillas. No es una historia nueva, se repite de forma intermitente desde el 2017, cuando arreció el fenómeno de los narcopisos en Barcelona. Lo normal es que los vecinos huyan de un edificio así. Resistir es una opción desaconsejable. Y menos pagar un dineral por hacerlo.  

Samy (nombre falso) vive en el bloque de Robador. En lugar de mudarse, Samy expulsa a los toxicómanos. O se enfrenta a voces con los traficantes. Una actitud valiente, o temeraria, que le ha granjeado enemistades. Incluso amenazas, que ya ha denunciado: a finales de febrero se celebrará el juicio. Asegura que por este piso, de unos 60 metros cuadrados y tres habitaciones, él y dos compañeros pagan un alquiler de 1.500 euros al mes. Muestra el contrato. 

Contrato que Samy ha firmado con el subarrendatario de su piso en la calle de Robador. / RICARD CUGAT

El alquiler que afirma pagar Samy es una muestra más de la cadena de abusos que pueden sufrir inmigrantes que se encuentran en situación irregular mientras tratan de conseguir el permiso de residencia, imprescindible para lograr contratos legales a precio de mercado. La infravivienda ha desatado múltiples fraudes en el padrón, tal como explicó este diario. En su caso, la tormenta perfecta que sufre –acosado por traficantes y por el precio de un alquiler que supera los precios que marca un mercado inmobiliario desorbitado– se ha formado en la plaza de Salvador Seguí, escenario de grandes inversiones municipales para reflotar el barrio, que cuenta con un potente equipamiento cultural como la Filmoteca, un parque infantil y está a pocos metros de la Rambla del Raval. 

El realquiler de Samy 

El caso es complejo. El piso de Samy, como la finca entera, pertenece a una mujer de 88 años, que por problemas de salud ha delegado la gestión del inmueble en un abogado. El piso en el que ahora reside Samy fue alquilado previamente por otro hombre, suramericano, Javier (nombre falso), que firmó un contrato legal con la dueña, a través del citado letrado. El alquiler que paga Javier es de 680 euros al mes, según el abogado. Pero Javier dejó el piso hace tiempo y, en lugar de romper el contrato de alquiler, comenzó a realquilarlo por su cuenta. 

El acuerdo que firmó con Samy está recogido en un contrato privado. Estipula que por el alquiler de este piso de la calle de Robador Samy pagará a Javier 1.500 euros. Javier se embolsa 800 euros limpios. Además, según Samy, Javier le obligó a entregarle en mano otros 1.500 euros de fianza. El actual inquilino comparte piso con dos compañeros elegidos por Javier que aportan 500 euros cada uno. Es decir, el contrato está a nombre de Samy pero en la práctica a él le pertenece únicamente una de las tres habitaciones. 

Contactado por este diario, Javier reconoce que ha realquilado el piso a Samy, pero no ha querido revelar la cantidad que le exige a cambio. Insiste en que legalmente puede hacerlo y asegura que él sigue viviendo en una de las habitaciones –esto último es falso–. También niega tener más pisos que el de Robador, a pesar de que algunas fuentes consultadas por este diario aseguran que Javier ofrece al menos otro domicilio. En una llamada posterior, Javier acaba admitiendo que la cantidad que paga Samy es de 1.500 euros. EL PERIÓDICO también ha acompañado a Samy a un encuentro con el abogado que gestiona la finca de Robador. Durante esta reunión, el letrado explica que la propietaria no va a denunciar a Javier por realquilar el piso. Y ofrece a Samy la posibilidad de alquilar el piso de la cuarta planta, el narcopiso del que acaban de ser expulsados los traficantes.

A ese cuarto piso los traficantes están tratando de regresar. Su ubicación, en la plaza de Salvador Seguí, es perfecta para los compradores. Y tiene otra ventaja: la red introduce la droga en esta finca a través de la terraza superior. Es decir, los camellos saltan de un tejado a otro hasta el bloque de Robador sin necesidad de meter la droga a través del portal de la calle, un recorrido que dispara las posibilidades de ser sorprendidos por la policía. A pesar de que Samy se ha comportado durante este tiempo como el único guardián de la finca, y que entregarle las llaves a él significaría evitar que el cuarto caiga nuevamente en manos de traficantes, el contrato que le ofrece el abogado es de 750 euros y cuatro meses por adelantado (3.000 euros). Samy responde que no. El abogado, en ese caso, le aconseja no seguir pagando el alquiler a Javier.

Inmigrante sin papeles

Subarrendar un piso alquilado es ilegal solo si lo especifica el contrato entre ambas partes. Según aclaran fuentes del Ayuntamiento de Barcelona, el caso de Samy cuadra con el de una situación "abusiva" debido a la diferencia de precio entre el alquiler y el realquiler y añaden que todos los distritos de la ciudad cuentan con oficinas dedicadas a la vivienda "con equipos específicos" para atender "discriminaciones en el derecho a la vivienda". El problema es que no es frecuente que estas víctimas acudan a informar a la administración de un contrato que firman voluntariamente porque no han encontrado una opción mejor. 

Samy es un hombre marroquí sin papeles. Sin permiso de residencia ni un contrato de trabajo, alquilar un piso en Barcelona es imposible. Y Samy necesitaba un contrato de alquiler porque disponer de una dirección postal permite empadronarse –un trámite que Javier llevó a cabo en el ayuntamiento–, acceder a los servicios sociales y, tras acumular tres años alquilando en Barcelona, también aspirar a un permiso de residencia por arraigo. Por eso aceptar el contrato privado de 1.500 euros que le ofrecía Javier y compartirlo con dos compañeros no era una opción tan descabellada. Hasta que aparecieron los traficantes.