Nueva orden de desahucio para Manuela, esta vez sin fecha

El 10 de octubre sus vecinos paralizaron el último intento, en una mañana en la que en la ciudad había 18 desahucios programados. La resistencia -y sobre todo la organización- vecinal logró posponer 15 de ellos, pese a las duras cargas policiales contra los que ponían su cuerpo para intentar evitarlos que se vivieron en dos de ellos. Pero el empeño vecinal logró eso, posponerlos. Este jueves Manuela, a sus 71 años un mito en la calle de Escudellers, en la que vive casi literalmente, recibió una nueva orden de desahucio, en esta ocasión sin fecha. Mientras el anterior intento daba un margen de 15 días, entre el 1 y el 15 de octubre, periodo en el que los vecinos organizaron todo tipo de actividades para no dejar nunca la puerta sola, la nueva notificación judicial no establece ninguna fecha. "Acuerdo que el lanzamiento forzoso de la vivienda y de cuantos ocupantes, muebles y enseres haya en dicho inmueble se lleve a cabo en fecha abierta, entre las ocho y las 22 horas", señala la orden, en la que también se solicita la participación de antidisturbios.

Desde Resistim el Gòtic, plataforma ciudadana que desde el primer día ha arropado a Manuela, denuncian que la nueva orden riza el rizo, vulnerando todos los derechos de esta mujer, a quien todo el barrio conoce y tiene cariño. Es muy habitual verla sentada en una silla en la esquina entre Escudellers y Obradors, donde vive en un piso en condiciones muy precarias a la espera de que el consistorio le entregue el piso social que tiene concedido, pero que no llega.

"Es la primera vez que una orden llega sin ninguna fecha", señala Martí Cusó, el portavoz del colectivo. El mandamiento autoriza expresamente "adoptar las medidas que fueren necesarias, incluyendo el descerrajamiento de la puerta de entrada, y recabando incluso el auxilio de la fuerza".

"El auxilio de la fuerza"

Pero Cusó no solo denuncian la fragilidad extrema en la que la justicia vuelve a dejar a la mujer -lo abierto de la orden, cualquier día a cualquier hora, hace imposible organizar la resistencia vecinal- sino que también señala al ayuntamiento y a la Generalitat. "Llevan meses diciéndonos que queda muy poco, pero su piso no llega y ella no solo vive en un piso en unas condiciones infrahumanas, sino que sigue con la ansiedad de no saber cuándo vendrán a desahuciarla. Nosotros estamos haciendo nuestra parte, poniendo el cuerpo en cada intento de desahucio, las administraciones tienen que hacer la suya", recuerda el activista, quien adelanta que recurrirán ante el juez, medida en la que no confían demasiado, ya que es el mismo que en el anterior desahucio, para la que no funcionó. 

La concejala de vivienda del Ayuntamiento de Barcelona, Lucía Martín, ha tuiteado este viernes la noticia del caso de Manuela junto al texto: "No podemos normalizar la violencia que provoca la especulación y las legislaciones que la protegen. Desde el ayuntamiento haremos servir todas las herramientas que tengamos a nuestro alcance para acabar con esta brutalidad". No especificó cuáles.

Desde la propiedad -el proceso de desahucio se inició por el impago del alquiler- han argumentado siempre que es el ayuntamiento quien debe responsabilizarse de ofrecer un alojamiento alternativo a la mujer. "En dos años han tenido tiempo", señalaban tras el último intento de desahucio, parado por los vecinos.  Por su edad y perfil socioeconómico, Manuela podría entrar tanto por la mesa de emergencia general -en la que hay 600 familias en lista de espera- como por la vía de los pisos específicos para personas mayores.   

El alma de la calle

"Aquí todos me conocen y me quieren mucho. Soy un mito en la calle", se acostumbra a presentar Manuela, cuya vida no ha sido nunca fácil. Su hija fue desahuciada de otro piso en le mismo edificio, pero la realojaron en Ciutat Meridiana, donde Manuela asegura que se moriría. "Mi vida es el barrio -relata la mujer-; esta calle. Yo aquí hablo con todo el mundo, hasta advierto a los turistas de los carteristas. Si me sacan de aquí me matan".