Barcelona culpa a la eliminación de Madrid Central de la posible sanción de Bruselas por la contaminación

Barcelona y Madrid han pasado de ser primas hermanas a no saludarse ni en el rellano de la finca. Acaban de configurarse los nuevos gobiernos municipales y ya están volando los primeros reproches. Según el gobierno de Ada Colau, la posible denuncia de la Comisión Europea a ambas ciudades por sus elevados niveles de contaminación se ha acelerado por la decisión del equipo municipal de José Luis Martínez-Almeida de eliminar Madrid Central. 

En estos términos se ha expresado este miércoles la teniente de alcaldesa de Urbanismo del consistorio barcelonés, Janet Sanz, que ha lamentado que sus homólogos de la capital estén "atentando contra la salud de los madrileños" con la anulación de uno de los proyectos estrella de la exalcaldesa Manuela Carmena, la próxima pregonera de las fiestas de la Mercè de Barcelona. "Nosotros tenemos un mensaje claro para Bruselas: no daremos ni un paso atrás y estamos comprometidos con la lucha contra la contaminación", ha resumido la concejala. Según Sanz, que ahora se haya acelerado la posible sanción por parte de la comisión europea tiene mucho que ver con "la llegada de un gobierno de derechas que pacta con la ultraderecha y que plantea retirar una medida como Madrid Central". 

La responsable de Urbanismo y Ecología ha recordado que la capital catalana tiene previsto desplegar en enero la zona de bajas emisiones permanente, lo que, según sus cálculos, evitará que cerca de 120.000 vehículos 'sucios' no circulen por el interior de las rondas de Dalt y Litoral que rodean Barcelona. Ha recordado que el ayuntamiento también está estudiando la posible implementación de un peaje urbano, una medida que, en cualquier caso, siempre se hará "de manera coordinada con el Área Metropolitana de Barcelona, con la Generalitat y con el Estado". Esta última institución pública, de hecho, es la que debe legislar para que se pueda poner en marcha esta nueva tasa que grabaría la circulación por determinados núcleos urbanos. Sanz ha insistido en que el compromiso del gobierno no responde a las posibles exigencias de la Comisión Europea, sino a un "problema de salud pública". "Todo esto no puede depender solo de los ayuntamientos, debe ser una política de Estado", ha concluido.