¡Baja un alquiler en Barcelona!

Se podrán discutir los signos de admiración del título, que no se los pusieron ni al doctor Christian Barnard cuando en 1964 realizó el primer trasplante de corazón, pero que un vecino de Barcelona, con el contrato a un mes de la extinción, haya logrado una rebaja en las rentas mensuales tiene su qué en una ciudad que ha condenado al nomadismo inmobiliario a buena parte de sus gentes. Burofax City. Así se la conoce. El caso es que Jaume Gorriz, el coprotagonista de esta historia, no solo conservará su pequeño piso de 50 metros cuadrados de Vallcarca, en el luminoso remanso de paz que es la calle de Baró de la Barre, sino que además ha logrado que el nuevo contrato sea de siete años. ¡Siete años! Sí, con admiración. Cosas de la letra pequeña de la nueva ley. A Barnard, aquel primer paciente trasplantado le duró 18 días. Esto es una nueva batalla ganada por el Sindicat de Llogaters que merece la pena ser glosada. Gorriz es, para este sindicato, un pie puesto en la puerta. Ahora toca abrirla.

La rebaja lograda por el inquilino es corta, solo 30 euros, pero es un punto de inflexión para el sindicato

El caso de este inquilino es un clásico. Lo que en el cine es la historia chico-conoce-chica, un patrón redundante, en Barcelona se resume como fondo inversor-compra-edificio. En su inmueble vivían 12 familias, todas de alquiler. Tras la adquisición, comenzó el goteo de adioses. Algunos vecinos se fueron porque terminaba su contrato. Tres años es un suspiro. Otros, porque les ofrecían una minúscula compensación, 1.500 euros si se iban. Era para pensárselo. Varias veces se le colaron en casa con la excusa de arreglar algunas conducciones cuando, en verdad, era un modo subrepticio de mostrar el piso a posibles compradores. Lo peor, no obstante, era que en cada piso que quedaba vacío comenzaban de inmediato las obras de reforma. Las tuvo simultáneamente arriba, abajo y al lado. Polvo, sudor y lágrimas. Digamos que era otro incentivo para hacer las maletas.

La frontera del ‘mobbing’ es tan imprecisa como los límites del imperio de Alejandro el Grande. Nunca quedó claro dónde terminaba. Pero Gorriz, tal vez no siempre con mala fe, sufrió lo indecible. Cortes habituales de luz, cortes de la fibra óptica, cortes del suministro de agua, averías en el ascensor, desperfectos en la escalera, cables como lianas… Para el Sindicat de Llogaters, un ‘mobbing’ de libro. Para los responsables de las obras, no. Terminó entonces por suceder, eso sí, algo sorprendentemente común en Barcelona y que, contado en otras ciudades (hagan la prueba si tienen ocasión) causa pasmo. Gorriz fue durante un tiempo el único vecino de toda la finca, de una finca (permítase la expresión) como se supone que lo estarán todas cuando llegue el armagedón, inhabitable. Durante los últimos años, eso ha ocurrido a menudo y en cualquier barrio de la ciudad, vecinos solitarios en toda una escalera. Aunque solo sea por desengrasar el relato, podría afirmarse, en un ejercicio de arqueología literaria, que ‘Los tres cerditos’ es el cuento primigenio de la gentrificación.

El 'making off'

Fue en esa fase en que el afectado buscó el paraguas del Sindicat de Llogaters. Comenzó entonces un pulso de final sorpresivo y feliz, porque, según Jaime Palomera, es la primera ocasión en que la mediación de esta organización nacida hace ahora dos años facilita una rebaja en el alquiler. Sobre el mensaje que ello conlleva, merecerá la pena pararse luego un momento, más que nada porque la tesis oficial de la Generalitat es que los precios podrían crecer entre un 10% y un 20%. Lo interesante, antes, es retratar el cómo, el ‘making off’ de una rebaja del alquiler.

Primer paso. Cada vez que Gorriz sufría un contratiempo en casa por culpa de las obras, cinco miembros del sindicato de la zona de Vallcarca se presentaban en grupo a pedir explicaciones. Funcionó. Segundo paso, denuncia administrativa en el Ayuntamiento de Barcelona, un recurso de incierto resultado, pero que manda un claro mensaje de que el inquilino contraataca. Tercer paso, visita inesperada a la sede la empresa. Este es crucial. A no siempre sale bien. Pero, como explica Palomera, esta práctica ha permitido estos últimos dos años radiografiar que una parte sustancial del problema inmobiliario son los actores secundarios. ¿Por ejemplo? Algunos (no pocos) administradores de fincas, grandes beneficiarios por sus comisiones de que los contratos sean solo de tres años y de que se lleve a cabo una rueda sin fin de expulsión de viejos arrendatarios y sustitución por otros nuevos y de mayor poder adquisitivo. Según Palomera, el papel que en su día jugaron los bancos para hinchar la burbuja inmobiliaria concediendo hipotecas sin mesura, lo interpretan ahora otros actores. Es una de sus conclusiones ahora que el sindicato cumple dos años.

El caso de Jaume sirve al sindicato para subrayar el sinsentido del decreto del Govern, que anima a que los alquileres suban más

Lo inesperado en esta ocasión fue que cuando Gorriz pudo por fin sentarse cara a cara con el empresario que había comprado la finca resultó ser más abierto al diálogo que quien en su nombre le había advertido en varias ocasiones por teléfono que muy pronto recibiría el temido burofax.

Las cifras

Fue en ese cara a cara donde se pactó una solución de equilibrio. Gorriz paga aún, por el contrato que está a punto de extinguirse, 705 euros mensuales. El propósito inicial del dueño de la finca era renovarlo por la misma cantidad. El Sindicat de Llogaters y Gorriz plantearon que, de algún modo, había que compensar el sinvivir de las obras. Así se pactó la rebaja, de 705 a 675 euros mensuales. La diferencia no es grande, pero es simbólica del nuevo destino al que se ha propuesto llegar el sindicato, un descenso significativo de los alquileres en la ciudad.

Lo dicho antes. El decreto aprobado por la Generalitat en mitad de la campaña electoral pretende contener los precios de un modo desconcertante. No propone que bajen, no sugiere que los alquileres no superen el 30% de la renta familiar disponible (algo muy lejos de la realidad hoy en día), sino que toman como punto de partida la media de los arriendos actuales y defiende que los incrementos sean del 10% en la mayoría de los casos y del 20% en algunas ocasiones. En un momento en que los alquileres suben por debajo del 10%, parece una invitación expresa a que lo hagan.