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problema social

El Govern retira su controvertido decreto sobre vivienda

Da marcha atrás para renegociarlo ante la posibilidad de que el Parlament lo rechazase

La alcaldesa Colau, que criticó la semana pasada la medida por segregadora, lo celebra y pide "políticas más ambiciosas"

Fidel Masreal / Patricia Castán

El president del Govern, Quim Torra.

El president del Govern, Quim Torra. / ACN

El Govern ha decidido retirar del orden del día del pleno del Parlament de este miércoles su decreto sobre vivienda ante la posibilidad de que se perdiera esta iniciativa, que cuenta con la oposición de distintos grupos parlamentarios así como de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) e incluso de los promotores de vivienda. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, protestó airadamente la semana pasada contra esta propuesta legislativa, al considerar que, entre otras cosas, podía tener "efectos devastadores" y condenar a la “segregación” en barrios periféricos a la población con menos recursos. Su bronca con la Conselleria de Territori acabó en intercambio de reproches en materia de vivienda. 

La portavoz del Govern y 'consellera' de Presidència, Meritxell Budó, ha justificado la retirada de este decreto una semana después de que el Govern perdiera una votación en el Parlament en la que se le instó a convocar elecciones o bien a someterse a una cuestión de confianza. Al carecer de apoyos suficientes, el tema no solo se cae del orden del día sino que ya no podrá ser convalidado en los 30 días previstos por la ley, lo que obligará a replantearlo.

Entre otros motivos del rechazo suscitado desde muy diversos ámbitos, la PAH considera que el decreto del Govern, en relación a las viviendas de protección oficial, hará que los pisos puedan ser más caros según el barrio, lo que podría generar "segregación" según la zona y reforzar la burbuja en los más gentrificados. Incluso los promotores de vivienda se oponen, porque abre la puerta a introducir la reserva forzosa del 30% para vivienda protegida en las nuevas promociones del resto de municipios catalanes, más allá de Barcelona. 

Modificaciones a la vista

La 'consellera' Budó ha afirmado que el Govern está dispuesto a modificar los "flecos" del texto que puedan haber generado rechazo, en aras de lograr un "máximo consenso", sin entrar en más detalles. Y se plantea la posibilidad de modificar la fórmula de votación, si como decreto ley o en forma de ley. "La finalidad es buscar más promoción de vivenda pública de alquiler", ha insistido.

Es la misma tesis que reiteró una y otra vez hace unos días el 'conseller' de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet. Replicaba así al enfado de Colau por un decreto que no creía consensuado, pese a la convicción del Govern de que sí lo era. En un momento donde cualquier movimiento tiene connotaciones electorales, la polémica generada no ha ayudado a lograr complicidades con el decreto en el resto de formaciones del Parlament. Para la alcaldesa de Barcelona, el problema más grave de la medida era que al aplicar factores correctivos a los precios de la vivienda protegida en función de su ubicación, los colectivos más vulnerables no podrían acceder a las mejores zonas de Barcelona donde se haga obra nueva, y solo optarían a las más económicas. 

El documento impulsado por el Govern y pendiente de visto bueno en el Parlament planteaba iniciativas para incrementar el deficitario parque de vivienda social y moderar los precios del alquiler de vivienda libre, incluyendo un índice de referencia en los contratos de arrendamiento. Para el ayuntamiento de Barcelona, las medidas resultan insuficientes y desafortunadas al establecer nuevos precios para la vivienda protegida. Un ajuste que Calvet defendió asegurando que compensaba los diferentes costes del suelo y la promoción, y cuya diferencia final para el beneficiario del piso podría asumir el Govern.

Tras el anuncio de Budó, Colau ha celebrado en un tuit que el decreto no prospere porque "atentaba contra la vivienda protegida" y ha pedido que se impulsen políticas más ambiciosas de la mano de ayuntamientos y entidades sociales. 

El concejal de Vivienda y Rehabilitación, Josep Maria Montaner, ha destacado a este diario que "el decreto no se había negociado con ninguno de los agentes" implicados en la materia, "ni ayuntamientos ni sector privado ni movimientos en defensa del derecho a la vivienda". 

El CIS y las lineas rojas

En su comparecencia tras la reunión semanal del Consell Executiu, Budó ha hecho también una autoafirmación de la fortaleza del Govern: "El 'president' se siente legitimado para gobernar y no someterse a una cuestIón de confianza; legitimación absoluta mientras no se presente una moción de censura", ha afirmado.

También ha terciado que si se cumplen los vaticinios del CIS y el PSOE gana las próximas elecciones generales, la Generalitat mantendrá la mano tendida al diálogo, si bien ha insistido en que "el PSOE parece que no esté muy abierto al diálogo, como las declaraciones de Sánchez del no reiterado al derecho de autodeterminación, a lo que consideramos que son líneas rojas que hemos de preservar".

La medida estrella y las lágrimas de la alcaldesa

Ada Colau se emocionó y prorrumpió en llanto. Sucedió durante el pleno municipal de septiembre pasado, en la sesión en la que se aprobó imponer a los promotores privados destinar un 30% de los pisos de toda nueva promoción o rehabilitación, a partir de 600 metros cuadrados, a vivienda asequible, lo que para un piso de 80 metros supondría un coste de alquiler de 512 euros mensuales y un precio de venta de 136.000 euros. La medida había sido presentada por el gobierno de Colau tres meses antes y había puesto en alerta al sector. Al final, todos los grupos votaron a favor menos Ciutadans, que se abstuvo, y el PP, que votó en contra.

El gobierno calculó entonces que el sistema permitiría sumar cada año al parque de vivienda pública 334 pisos. Si bien la medida resulta un cambio revolucionario, la cifra de pisos resulta poco alentadora: se calcula que Barcelona debería tener un parque público de unos 100.000 pisos y está en algo más de 6.000. El cálculo indica que si todo se fiara al 30% serían necesarios 284 años y medio para alcanzar la cifra deseada. Al final del pleno, entre lágrimas, Colau agradeció su presión a las entidades que impulsaron la iniciativa: la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona, la Plataforma de Afectados por las Hipotecas, el Observatori DESC, la Assemblea de Barris pel Turisme Sostenible y el Sindicat de Llogaters. - TONI SUST

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