limbo inmobiliario en el Gòtic

El Clínic heredó la finca de Arai con condiciones de su antigua dueña

La propietaria, fallecida en el 2002, quiso que su fortuna se dedicara a becas e investigación psiquiátrica

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Carles Cols

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Nuevos detalles del limbo inmobiliario en el que se encuentran desde el año 2002 los vecinos del número 3 de la calle de Arai, la fachada con más luz de la plaza de George Orwell, en el Gòtic sur. Lo ya sabido es que la dueña de aquella finca murió en el 2002, que se supuso erróneamente que falleció sin testar, que la Generaltat, como heredera natural trató de subastar el edificio, que nadie pujó por él y que, cuando por fin encontró un comprador, la Fundació Hospital Clínic, en el 2016, apareció en escena con un testamento que le acreditaba como legítimo propietario de aquella antigua casa señorial. Todo eso, claro, con inquilinos de por medio, que como si fueran el público de un partido de tenis han seguido con la mirada la pelota de un lado al otro del campo. Los nuevos detalles que ahora salen a la luz son las últimas voluntades de Maria Teresa Vives, la dueña. Quiso en sus últimos días que su patrimonio sirviera para financiar becas y proyectos de investigación en el campo de la psiquiatría.

El de Arai es un caso alambicado. Podría serlo más, explican fuentes de la Conselleria d’Economia, responsable del inmueble hasta que un juez acredite que el Hospital Clínic es el dueño de ese cofre inmobiliario del tesoro hallado en el Gòtic. Para eso faltan tal vez unos meses. Es el margen que le queda a los vecinos para conocer su futuro. El caso podría haber sido un nudo más cerrado si la Generalitat hubiera vendido el edificio al fondo inversor y, con posterioridad, el Hospital Clínic hubiera reivindicado su derecho sobre la finca. Pudo haber sucedido, pero, puestos en esta hipótesis, los vecinos seguramente ya no estarían ahí. Ya habrían recibido el temido burofax, de un tiempo a esta parte, el habitual sistema de comunicación entre un propietario y su arrendatario.

Hay más sorpresas. Puntapiés bajo la mesa, más concretamente. La semana pasada, al exponer su caso en público, los vecinos de Arai. 3, explicaron que los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Barcelona analizaron tan rocambolesca situación y que, a través de un informe, concluyeron que, si así lo deseara, la Generalitat podría haber formalizado nuevos contratos de alquiler con los residentes de la finca y blindar así su futuro. En la Generalitat no solo discrepan de esa interpretación, porque  cuanto supondría actuar de mala fe contra el futuro dueño del inmueble, sino que, además, están pasmados con que el ayuntamiento dedique su tiempo y dinero a enmendar el trabajo de otra administración.

Más de 100 metros cuadrados

Ese tipo de deslealtades suelen abrir la puerta de los reproches. ¿Por ejemplo? Que el Ayuntamiento de Barcelona, antes de la subasta fallida del 2015, pudo adquirir el inmueble por el precio de salida e incrementar así su siempre insuficiente parque de vivienda. Estaba valorado en 3,3 millones de euros. El problema, desde la perspectiva municipal, es que se trata de unos pisos que por sus característica no encajan con el prototipo de la vivienda de protección oficial. Superan con creces los 100 metros cuadrados de superficie. Es un dato engañoso. Algunas de esas viviendas las comparten varias personas con rentas mínimas. La normativa oficial no capta esos matices.

No es fácil vivir de alquiler en Barcelona. Eso no es ninguna gran revelación. En Arai, 3, es, eso sí, más complicado. Desde el 2002 y conforme se han ido extinguiendo los contratos, los vecinos han llamado a la puerta de la Generalitat para que slo renovara. Ahora tienen que llamar a la del Hospital Clínic.