Bronca de Colau y el Govern por el nuevo decreto de vivienda

La inminencia del examen electoral ha hecho afilar las uñas a los candidatos a la alcaldía de Barcelona estos días para torpedear con ataques y reproches a sus contrincantes o al resto de administraciones sobre algunas de las cuestiones clave del mandato que se esfuma. Para Ada Colau, la vivienda era materia sensible y estrella de su programa, así que a mediodía de hoy lunes ha arremetido sin piedad contra las presuntas trabas del Govern de Torra a sus planes para Barcelona. A su entender, el decreto ley de vivienda de la Generalitat del pasado marzo tendrá efectos “devastadores” y condena a la “segregación” en barrios marginales a la población con menos recursos. Horas más tarde, el ‘conseller’ de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha salido a la palestra para acusar a la alcaldesa de “mentir”, abonar el “populismo” y no haber leído bien el decreto, que no piensa retirar, porque “promoverá la vivienda de protección oficial” (VPO).

El ya célebre decreto, fue aprobado a principios de marzo pero tiene que recibir el visto bueno del Parlament la próxima semana, por lo que Colau ha pedido que se retire, sin éxito. También ha solicitado hoy al resto de formaciones que no lo apoyen. No obstante, el ‘conseller’ ha explicado que también piensa tramitarlo como proyecto de ley para poder introducir enmiendas.

En esencia, según el Govern, el documento pretende moderar los precios del alquiler de la vivienda libre y paliar el déficit de la de protección. Estas medidas urgentes deberían servir para aumentar la oferta protegida de alquiler, combatir las emergencias y desahucios y que se moderen los precios libres de alquiler, predican. También establece que los contratos de arrendamiento tengan un índice de referencia que informe de la media en la zona y que se pueda multar o expropiar a bajo precio pisos de personas jurídicas que lleven más de dos años vacíos.

El papel de los municipios

No obstante, para Colau esas políticas implican devolver a los municipios la patata caliente del problema de la vivienda y “satisface a determinados promotores privados”. Lo que para la alcaldesa hace tan “nefasto” el decreto es que cree que “liberaliza los pisos protegidos” y castiga a las personas desfavorecidas: "Los pobres a la periferia".  Es más, la alcaldesa piensa que las intenciones de la Generalitat suponen un revés a sus medidas locales para que el 30% de las nuevas promociones sean de protección oficial en la ciudad. Y que dejar fuera de este circuito a las familias desahuciadas vuelve a situar este drama social en manos de los ayuntamientos.

Su interpretación se basa en los nuevos baremos que fija la ‘conselleria’ al eliminar las nomenclaturas previas (como vivienda especial, general y concertada) y establecer un único módulo cuyos precios dependerán de los costes de edificación y el valor atribuible al suelo, con factores de corrección en el artículo 83 bis que atienden a la certificación energética y la ubicación. Esta computa de forma distinta en zonas de alta densidad y demanda, punto que ha crispado a Colau, al considerar que las viviendas protegidas en los barrios más ricos costarán un 10% más, lo que “potenciará la segregación”. En cambio, Calvet mantiene que las nuevas medidas solo cambiarán el coste de producción de las promociones, pero “no las condiciones para acceder a ellas” de los solicitantes. Ha afirmado que existe que el Govern asumirá la diferencia entre los costes y el precio final. De hecho, aún no se conocen los criterios exactos de localización por municipio o barrios, ya que dependerá del reglamento aún por desarrollar.

Más allá de los aspectos técnicos, las chispas han vuelto a saltar entre las dos administraciones, como ya sucediera hace unos meses también sobre vivienda, y más recientemente en relación a la regulación de los vehículos VTC.

La líder de los ‘comuns’ ha criticado con dureza al Govern de Torra por su “romper la lealtad institucional” y “criminalizar” a los desahuciados, además de cometer “dejadez de funciones” al afrontar solo des promociones de vivienda en Barcelona. Los mismos dardos le ha devuelto el ‘conseller’ al acusarla de manipular las cifras, ya que según él de los 3.400 pisos prometidos se habrían entregado 593 y otros 900 están en marcha, aunque heredados de anteriores mandatos, ha terciado. “Que no engañe a nadie” y “abandone la queja permanente”. Para Calvet, “todo lo que no ha hecho (Colau) en cuatro años pretende hacerlo en tres meses”. No obstante, Colau ha contrareplicado después vía twitter desmintiendo esos datos.