'MOBBING'

Barcelona lleva por primera vez al fiscal un caso de acoso inmobiliario

El ayuntamiento propuso 90.001 euros de sanción tras una denuncia en Floridablanca, 92

Protesta contra el ’mobbing’ en un inmueble del Poblenou.

Protesta contra el ’mobbing’ en un inmueble del Poblenou. / ÁLVARO MONGE

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Luis Benavides
Luis Benavides

Periodista

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El Ayuntamiento de Barcelona ha anunciado este lunes que llevará a la Fiscalía el primer caso de acoso inmobiliario que ha instruido por vía administrativa. El consistorio ha propuesto 90.001 euros de sanción a los propietarios de la finca situada en el 92 de la calle de Floridablanca por ‘mobbing’ inmobiliario a uno de los 22 inquilinos. El expediente se basa principalmente en las malas condiciones de la vivienda, con fugas en las bajantes fecales y cañerías de plomo con una concentración superior a la permitida por normativa que hacen que el agua no sea apta para el consumo humano, entre otras deficiencias. La propiedad ha incumplido las órdenes de conservación de la finca emitidas por el Distrito del Eixample previamente, aseguran fuentes municipales.

La ley catalana del derecho a la vivienda permite a los ayuntamientos instruir procedimientos por acoso y discriminación inmobiliaria desde la vía administrativa, antes de ir a la vía judicial. Así, en este caso, los propietarios deberán abonar el importe de la sanción si el Ministerio Fiscal no encuentra un delito penal, pues este seguirá entonces por la vía administrativa.

Fuentes del consistorio explican que este artículo de la ley catalana del derecho a vivienda nunca se había desarrollado y aplicado hasta el pasado mes de julio y en estos momentos trabaja en otros 14 casos, la mayoría de los cuales se encuentran en los distritos de Ciutat Vella y el Eixample. "Se ha detectado que desde que se anunció, ha tenido un efecto disuasorio de prácticas discriminatorias y abusivas", celebran las mismas fuentes. En este sentido, el consistorio ha archivado seis expedientes por desestimiento de la persona que había denunciado inicialmente la situación de asedio inmobiliario alegando que "la propiedad ha iniciado acciones correctoras" para revertir esa situación.

El Sindicat de Llogaters ha acompañado en todo momento a los denunciantes. "En julio del año pasado pusimos este modelo de denuncia administrativa a disposición de todos los ciudadanos. Entonces lanzamos un mensaje a todos los vecinos: no están solos, el acoso es ilegal y ahora tienen una herramienta para defenderse. Ahora llega el primer éxito, porque por primera vez el acoso inmobiliario en la ciudad de Barcelona no queda impune", explica Jaime Palomera, del Sindicat de Llogaters, quien recuerda que otros vecinos de la finca de Floridablanca, 92 también sufren el mismo acoso y el monto a pagar podría ir en aumento si los propietarios no enmiendan la situación. "La sanción puede alcanzar hasta los 900.000 euros -continúa Palomera-, pero interpreto que el ayuntamiento ha preferido tirar por lo bajo como primer aviso".

La burbuja en Sant Antoni

De las 22 viviendas del bloque, seis han denunciado a la propiedad.  Su caso es un ‘mobbing’ inmobiliario de libro, según Palomera, en referencia a la burbuja del alquiler que han sufrido (o todavía sufren) muchos vecinos que viven en el revalorizado entorno del Mercat de Sant Antoni. "Muchos propietarios aprovechan una mejora urbana, que pagamos todos, para sacar su beneficio. Cuando finalizaron las obras, (los demandados) echaron a cuatro familias y subieron los precios del alquiler, como pudimos comprobar en algunas páginas web, sin hacer lo exigible para mantener el edificio en condiciones", afirma el portavoz del Sindicat de Llogaters, quien aplaude la valentía de los denunciantes Alpha y Fran. "Muchos no denuncian por miedo, pero ellos no solo se han plantado y han dicho que no se van de casa para que puedan especular con ella, sino que siguen pagando religiosamente cada mes sin tener un contrato, con todos los problemas que eso genera”.

Alpha y Fran son dos treintañeros que llevan viviendo en este edificio algo más de ocho años. Encadenaron un contrato de cinco años con uno de tres. Cuando finalizó los propietarios no les renovaron el alquiler y los propietarios, la familia Mas-Beya Fradera, a través de sus administradores les han denunciado por quedarse de manera irregular, aunque pagan cada mes. El ingreso rebota y entonces tiene que consignar el pago, algo que requiere tiempo y no sale precisamente barato. "Tampoco tenemos otra opción. ¿Dónde podemos encontrar pisos por unos 850 euros?", puntualiza Alpha, técnica de iluminación, quien se ha propuesto llegar hasta el final. Han ganado una batalla, pero no la guerra. "La multa del ayuntamiento es una muy buena noticia porque sienta un precedente. Espero que este castigo sirva para que aprendan, que entiendan que deben mantener en buen estado las viviendas, que los alquileres no son solo para enriquecerse sino que pagamos para que inviertan en la finca", cuenta la impulsora de la reclamación, quien denuncia constantes inundaciones en el patio, apagones en las zonas comunes y plagas de termitas.  

"Los problemas en la escalera los estamos sufriendo todos, también los nuevos inquilinos que entraron hace poco, pero no todos quieren dar tanto la cara. No es fácil explicar a tus familiares la situación que estás pasando y que en cualquier momento te puedes quedar en la calle", añade la joven.

Regular precios, insuficiente 

La lucha de Alpha y Fran es una carrera de fondo que empezó el pasado mes de julio, cuando venció su segundo contrato de alquiler y la propiedad se negó a renovar. A partir de aquí, el Sindicat de Llogaters lideró una serie de acciones de protesta como la ocupación el pasado 17 de octubre (durante cinco horas) del Instituto de Belleza Francis, propiedad de la familia Mas-Beya Fradera, para visibilizar el desahucio de la pareja de Floridablanca.

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El Sindicat de Llogaters considera insuficiente regular los precios de la vivienda si realmente se quiere proteger a los inquilinos. “Hemos pedido al Gobierno de Pedro Sánchez que haga como en Austria, Alemania y Holanda, que para no renovar o para expulsar a alguien de un piso sea necesario un justificante como la necesidad familiar, pero que no se permita la especulación”,  explica Palomera, quien confía que el Ejecutivo central incluya dentro de la nueva reforma administrativa esta figura legal para combatir este mecanismo de expulsión. 

La entidad reconoce que “el conflicto sigue abierto” y espera que la propiedad recapacite. De lo contrario, exigirá “que se incrementen las multas”.