Activistas contra la especulación ocupan el Instituto Francis por un intento de desahucio

Medio centenar de voluntarios de entidades de defensa de inquilinos víctimas de la especulación inmobiliaria ha ocupado hoy el edificio del Instituto de Belleza Francis, en la ronda de Sant Pere, junto a la plaza de Urquinaona, durante cinco horas para protestar por la rescisión del contrato de alquiler de una pareja que vive en la calle de Floridablanca, 92, muy cerca del renovadísimo mercado de Sant Antoni.

Los propietarios del centro de estética y belleza, la familia Mas-Beya Fradera, son los dueños del piso de alquiler cuyo contrato ahora no quiere renovar, según las entidades Fem Sant Antoni, Sindicat de Llogaters y Sindicat de Barri Poble Sec, que han impulsado la acción de protesta.

Cinco horas de protesta

A las seis de la tarde, los activistas y los inquilinos han logrado la firma de un acuerdo para que mañana jueves se reúnan, en el Col·legi d'Advocats de Barcelona, los propietarios del piso y del Instituto Francis, los inquilinos y un representante y un abogado del Sindicat de Llogaters. Este preacuerdo ha permitido el fin de la movilización, que había comenzado a la una.

Jaime Palomera, de Sindicat de Llogaters, ha explicado a los concentrados, que se mezclaron en la planta baja del Instituto Francis con empleadas y clientas: "Los propietarios del piso donde vive Alpha y su familia no quieren hablar y nosotros les exigimos que se sienten a negociar. Si no nos dejan dormir a nosotros, nosotros no dejaremos dormir a los propietarios".

Burbuja de alquiler

La ocupación del centro de belleza se ha realizado de forma pacífica. Los activistas han repartido folletos a las clientas y a las empleadas en los que se explica la movilización. "Los Mas-Beya Fradera, grandes propietarios del edificio de la calle Floridablanca, 92, quieren echar de casa a Alpha  y su familia. Al amparo de una ley de arrendamiento injusta se niegan a renovarle el contrato. Se suman así a la burbuja del alquiler y a la oleada de desahucios invisibles", explica el documento.

Fran Ortega, de 35 años, y Alpha Mikeliuna, de 36. ambos técnicos de iluminación y sonido, han explicado a este diario que llevan ocho años viviendo en un piso de Floridablanca, 92. Pagan 850 euros de alquiler y, según ellos, en la misma escalera los mismos propietarios piden hasta 1.300 euros al mes por una vivienda. 

Orden de deshaucio

La pareja, que ahora ingresa el alquiler en un juzgado y que ya ha recibido la orden de desahucio, cree que el motivo de la no renovación es que ellos siempre han reclamado por presuntos incumplientos de la propiedad como por ejemplo el deficiente mantenimiento del edificio o la negativa a realizar obras de mejora. "Nosotros no podemos beber agua del grifo porque tiene plomo como consecuencia de la existencia de tuberías de este metal que no han sido sustituidas", se quejan.

Ortega y Mikeliuna decidieron pedir ayuda al Sindicat de Llogaters y Fem Sant Antoni al ver que podían verse en la calle pese a llevar ocho años pagando el alquiler. "Este año veíamos que se acercaba la fecha de finalización del contrato y teníamos la mosca detrás de la oreja de que nos podían subir el precio, pero no imaginábamos que no nos quisieran renovarlo –explican–. Pero hemos decidido quedarnos y luchar".

Escaso mantenimiento

Gracias al asesoramiento de las dos entidades, la pareja descubrió que la familia propietaria del piso, a la que nunca han visto, ya que solo tratan con un administrador, tiene muchos más pisos, que se sumarían a los del bloque entero de Floridablanca, 92 en el que viven.

Además del apoyo de las entidades y de los afectados que hoy les han acompañado a ocupar el Instituto Francis, cuentan con informes del ayuntamiento sobre las deficiencias de mantenimiento de su edificio. Estas probarían un presunto acoso inmobiliario del que se sienten víctimas, como otros inquilinos del barrio de Sant Antoni y del resto de la ciudad.