Restaurantes de la Barceloneta bajan la persiana contra los recortes en sus terrazas

Este mediodía el paseo de Joan de Borbó ha dejado de oler a paella durante una hora. Ha sido el tiempo en que una treintena de empresarios han optado por bajar las persianas de sus restaurantes en protesta por el reordenamiento de terrazas que ultima el ayuntamiento en la zona. La amenaza de recorte de un tercio de su espacio les sacude después de varios meses de obras de reurbanización del paseo que han afectado drásticamente a la facturación. Con ese caldo de cultivo, la movilización ha derivado en que los operadores han decidido plantarse en la calzada y cortar el tráfico, cazuelas en mano y a voz en grito contra la concejala de Ciutat Vella, Gala Pin.

El pasado mes un encuentro entre distrito y operadores ya acabó con estos dejando la mesa de negociaciones, ante el plan de que sus terrazas pasasen de ocupar cinco metros de ancho (en unas aceras de 15 metros, como hasta ahora) a contar solo con 3,8 metros. Desde entonces, lejos de haber acercamientos, el consistorio ha ido enviando notificaciones a los afectados, que estos se han negado a recoger. Ahora han comenzado a notificar las nuevas reducciones con testigos, según ha relatado Roger Pallarols, director del Gremi de Restauració de Barcelona.

En el paseo conviven distintas situaciones: restaurantes marineros con mucha historia y algún más reciente 'fast food', pero la patronal mantiene que la mayoría de terrazas están consolidadas en el barrio y representan una ocupación de aceras que ronda el 20%, mientras que la ordenanza marca un límite del 50%. "Estas obras de urbanización han sido el pretexto para reducir terrazas, dentro de la obsesión del distrito de perseguir al sector", ha añadido Pallarols, quien opina que la administración debería ser una aliada de la restauración como actividad económica clave de la ciudad, en lugar de ser "su contrincante".

Dos aceras, dos mundos

El presidente del gremio, Pere Chias, ha urgido al diálogo con el ayuntamiento. "Pedimos que la alcaldesa Colau haga que la concejala Pin se ponga a disposición del comercio afectado". Con el ánimo caldeado, los afectados -unos 30 locales que representan un millar de puestos de trabajo", aducen- han pasado a mediodía de cerrar sus establecimientos a plantarse en la calzada de Joan de Borbó para exhibir pancartas y consignas contra el consistorio. Como agravante, se lamentan algunos empresarios, el ayuntamiento "asfixia" la actividad económica legal del paseo, mientras que "tolera la actividad ilegal al otro lado de la calle·, donde se despliegan cientos de vendedores de top manta.   

Pallarols ha anunciado dos nuevos procesos contencioso administrativos, pese al pacto sectorial y la reciente modificación de la ordenanza de terrazas, a la vista de que Pin "incumple la legalidad y cronifica el conflicto". 

Un portavoz de la propiedad de L'Arròs, explica que en su caso perderán de tres a cuatro terrazas, cuyo impacto económico implicaría hasta dos trabajadores menos. Siguen a la espera de ver el proyecto completo del paseo y no solo parcial. Y recuerda que el primer tramo ha sumado tres meses de obras sin veladores. Como otros, considera que con más operarios la reforma habría sido más rápida y asumible.

Problema de espacio y mesas

Fuentes municipales replican que en el primer tramo "en la mayoría de los casos se mantiene o incrementa tanto el espacio que pueden ocupar las terrazas como el número de mesas que pueden poner, respecto del que tenían concedido hasta ahora en sus licencias", mientras que en el segundo "se está trabajando la propuesta de distribución de las mismas". El distrito destaca que "el espacio concedido respeta las distancias con los árboles para que puedan pasar las personas con movilidad reducida" y que haya una zona más de tráfico de paso (gente que sube y baja) y otra más de disfrute para el vecino, con bancos.  

Esta disparidad de versiones se basa en que desde hace tres lustros las terrazas de la Barceloneta no se acotaban por número de mesas sino por metros cuadrados asignados entre mamparas de separación, que cada cual amueblaba con más o menos sillas a su criterio, sin exceder su espacio. Con la ordenanza de Trias la distribución pasó a traducirse en mesas, aunque nunca se aplicó de facto porque minimizaba la cifra de mesas pese a mantener idéntico espacio. Por eso, el consistorio de Colau considera ahora que está incrementando mesas en el algunos casos, mientras que en la práctica es una reducción respecto a la realidad y a los metros cuadrados que tenían hasta el momento, explican los afectados.