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Polémica entre administraciones

Torra recorta en un 30% la aportación del Govern al Consorci de l'Habitatge de Barcelona

Territori informa a la entidad de que debe detraer 2,9 millones de 9 comprometidos para el 2018

El gobierno de Colau lo juzga inviable y conmina a la Generalitat a reconsiderar el tijeretazo

Toni Sust

Espacio en el que el ayuntamiento proyecta pisos de protección oficial en l aMarina del Prat Vermell.

Espacio en el que el ayuntamiento proyecta pisos de protección oficial en l aMarina del Prat Vermell. / Albert Bertran

El gobierno de Ada Colau vive en la indignación desde que la semana pasada recibió un aviso de la Generalitat en la que esta le anuncia, sin que estuviera previsto y sin que el consistorio tuviera indicio alguno de que podría suceder, un recorte de 2,9 millones de euros en su aportación al Consorci de l’Habitatge de Barcelona. Una aportación que ya era exigua: la proporción del consorcio debería ser de un 60% de la Generalitat y un 40% para el ayuntamiento, pero con los números del 2018 en la mano el Gobierno catalán aporta 9,1 millones de euros, el 24,9% del total, que asciende a 36,5 millones, y el consistorio, 27,4 millones, el 75%. Si se observa el gasto en vivienda ajeno al consorcio, la proporción es todavía más desequilibrada, de un 80% para las arcas municipales y un 20% para las autonómicas, según fuentes del ayuntamiento.

Y todo ello sucede apenas dos meses después de que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, presidiera en septiembre junto a la alcaldesa, Ada Colau, la reunión del consorcio, un encuentro en el que las partes constataron su desacuerdo, incluso en cuanto a lo que aporta cada una. De la reunión salió el propósito de que las partidas de la Generalitat crecieran y de que el desequilibrio inversor se paliara.

Correo electrónico

Pero el pasado 7 de noviembre, a las 16.16 horas, el gerente del consorcio, Javier Burón, recibió un correo electrónico del secretario general de la Conselleria de Territori i Sostenibilitat, Ferran Falcó, en el que le informaba de que el organismo tendría que atenerse a las consecuencias de un “ajuste en el presupuesto de gastos” de un 5% en los capítulos ll i lV, es decir, respectivamente, nóminas del personal –abogados, arquitectos, aparejadores, entre otros- y ayudas al alquiler y a la rehabilitación, y de un 10% en los capítulos VI y VII. En estos dos últimos casos se trata de las partidas de inversiones y subvenciones al capital, que no afectan al consorcio porque no las ejerce.

El mensaje precisa que la orden había llegado de arriba el 2 de noviembre: "El vicepresidente del Govern y 'conseller' de Economia (Pere Aragonès) nos ha comunicado que el ajuste a realizar en el caso del Consorci de l’Habitatge es el siguiente: 2.893.525,70 euros". "Dado que la entidad recibe aportaciones del departamento (de Territori), os comunico que no se podrá hacer efectiva la transferencia de fondos por el importe del ajuste y que tenéis que comunicar a la intervención general el ajuste por el importe indicado en vuestro presupuesto de gastos", prosigue Falcó.

El consorcio replicó al mensaje argumentando que el recorte que reclama la Generalitat no es viable y no responde a la ley, a la vista de las características jurídicas del consorcio. En concreto, que el Govern no puede recortar dinero que ya está comprometido, que no puede recortar nóminas, ni ayudas que ya están en trámite.

En puridad, subraya la respuesta del consorcio a Falcó, de los 36,5 millones de presupuesto del consorcio en el 2018, 35,9 millones ya están comprometidos, por lo que la cantidad sobre la que sí sería posible realizar el recorte del 5% asciende a 600.000 euros. La conclusión que acaba determinando la carta del consorcio es que la Generalitat sólo podría detraer 30.000 euros de los 9,1 millones de euros que ha aportado al organismo.

La reunión del consorcio en la que coincidieron Torra y Colau, en septiembre pasado.

La protesta política

Más allá de la argumentación técnica está la indignación política que el mensaje de la Generalitat ha causado en el gobierno de Colau. La expresa la teniente de alcalde de Derechos Sociales, Laia Ortiz: "La sensación es de perplejidad, no puede ser que el presidente se vea con la alcaldesa y le diga que subirá su aportación y que ahora nos llegue esa orden", afirma sobre la reunión de septiembre. Ortiz considera preocupante que se pida ese recorte y confía que se revierta. Y se pregunta si este caso es solo "la punta del iceberg" y si se preparan recortes en otros ámbitos.

La protesta del consistorio por la caída de la inversión del Govern en Barcelona se ha elevado en los últimos años y ha alimentado como concepto lo que se conoce como la deuda ciudadana. La alcaldesa reclama a la Generalitat 350 millones de euros por ese concepto, el de las cantidades que la Administración autonómica ha dejado de destinar a la capital catalana desde el 2011 en educación, sanidad y vivienda, a razón de unos 60 millones de euros anuales. Colau intentó en julio abordar el tema con la 'consellera' de la Presidència, Elsa Artadi, en el marco de la  comisión mixta entre el ayuntamiento y el Gobierno catalán. Y salió de vacío de la reunión.

El posible recorte en la aportación al Consorci de l’Habitatge de Barcelona no sólo ha indignado a los ‘comuns’ en el ayuntamiento. Consiederan que también refuerza su discurso, tan repetido estos días, de que los partidos independentistas deben ir más allá de la situación de los políticos presos por el procés y de la indignación que ha causado las penas de prisión que pide para ellos la fiscalía, y que se ha convertido en un obstáculo que algunos juzgan insalvable para que ERC y el PDECat voten los presupuestos pactados por el Gobierno de Pedro Sánchez y Podemos. Colau y Pablo Iglesias no dejan de insistir en que sería todavía peor que esas cuentas no prosperaran.

"Entendemos la excepcionalidad, pero hay muchas cuestiones que no pueden esperar más", afirma Ortiz, que confía en que la Generalitat reconsidere la orden enviada la semana pasada al Consorci de l’Habitatge.