CONFLICTO SOCIAL Y ECONÓMICO

Sin plan de choque estival para el 'top manta'

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Patricia Castán

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No habrá un plan de choque estival contra el top manta este año como reclamaba el sector del comercio en Barcelona. El objetivo del ayuntamiento es afrontar este fenómeno integrando socialmente mediante más "contratos de trabajo temporales" a los inmigrantes sin papeles abocados a esta actividad ilegal para subsistir. Un reto que depende de posibles cambios en la ley de extranjería alentados por el nuevo Gobierno socialista, según ha destacado hoy jueves el primer teniente de alcalde, Gerardo Pisarello, consciente de que la crisis humanitaria y migratoria que vive Europa supone un "momento difícil" para abordar el tema. "No hay varitas mágicas", ha advertido, apuntando a la receta combinada de "prevención", coordinación entre administraciones y mucha actuación social.   

El guion vivido esta tarde en la sede del Síndic de Greuges era casi idéntico al de hace dos años, cuando Rafael Ribó ya dio un toque de atención al Ayuntamiento de Barcelona, de otros municipios, a la Generalitat y a la Delegación del Gobierno en Catalunya ante la proliferación del top manta. En esos dos años y tras tres reuniones, "el fenómeno persiste", ha alertado el Síndic, ampliando la carta de recomendaciones a las tres administraciones con las que se ha reunido. Pero las medidas propuestas (y consensuadas) abogan esencialmente por soluciones a medio y largo plazo, sin propuestas de alcance más inmediato, como viene reivindicando el comercio tradicional, que se siente perjudicado por la venta ambulante no autorizada. 

El presidente de la Plataforma de Afectados contra el Top Manta, Fermín Villar, ha expresado a este diario su desilusión por la "falta de voluntad política" para erradicar la venta ilegal. No quieren "persecuciones ni represión policial", pero sí una fuerte presencia de agentes en los puntos calientes desde primera hora del día para impedir que se asienten las mantas, y asesoramiento de tipo social ya in situ. Rechazan "la extensión" de estos mercados ilegales por la ciudad, citando como nuevos ejemplos a los Encants. Se ofrecen a promover convenios de inserción laboral.

Coordinación

Tras la reunción, Pisarello ha afirmado que el ayunntamiento la había solicitado tiempo atrás. Pero Ribó ha enfatizado que es la sindicatura la que reclama "medidas urgentes y efectivas" ante una situación que lejos de mejorar prolifera con las crisis migratorias y la dificultad en regularizar la situación de miles de inmigrantes con una ley de extranjería muy restrictiva. Según el defensor de las personas, en estos dos años algunas cosas se han hecho bien, y otras no tanto. Pero el resultado es que en el centro de Barcelona y en algunos municipios costeros operan cientos de vendedores sobre la manta. Sin cifrar.

Por ese motivo, el encuentro ha alineado también a la directora general de Comerç, Muntsa Vilalta; el jefe de los Mossos d'Esquadra, Miquel Esquius; el secretario de Igualtat, Migracions y Ciutadania de la Generalitat, Oriol Amorós; y la subdelegada del Gobierno central en Barcelona, Montserrat Garcia; así como representantes de la Diputació, el Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria de Barcelona, la Associació Catalana de Municipi y Comarques (ACM), la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), así como representantes de Sitges, Castelldefels, Roses y El Vendrell.

126 contratos de trabajo

Mientras el sector y algunas entidades de la ciudad aglutinadas en la plataforma de afectados llevan meses pidiendo que se recupere el espacio público y los partidos de la oposición lanzan críticas por un presunto efecto llamada por la tolerancia con la actividad, el ayuntamiento ha pedido hoy no "instrumentalizar" políticamente el asunto, que "afecta a ayuntamientos de todos los colores". Pisarello ha defendido la tarea social impulsada con el colectivo mantero, que se traduce en haber sacado de la calle, con contratos de trabajo, a 126 personas (un centenar con planes de ocupación, 17 en cooperativas y 11 en programas de inserción en Mercabarna). No obstante se espera llegar a 30 cooperativistas. 

El consistorio se ha escudado también en el parón que ha supuesto la aplicación del 155 tras el 1-O de cara a la coordinación de mossos y Guardia Urbana. Una situación ya superada y que junto con el cambio de Gobierno central hace ser más "optimista" al primer teniente de alcalde sobre la posibilidad de conseguir regularizar la situación laboral de más inmigrantes manteros.

Para Rafael Ribó, urge actuar en cinco ámbitos. Acaso el más destacado sea una mesa interadministrativa que se reúna cada tres meses y que analice los resultados obtenidos, donde esta vez tendrá presencia continuada el Síndic (la primera cita será el 30 de julio, con el verano a medias); también un plan de actuación social para promover ayudas y medidas de inserción laboral, como los contratos temporales que ya han planteado a la Delegación del Gobierno; de nuevo, sanciones y campañas informativas; actuación coordinada de las administraciones y "actuaciones en materia policial y de seguridad ciudadana", tanto para reducir el volumen del fenómeno este verano como para acabar con los canales de distribución de los productos ilegales.

Promesas de "erradicación" eliminadas

La plataforma de comerciantes y entidades también ha charlado esta semana con la sindicatura. Sobre la mesa había la promesa de apremiar a un ambicioso plan para acabar con la venta ilegal ambulante a finales de año, señala Villar. Curiosamente, la primera nota de prensa facilitada por la oficina del Síndic tras la reunión aludía al objetivo policial y de seguridad, bajo la coordinación del departamento de Interior, de "reducir el topa manta un 30% este verano y erradicarlo a finales de año". Poco después, esa nota se sustituyó por otra que hablaba genéricamente de "reducirlo este verano". Parte de los interlocutores no respaldaban esa tesis.