El comercio estudia acciones legales contra Colau por el 'top manta'

Gerardo Pisarello, primer teniente de alcalde, lucía en el pleno del Ayuntamiento de Barcelona del pasado viernes una camiseta de la cooperativa de exmanteros. Toda una declaración de principios de lo orgulloso que está el consistorio por haber promovido una vía para regularizar la situación laboral de este colectivo de inmigrantes vendedores ambulantes. La medida es obviamente integradora y positiva, pero los comerciantes de Barcelona consideraron la prenda "una provocación" en el contexto de varias semanas de quejas del sector por la proliferación de la actividad ilegal. Los afectados -desde tiendas de marca a pequeños feriantes del Port Vell a otras entidades- se sienten tan ninguneados que han convocado una asamblea para plantear acciones legales contra el ayuntamiento.

Gabriel Jené, de Barcelona Oberta, alude a ese gesto de Pisarello, tras haber sacado a la palestra el tema en la comisión especial de promoción económica. "No sabemos qué recorrido puede tener la vía legal, pero esta situación es insostenible", expresa Fermín Villar, presidente de la Plataforma d'Afectats pel Top Manta, que opina sus quejas "caen en saco roto" y el consistorio "no muestra voluntad de soluciones efectivas". Este colectivo integra a 36 entidades que aglutinan a unas 500 asociaciones, desde la Fundació Barcelona Comerç, Barcelona Oberta, Pimec, Comertia, los gremios de Restauració y Hotels de Barcelona, feriantes, numismáticos y otros colectivos de actividad económica, hasta agrupaciones ciudadanas, como la Associació de Veïns de la Barceloneta o sus Geganters, en este caso con el denominador común de la defensa de la ocupación legal de la vía pública.

Los representados apoyan las iniciativas impulsadas para integrar a los inmigrantes, que llegan a España sin papeles ni recursos u opciones de trabajo y se ven abocados a la venta ilegal. Pero las ven insuficientes. Se trata de un problema social grave que el consistorio trata de abordar desde esa vía y que de momento ha dado salida a 15 personas en la cooperativa para dignificar la actividad, distribuyendo su género -como la camiseta- en puestos legales. Pero las enormes cifras del fenómeno en la ciudad, donde es sabido que la presión policial es moderada a instancias de Ada Colau, hace complejo su abordaje.

En las últimas semanas se han producido dos redadas conjuntas de policía portuaria, Guardia Urbana y Mossos d'Esquadra en la zona litoral. En una de ellas se incautaron de miles de artículos. El problema es que las intervenciones puntuales son "poco efectivas", según la plataforma, porque al cabo de una hora las mantas regresan a las aceras. "Al haberse relajado la presión, se sienten confiados en la calle", relata Villar. Tanto, que ya no es necesario que algunos de manteros reserven las aceras al amanecer, sino que se van instalando hasta llegar a puntas de 500.

Actividad todo el día

A media mañana de hoy domingo, Carlos Manresa, restaurador, miembro de la Associació de Veïns de la Barceloneta y también de la de comerciantes, realizaba su habitual censo de la jornada. Eran 335 'puestos' -de distinta dimensión-, con 365 manteros, incluyendo una decena de personas que vendían comida más una veintena de 'controladores' que, móvil en mano, avisan de cómo está la situación policial y contactan con otras zonas. Cada día envía vídeos y fotos a las autoridades y redes sociales mostrando la ocupación de las aceras con enormes pareos y artículos falsificados, y cómo impiden la accesibilidad a restaurantes del Palau de Mar, por poner un ejemplo.

Los restauradores se quejan de que las mesas que exceden los límites de una licencia son multadas sin piedad, mientras que la actitud es "permisiva" con la venta ambulante no autorizada. "Defendemos los derechos de los manteros, pero que también que cumplan con las obligaciones del resto", dice Villar, aludiendo a alquileres de espacios, tasas por ocupación de la vía pública e IVA. 

La zona portuaria y el paseo Marítim se han convertido de nuevo en foco principal. Todo el tramo de Joan de Borbó, lleno desde el Portal de la Pau hasta la plaza del Mar, es territorio portuario. Pero en el litoral, el paseo Marítim es de gestión portuaria desde dicha plaza hasta el Hotel W (vela), mientras que hacia el otro lado (en dirección al Hotel Arts), es de responsabilidad municipal. La Guardia Urbana aparece con menos frecuencia de la que demanda el comercio y una parte del vecindario.

Opinión vecinal

Y es que en el seno vecinal de la Barceloneta hay distintas visiones del conflicto de convivencia de actividades. Desde la asociación L'Òstia rechazan la ofensiva policial y apelan a las medidas integradoras del colectivo desfavorecido, mientras que en la Associació de Veïns de la Barceloneta aplaude esas medidas pero creen que no bastan ante la "invasión del espacio público del barrio". "Hay momentos en que no se puede andar por el paseo", relata su presidenta, Carme Piera.

La tensa relación entre Port y ayuntamiento al respecto (por la concentración en la zona portuaria) ha mejorado desde febrero con la firma de un acuerdo de actuación conjunta en operaciones específicas en la zona de las tres fuerzas policiales, en base a que la normativa portuaria no permite la venta ambulante en su territorio pero el volumen de la actividad es tan inteso que la policía del puerto no puede abordarlo en solitario. La mercancía incautada siempre es destruida. El resto del tiempo -en teoría- las patrullas portuarias y de la Urbana se suceden por la zona.

Los otros puntos de concentración de venta son el subsuelo de metro y Rodalies de plaza de Catalunya, el parque Güell, parte de la Rambla y el paseo de Gràcia, la avenida de Maria Cristina por la noche, el entorno de la Sagrada Família... aunque sin el volumen del litoral.