BCN aprueba un decreto para blindar los entierros de beneficencia

A falta de funeraria pública, a falta de un pacto para ofrecer una fórmula de entierro más barata a los ciudadanos, Barcelona ha anunciado este viernes un avance en el frente mortuorio. A partir del acuerdo que la alcaldesa, Ada Colau, cerró en noviembre pasado con el grupo del PDECat, el consistorio ha aprobado un decreto que regula los servicios funerarios gratuitos o bonificados para personas que no cuenten con los recursos para costearse un entierro.

El ayuntamiento ha alcanzado un acuerdo con las principales empresas del sector, Mémora y Áltima, para blindar esos servicios y para regularlos. Hasta ahora, Mémora y Áltima ya los prestaban, previa selección de los servicios sociales, pero no había una tabla reguladora que delimitara quién tiene derecho a acceder a los servicios de precio reducido o gratuito. Ambas empresas aceptan cubrir -cada una en función de su cuota de mercado- este tipo de servicios hasta un coste anual de un millón de euros. El ayuntamiento costearía el resto si fueran necesarios más recursos.

En función del IRSC

En adelante (el decreto entrará en vigor en los próximos días), los servicios sociales emplearán como criterio para determinar si una familia tiene derecho a un funeral gratuito o bonificado el índice de renta suficiente de Catalunya (IRSC), fijado según la ley de presupuestos aprobada por el Parlament en el 2017 en 569,12 euros mensuales y 7.967,73 euros anuales. Para acceder a un servicio gratuito, una familia debe contar con unos ingresos iguales o inferiores al 0,66 del IRSC. Una persona que viva sola no podrá superar ingresos mensuales por 14 pagas de 525,87 euros; en una de un adulto y un menor de 16 años, el límite estará en 683 euros mensuales; en una con dos adultos y un menor, en 946,56 euros, y en una de tres adultos y un menor de 16 años, en 1209,49 euros, por citar algunos ejemplos.

Los servicios gratuitos a los que tendrían acceso familias en estas condiciones económicas son la recogida del difunto, el suministro del féretro, la “realización de prácticas higiénicas y sanitarias básicas sobre el cadáver, la colocación del féretro, el depósito del cadáver hasta su traslado a un cementerio o el crematorio que esté ubicado en Barcelona.

En el caso de la bonificación, las familias tendrán que contar con unos ingresos iguales o inferiores al IRSC y el ahorro que lograrán es del 20% del precio del servicio. Podrán contratar otros servicios pero hasta un máximo de 2.500 euros para poder mantener la bonificación.

Unas 2.500 familias beneficiarias

Tanto Mémora como Áltima han emitido comunicados este viernes celebrando el acuerdo y recordando que ya prestaban los servicios de coste gratuito o reducido. Mémora dice haber prestado "durante el último año" 300 funerales en estas condiciones. Áltima afirma que los servicios de beneficencia suponen un 2% del total en Barcelona.

El consistorio calcula que en la ciudad hay unas 2.500 familias que cumplen con las condiciones para poder acogerse al decreto, pero está por ver cuántas disponen de seguro de entierro y por lo tanto tienen el asunto resuelto. La concejala del PDECat Sònia Recasens precisa que hasta un 80% podría disponer del seguro, lo que deja el número real de familias beneficiarias potenciales en unas 600. En definitiva, el decreto cubre un espacio sensible pero afecta a un pequeño porcentaje de la población barcelonesa.

El concejal de Presidencia, Eloi Badia, se ha felicitado por la medida: "Es un gran acuerdo de ciudad, con las dos principales empresas del sector funerario, que también trabajamos con el PDECat. El acuerdo nos permite regular un derecho por primera vez. Hasta ahora estábamos en un terreno difuso. Ahora las familias sabrán si tienen derecho a un funeral gratuito o bonificado". También la concejala Recasens ha elogiado el decreto: "Valoramos mucho el decreto porque da cumplimiento a la necesidad de abaratar los servicios funerarios de forma realista y rigurosa. La ciudadanía necesita acuerdos posibilistas, a corto plazo, y no proyectos intangibles como la fallida funeraria pública", afirma Recasens.