Cornellà abre una línea de ayudas a trabajadores con sueldos bajos

El Gobierno de España hace meses que habla de la crisis en pasado. Es más, con un presidente fiel lector de las páginas de ciclismo del Marca no es de extrañar que hasta se presuma de que la economía española va en cabeza en las prueba de montaña, las de crecimiento previsto del PIB, por encima de la media europea. Punto y aparte. El Ayuntamiento de Cornellà acaba de aprobar este viernes un programa de ayudas económicas para vecinos de la ciudad con trabajo y que, aún así, son pobres. Cuando en su día se anunció que nada volvería a ser igual tras esta crisis, nadie previó que a lo que se referían los economistas era a la creación de un nuevo grupo social, los trabajadores estadísticamente pobres. La inciativa de Cornellà es probablemente pionera. Está por ver si además, preocupantemente, deberá ser también duradera.

El plan de mejora de las rentas bajas, así lo ha bautizado el equipo de de gobierno que preside Antoni Balmón, nace con una dotación inicial de un millón de euros y un calendario previsto de dos años. Tiene dos patas. Una parte del presupuesto disponible se destinará a complementar los salarios más bajos a cambio de unas horas de trabajos para la comunidad. La otra parte, a correr con esa parte de los gastos escolares que bajo ningún concepto deberían quitar el sueño a las familias, como el pago de las becas comedor, la compra de material de estudio o la participación en actividades extraescolares.

469 euros brutos

La concejala de Educación y Política Social de Cornellà, Montse Pérez, explica que al programa de ayudas pueden acogerse los vecinos de la ciudad con unos ingresos mensiales brutos inferiores a los 1.071 euros. Los salarios por debajo de esa cantidad no son, lo sabe todo el mundo, inusuales. Incluso, en algunos sectores hasta son frecuentes. El propósito es que los beneficiarios firmen un contrato laboral con el Ayuntamiento de Cornellà para que, por 15 horas de trabajo, cobren un máximo de 469 euros brutos al mes.

Esta no es la primera ocasión que en Cornellà, gracias a la buena salud financiera de sus arcas, explora medidas de este tipo. Ya en el 2012, con la crisis en su sima más profunda, puso en marcha un plan consensuado con 40 entidades sociales que dio mucho y bien de qué hablar. En aquella ocasión, los destinatarios eran ciudadanos de Cornellà en paro. Se puso en marcha la contratación de 300 personas por periodos de seis meses (la limitación temporal venía fijada por la legislación española sobre planes de ocupación) para, por ejemplo, que maestros en paro trabajaran dande clases de refuerzo en las escuelas o que que parados sin formación específica colaboraran en tareas de carpintería y pintura en el mobiliario urbano de la ciudad. Aquel plan de ayudas se ha ido renovando periódicamente. Ahora, Cornellà solapa esas ayudas con las que se aprueban este viernes, destinadas a trabajadores en riesgo de exclusión social.

Según la concejala de políticas sociales, el ayuntamiento pretende ser flexible, amoldarse a las condiciones previsa de cada caso, es decir, que de ningún modo esas 15 horas de trabajo que se le demandan a los aspirantes interfieran en el resto de su vida laboral y que tampoco supongan un contratiempo mayúsculo en su vida familiar. “Es cierto que nos metemos en un jardín desconocido”, reconoce Pérez.  Es lo que tiene desbrozar por primera vez un camino. En cualquier caso, a la espera de conocer la demanda real que tendrá el plan entre los posibles beneficiarios y de sus resultados, su simple existencia subraya hasta qué punto las administraciones municipales han sido el airbag que ha impedido males mayores durante los peores años de la crisis y, en casos concretos como el de Cornellà, han intentado que no retrocedan las fronteras del bienestar. El ejemplo más claro de esa última afirmación es la demanda que el ayuntamiento presentó contra la Generalitat por desentenderse unilateralmente de la parte proporcional que le correspondía de la gestión de las guarderías infantiles. El pasado diciembre, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) le dio la tazón al ayuntamiento y condenó a la Generalitat a pagar 2,3 milones de euros al municipio por ese im pago. Aunque la cifra casi coincide con la que ahora Cornellà destinará a los llamados pobres con trabajo, lo cierto es, según la concejala Pérez, que la Generalitat aún no ha realizado ese pago.