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ACOSO INMOBILIARIO

La cuenta atrás de Feliciano en su piso del Poble Sec

Un vecino a punto de ser desahuciado ejemplifica la lucha que vive el barrio, donde solo el 10% de los pisos cuestan menos de 800 euros al mes

Patricia Castán

Fachada de la finca de la calle Murillo, 12 en el barrio del Poble Sec  donde vive un hombre al que van a desahuciar esta semana.   

Fachada de la finca de la calle Murillo, 12 en el barrio del Poble Sec  donde vive un hombre al que van a desahuciar esta semana.    / DANNY CAMINAL

Ya está todo listo para montar una nueva trinchera vecinal a pie de Murillo, 12. Allí resisten Feliciano y su familia, tras una epopeya para mantener un techo asequible. La historia, documenta el Sindicat de Barris del Poble Sec, se inicia cuando un grupo inversor adquiere la finca para rehabilitarla y hacer pisos de diseño. Por el camino se han descabalgado una veintena de familias, pero Feliciano no aceptó los 5.000 euros iniciales que le ofrecieron por dejar el piso antes de que finalizase el contrato.

Como la estrategia no funcionó, optaron por subirle la renta. El sindicato le recomendó que siguiera pagando los 400 euros mensuales de siempre, al considerar "ilegal" el incremento. Pero la propiedad de la finca dejó de aceptar el pago, según denuncia el colectivo, hasta que el caso se ha saldado en orden de desahucio. El del miércoles 24 será el segundo asalto y los vecinos pretenden "tratar de impedirlo".

Esta angustia se suma a haber convivido con meses de obras en el resto de viviendas, escaleras apuntaladas y casi inaccesibles, ruidos y mil molestias que glosan como "acoso inmobiliario".

A la espera del desenlace, en el Sindicat ven esperanza en los casos con final -medio- feliz, como el de Maribel y Enric, en situación crítica al morir su madre, titular de un contrato de renta antigua. Pese a llevar toda la vida en la finca, se vieron abocados a la calle, con 69 y 55 años. La movilización se ha saldado con un piso de alquiler asequible (dentro del programa que promueve el consistorio entre propietarios) en el propio barrio.

Acción y reacción

La información que están facilitando a las fincas de propiedad vertical es clave, porque el colectivo considera que si los propietarios encuentran resistencia o procesos judiciales, se lo piensan antes de vender a fondos de inversión y afrontar un posible perjuicio económico por el camino. 

En algunas inmobiliarias de la zona admiten que en los últimos meses los precios se embalaron, pero tras la inestabilidad política del 1-O la venta se ralentizó, y con ella las subidas. Pero la búsqueda de piso de alquiler sigue siendo una locura, cuando menos de un 10% de la oferta de la zona en los portales inmobiliarios está por debajo de 800 euros. Y siempre son bajos, quintos sin ascensor y micropisos. "El otro día anunciamos un bajo de 30 metros interior a 550 euros y en unas horas tuvimos 70 peticiones, tuvimos que retirar el anuncio", explican en una agencia. Casi todo el mundo entra en su oficina dispuesto a abonar a partir de 900 euros, y a buscar compras de unos 250.000, algo solo posible con pisos poco amplios.

El sinsentido del bucle es que los propios vecinos paralizaron los planes de peatonalización de la calle de la Concòrdia, temerosos de que "ponerla bonita" disparase el interés inmobiliario, como ha sucedido en la calle de Blai (repleta de bares), el Born, Sant Antoni, el Gòtic y tantos sitios. El barrio se debate entre un pasado popular y un futuro que algunos venden como 'superfashion', aunque esos nuevos negocios que van irrumpiendo no implican comercio de proximidad, se quejan los activistas. Un barrio para visitar y figurar más que para vivir.

En paralelo, comerciantes de la zona reclaman hace tiempo un plan dinamizador de su economía y que arrastre más turismo al barrio, mientras no pocos residentes reivindican no barrer a la "población pobre", sino mejorar sus condiciones para evitar problemas de convivencia. Y ven en el turismo lo contrario a un remedio.  

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