El documento para evitar que vecinos de Barcelona ingresen en el CIE estará en diciembre

El teniente de alcalde de Derechos de Ciudadanía de Barcelona, Jaume Asens, ha anunciado este jueves que el ayuntamiento empezará en diciembre a emitir el 'documento de vecindad' documento de vecindad'con el que pretende evitar que ningún vecino en situación administrativa irregular ingrese en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) y sea expulsado.

Con el documento, el Gobierno de Ada Colau pretende que los jueces descarten enviar a inmigrantes a los CIE al acreditar su arraigo e integración en la ciudad, lo que disminuye o elimina su riesgo de fuga.

El documento pretende demostrar la integración y arraigo de las personas que están en situación irregular y pueden solicitarlo personas a partir de 18 años que acrediten que llevan un año en España y al menos seis meses en Barcelona, algo que se comprobará preferentemente mediante el padrón.

Expulsión

El director de Atención y Acogida a Inmigrantes, Ramon Sanahuja, ha resaltado que el documento no regulariza la situación de las personas, porque no es competencia del ayuntamiento, y "tampoco es un seguro sobre la expulsión, porque el juez determina si lo estima o no", ha dicho para evitar que se generen falsas expectativas.

Se tramitará desde las Oficina de Atenció Ciutadana (OAC) y se obtendrá unas cuatro semanas después de solicitarlo, ha detallado Sanahuja, que ha dicho que el decreto para impulsarlo todavía no se ha aprobado definitivamente porque se están resolviendo alegaciones que presentó el PP.

"Lo que queremos es crear una nueva legalidad municipal", ha destacado Asens, quien ha asegurado que otras ciudades se han mostrado interesadas en replicar la iniciativa o impulsar medidas similares.

Críticas al CIE

Asens ha tachado de situación anómala que se prive de libertad a personas que solo han cometido una falta administrativa: "Nadie hace lo mismo con los europeos" en otros lugares del mundo, ha aseverado, y ha resaltado que impulsan este documento mientras no logran cerrar el CIE de la Zona Franca.

Ha recordado que el ayuntamiento emitió una orden de precinto del CIE en marzo por no contar con el permiso y las medidas de seguridad adecuadas --"observamos que el CIE no tenía papeles y cometía una irregularidad administrativa", ha dicho--, pero que el Gobierno central optó por mantenerlo abierto en lo que Asens ve como una actitud de deslealtad y desobediencia.

Ante esta situación, el ayuntamiento optó por llevar al Ministerio de Interior a los tribunales, y ha presentado un recurso contencioso administrativo a la Audiencia Nacional, algo que hizo el 24 de octubre, han explicado fuentes municipales a Europa Press.