Barcelona dará un documento de vecindad que demuestre el arraigo de simpapeles

Manteros

Manteros / JOAN PUIG

TONI SUST / BARCELONA

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Barcelona se propone incrementar su esfuerzo para atender a los extranjeros que viven en al ciudad en situación irregular. El teniente de alcalde de Derechos de Ciudadanía, Jaume Asens, ha presentado una medida de gobierno que persigue asegurar el acceso de este colectivo a los servicios municipales que cuenta con diferentes apartados, entre los que destacan la promoción de el empadronamiento, la oferta formativa, y su utilización para lograr la regularización, como se ha hecho en el caso de manteros, en un proceso todavía por completarse. La “medida estrella” del plan, en palabras de Asens, es la creación de un documento de vecindad que acredite su arraigo.

Para lograr el documento, que se empezará a otorgar en septiembre, se requiere una residencia mínima de un año en España y de seis meses en Barcelona. En cada caso habrá una entrevista personal para concretar el arraigo. Está por determinar el plazo de validez que tendrá este certificado.

El objetivo, según ha precisado el teniente de alcalde, es lograr que personas que viven integradas en Barcelona pero no cuentan con reconocimiento legal puedan demostrar sus raíces en la ciudad y eviten así ser internados en el centro de internamiento para extranjeros de la Zona Franca (CIE) e, incluso, deportados.

ARGUMENTOS ANTE EL JUEZ

Asens ha recalcado que, pese a los internamientos en el CIE, hay un gran grupo de extranjeros en situación irregular que no son expulsados y que en muchos casos han llegado a Barcelona trasladados desde los puntos en los que intentaron entrar en España, como Ceuta y Melilla. Una vez no pueden ser expulsados, se quedan solos y sin recursos.

El concejal también se ha referido a los inmigrantes que, estando en situación regular, la pierden por quedarse sin trabajo, lo que les deja legalmente a la intemperie pese a que cuenten con una situación de arraigo innegable y residan con su familia en Barcelona.

“Nosotros, a diferencia del Estado, que trata a estas personas como números, los tratamos como personas”, ha afirmado Asens. No se tratará de un carnet que sirva como identificación, un DNI alternativo, sino de un documento que acreditará, según las circunstancias de cada caso, las raíces de la persona en la ciudad: vínculos familiares, formación recibida, vida laboral previa, situación económica, empadronamiento o prueba de domicilio. Todo, con la idea de convencer al juez de que es más lógico que esté en su casa que en el CIE.