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Los Pelúos aceptan el destierro de la Mina para zanjar la guerra entre clanes

Un pacto no escrito retorna la calma al barrio tras una crisis que llegó a desplazar a 500 personas

Mossos y Generalitat crearon sendos gabinetes de emergencia para contener un conflicto para el que no bastaba el Código Penal

GUILLEM SÀNCHEZ / BARCELONA

Una imagen de la Mina, con el busto de Camarón.

Una imagen de la Mina, con el busto de Camarón. / RICARD CUGAT

La lucha entre clanes gitanos ha finalizado con la expulsión de los Pelúos del barrio de la Mina (Sant Adrià de Besòs). Más de diez familias, que se criaron en pisos como los de los edificios de la calle de Venus o de Marte, han aceptado su destierro definitivo del vecindario como castigo suplementario por el asesinato que cometieron siete jóvenes el 24 de enero del 2016 en la discoteca 'Nirvana' del Port Olímpic de Barcelona. 

Este crimen, del que ya se ha cumplido un año, sumió a la Mina en una crisis profunda. Y su resolución ha recordado que la ley gitana, encaje o no dentro del Código Penal, sigue vigente. 

SIN VALOR DE LEY

Los Mossos d’Esquadra investigaron y resolvieron el 'caso Nirvana' en pocas semanas. El sello de 'cerrado' se incrustó en la carpeta del crimen del Port Olímpic con el arresto del autor material del homicidio y de un colaborador, así como con la imputación de los otros cinco implicados.

Pero la detención de los siete agresores no bastó para sofocar el conflicto. De hecho, no había hecho más que empezar. La víctima era un miembro del clan de los Baltasares, una familia respetada -y temida- que juró vengarse. Los autores del apuñalamiento pertenecían a familias de los grandes clanes de los PelúosZorrosManuel y Cascabel, residentes en la Mina y en Sant Roc (Badalona). Según la ley gitana, de transmisión oral, "un muerto se paga con otro muerto". Y la venganza de los Baltasares no iba dirigida solo contra los responsables del crimen sino también contra sus familias, sin importar el grado de parentesco, si no se marchaban de sus lugares de residencia. Una tradición vinculada a las raíces nómadas del pueblo gitano, que para facilitar la convivencia dicta que los parientes del asesino deben partir para no ofender a los de la víctima.

LA HUIDA 

Más de 500 personas huyeron aterrorizadas de la Mina y de Sant Roc durante los tres días que duró el entierro del joven baltasar asesinado. La venganza, también según las mismas leyes gitanas, no podía comenzar a ejecutarse hasta que terminaran las ceremonias funerarias.

Para entonces, en varias comisarías de los Mossos d'Esquadra ya habían saltado todas las alarmas, conscientes los policías de que los Baltasares estaban dispuestos a aplicar la ley gitana "con su máxima intensidad", reconoce el portavoz del cuerpo, el intendente Xavier PorcunaRamona, la madre del fallecido, lo dijo públicamente en una entrevista con este diario, en la que aseguró que a los siete agresores les "esperaba la pena de muerte" y que si sus familias no se iban "harían una masacre". La policía catalana dio traslado de estas declaraciones a la fiscalía, que decidió no actuar al interpretar estas palabras como el eco del dolor por la pérdida de su hijo y no como una amenaza consistente. 

32 INCIDENTES REGISTRADOS 

Los Zorros y los Cascabel fueron indultados por los Baltasares a los tres meses. Los Manuel regresaron después del día de Todos los Santos del año pasado, en noviembre. Los Pelúos que han podido volver a la Mina en último lugar son los que no guardan un parentesco directo con los agresores. Es decir, los que no son ni padres, ni hermanos, ni tíos, ni primos hermanos. Sí han podido regresar todos a Sant Roc, un barrio en el que los Pelúos ya eran mayoría. El acuerdo, según fuentes de la familia de los Pelúos, "no se ha redactado" y ha terminado siendo algo más "tácito" que "verbalizado".

Los Baltasares, durante este año, no han llegado a culminar su venganza, según subraya el portavoz Porcuna. Hasta el mes de noviembre, cuando regresaron las últimas familias con permiso para volver a la Mina, se registraron 32 presuntos incidentes. Fueron "actos vandálicos, presencia de hombres con pistola en al vía pública, heridos por arma de fuegorobosincendios, extorsiones agresiones a policías", enumera Porcuna. "De ninguno de estos episodios -asegura el portavoz- puede afirmarse que guarde relación con una venganza de los Baltasares".

Cuando los Manuel volvieron a entrar en sus casas, vacías desde hacía ocho meses, el dispositivo policial "se relajó". Pero se mantiene -todavía sigue- con un ojo abierto.

CALMA FRÁGIL 

Estos días la paz, o algo parecido tras meses de máxima tensión, ha vuelto a Sant Roc y, en muchos sentidos, también a la Mina. En la escuela Mediterrani, donde acusaron el miedo de los primeros días, uno de sus maestros asegura que ahora sienten que "ha vuelto la calma". El alcalde de Sant Adrià de Besòs, Joan Callau, confirma esta sensación. Y tampoco duda en describir el episodio vivido como el "más grave" que han originado y sufrido las familias gitanas de la Mina. Tendrán que "cambiar cosas" para evitar esto en el futuro, pero estas modificaciones "deben producirse en el seno de esta comunidad", avisa el alcalde. 

Un vecino con más de 40 años de antigüedad en el barrio, que no quiere identificarse, asegura que el conflicto se ha cerrado "en falso" porque "no hay calma" en la calle "sino miedo": el que infunden los clanes más poderosos (JodorovichManolos y Baltasares), "con mucho peso" en las negocaciones oficiales desde la Federación de Asociaciones Gitanas de Catalunya (FAGIC). 

DESPLIEGUE DE 24 HORAS 

Esta crisis ha obligado a los Mossos a tejer un dispositivo que protegiera los vecindarios amenazados durante las 24 horas y, al mismo tiempo, las casas que ocuparon las familias desplazadas. El Área de Mediación, en manos del inspector Xavi Pastor, se ha enfrentado sin descanso -durante muchos meses- a un desafío mayúsculo. Para comenzar la negociación incluso fue necesario buscar "interlocutores válidos". 

La preocupación de la Generalitat, que nunca ha querido valorar públicamente el asunto, llegó a tal extremo que, por orden del 'president', Carles Puigdemont, se montó una mesa de trabajo interdepartamental con el único propósito de gestionarlo. Paralelamente, agentes de las distintas unidades policiales y demarcaciones afectadas se reunían prácticamente cada semana (24 veces en total) para estudiar día a día una situación que podía descontrolarse. Miles de horas de vigilancia y de negociación dentro de un plan de contención activado sin que "ni uno solo de los exiliados llegara a presentar una denuncia por amenazas en todo este tiempo", subraya Porcuna.