Frente para que Colau limite solo al centro la suspensión de alojamiento

El anuncio de la suspensión de licencias de alojamiento en toda Barcelona, el pasado 2 de julio, fue el primer cañonazo de la era Colau contra un sector económico en auge pero cuestionado en la ciudad. Levantó un alud de críticas por parte de los sectores afectados y de los partidos de la oposición, que finalmente se van a traducir hoy en la petición formal de una marcha atrás en la drástica medida. Ciutadans y el PSC llevan el tema a una comisión extraordinaria, urgiendo información sobre el impacto de la moratoria. En base a los datos solicitados se reclamará "el levantamiento parcial de la suspensión vigente en aquellos barrios y para aquellos epígrafes de actividad que no generen conflicto". El propósito está claro: "No parar innecesariamente la actividad económica en la ciudad y la generación de ocupación". Contarán con el apoyo previsto de otros grupos de la oposición y con el aval moral de las patronales afectadas.

La iniciativa de la alcaldesa, hace dos meses y medio, fue súbita y buscaba hacer una foto fija de la oferta de alojamiento en la ciudad, su densidad y sus consecuencias, para a continuación regularla la próxima primavera. El sector hotelero asumió el cerrojo -que beneficia a quienes ya tienen negocios pero deja fuera de juego a unos 30 proyectos en marcha e hipoteca el crecimiento turístico de la ciudad- como algo inevitable que al menos daría paso a una normativa que acabase con la incertidumbre entre los inversores. Ayer, Manel Casals, director del Gremi d'Hotels aplaudió que los políticos "abran la reflexión y se responsabilicen hacia el sector". Agregó que el conflicto de los pisos turísticos ilegales convirtió en víctimas a todo el sector del alojamiento, cuando los hoteles no generan problemas.

Sensibilidad

La patronal espera que otros grupos de la oposición que ya han mostrado "sensibilidad" sobre el tema se sumen a una medida que "no tiene sentido" para toda la ciudad. Aunque sea provisional, reivindican ese levantamiento parcial de la moratoria que permitiese "abrir en barrios con menos presión" y aportaría "cosas positivas". No solo para descentralizar el turismo, sino para evitar el éxodo de inversores, dice. ¿Se han notado los efectos? En el gremio aseguran que hay grupos hoteleros e inversores que no están dispuestos a esperar y que han optado por otros destinos. Darles una opción en distritos fuera del centro sería un balón de oxígeno, defiende.

También desde la asociación de apartamentos turísticos por días Apartur celebran la iniciativa política, pero van más allá. Enrique Alcántara, su presidente, recuerda que los pisos turísticos tienen otra moratoria previa activa, y pide que esta también se levante. "Hay que zonificar la ciudad. Es irreal pensar en crear más plazas en Ciutat Vella o el Eixample pero hay muchos barrios sin apenas oferta y que servirían para redistribuir el turismo", mantiene. Una tesis que suscriben los expertos en turismo consultados por este diario el pasado 12 de julio.

La comisión extraordinaria de esta tarde fue solicitada la semana pasada por Ciutadans y el PSC. De hecho, desde ERC se censuró que se forzara la convocatoria teniendo en cuenta que este era un tema ya previsto para las comisiones ordinarias que se celebrarán los días 22 y 23, las primeras del nuevo gobierno, casi cuatro meses después de ganar las elecciones y cerca de los 100 días al frente del ayuntamiento.

Unión

A la espera de las negociaciones entre los grupos municipales que todavía se desarrollaban ayer por la tarde y que proseguirán esta mañana, todo apuntaba a que por lo menos CiU y PP apoyarían la propuesta. Lo más probable es que ERC también se sume, dijeron fuentes de este partido. Con el sí de los tres partidos más los dos que han impulsado la iniciativa, Barcelona en Comú volverá a perder una votación, como ayer sucedió con los manteros. Su fragilidad, con 11 de los 41 concejales del pleno, será evidente de nuevo, siempre a la espera de que superado el 27-S se puedan sentar a negociar con republicanos y socialistas.

La declaración se dedica sobre todo a reclamar al gobierno de Ada Colau que entregue los informes y estudios sobre el impacto económico que ha tenido y tendrá la aplicación de la moratoria. Otro de los asuntos en los que insistieron la jefa de filas de Ciutadans, Carina Mejías, y el del PSC, Jaume Collboni, es en la posibilidad de que el ayuntamiento reciba reclamaciones por daños y perjuicios de damnificados por el veto.

En lo que sí hay consenso es en la diferenciación que la oposición pide a BC de los distintos barrios. Con la información sobre la mesa, los partidos insistirán en que se levante parcialmente la moratoria en distritos como Sant Andreu, Nou Barris o Les Corts. Parece claro que todos coinciden en que Ciutat Vella y el Eixample sí padecen una saturación.