Colau cobrará 100.000 euros, el sueldo máximo que permite la ley

Primer pleno municipal de la era Colau. Barcelona estrenó el martes el hemiciclo más plural de su historia, con siete grupos municipales, que obligará a un esfuerzo de concertación por parte de todos. Es también, como ella misma se encargó de recordar nada más comenzar, la primera vez que una mujer está al frente del ayuntamiento de la capital catalana, tras 119 hombres. Pero los jirones en la ropa de los concejales, fruto de las complicadas negociaciones de las últimas semanas a cuenta de los sueldos y el cartapacio, traspasaron los discursos del gobierno y la oposición en forma de reproches.

Para empezar, los sueldos de la alcaldesa y los concejales. A pesar de que Barcelona en Comú (BC) ya hace días que dio por perdida su propuesta de rebaja de las retribuciones, el frente común de cuatro de los seis grupos de la oposición (CiU, Ciutadans, PSC y PP) demostraba la debilidad aritmética con la que gobierna la alcaldesa Ada Colau, que tiene solo 11 de los 41 concejales. Fruto de ese acuerdo a cuatro bandas, los salarios se quedarán como estaban. Con una sola excepción.

REPROCHE DE ERC

La excepción recae en la propia Colau, a quien la ley obliga a bajarse el sueldo a 100.000 euros brutos anuales. Tanto el portavoz de CiU, Joaquim Forn, como el de Ciutadans, Paco Sierra, instaron a huir "de demagogias" si lo que se quiere es abrir un debate acerca de lo que cobran los cargos directivos municipales, por ejemplo los gerentes. Esa era justamente la propuesta de ERC, que se decantó por una abstención como voto de confianza a BC a cambio del compromiso de elaborar un código ético.

A la segunda teniente de alcalde de Derechos Sociales, Laia Ortiz, se le ocurrió decir que buscarían el momento para elaborarlo a lo que, en su respuesta, el concejal de ERC Jordi Coronas le afeó la falta de palabra y le instó a cumplir cuanto antes. Está claro que en este mandato no habrá ninguna cesión gratis.

SOMETIDOS A SU CÓDIGO ÉTICO

Con los sueldos congelados, a BC solo le queda su propio código ético, que fija que sus ediles no pueden cobrar más de 2.200 euros netos al mes por 14 pagas; es decir, 32.300 netos al año. La diferencia entre esta cantidad y la que realmente percibirán la donarán, Colau incluida, aunque aún no han aclarado a quién. En el caso de la CUP, que rebaja aún más el sueldo de sus representantes (1.600 netos mensuales), el excedente se destina a "luchas sociales".

La portavoz de la CUP, Maria Rovira, fue la más beligerante en los apelativos. Apartado por decisión propia de las negociaciones bilaterales entre gobierno y oposición sobre el espinoso tema retributivo, el reparto de los cargos de confianza y la representatividad en las cinco empresas municipales, el grupo de la izquierda anticapitalista cargó duramente contra unas retribuciones que, por ejemplo, estipulan que los asistentes a un pleno o a una comisión se embolsen 1.500 euros por sesión, protestó Rovira.

TODO IGUAL EN BSM

Aunque el equipo de gobierno había puesto sobre la mesa inicialmente que quería que los consejos de administración de Barcelona de Serveis Municipals (BSM), Barcelona d'Infraestructures Municipals (BIMSA), Barcelona Activa, Foment de Ciutat Vella y Cicle de l'Aigua estuvieran ocupados por técnicos y no por políticos, el agrio debate de los últimos días le disuadió de hacerlo y al final reculó.

La oposición le acusó de tratar de silenciarla, algo que BC, por boca de  Ortiz, negó tajantemente. Las cosas quedarán tal como estaban y solo en BSM (la empresa con más poder, que gestiona el 10% del presupuesto municipal) se reproducirá la representatividad del pleno, es decir, que la oposición podrá imponerse al gobierno. En el resto, el gobierno conservará la mayoría del consejo.

UN EVENTUAL MÁS AL PP

El pleno también repartió responsabilidades en el Àrea Metropolitana, el Consorci de la Zona Franca y el CCCB. Este ámbito se pactó sin problemas. Donde sí habían saltado chispas en la negociación había sido en el reparto de los 92 cargos de confianza, que bloqueó las conversaciones varios días. El lunes por la noche, en aras del consenso, el gobierno acabó cediendo uno más de los cargos que se atribuía, quedándose con 51. Así, el PP, el único que no aceptaba el pacto, dio el último sí.