Barcelona se atasca con el sueldo de los ediles y las empresas municipales

El gobierno de Ada Colau y la oposición deberán seguir negociando entre hoy y el lunes para un acuerdo que les permita celebrar el primer pleno el martes y empezar de una vez por todas el mandato municipal en la capital catalana. Si lo que ha ocurrido desde la investidura de la alcaldesa de Barcelona en Comú (BC) es preludio de lo que se espera en los próximos cuatro años, la vida municipal en la capital catalana será convulsa.

Los cuatro asuntos que han capitalizado el conflicto tienen solo que ver con la organización del gobierno y de los seis grupos de la oposición. Es la primera vez que los 41 concejales se reparten entre siete fuerzas, que el pleno está tan fragmentado. BC ha decidido de momento gobernar en minoría, con 11 ediles, una situación de fragilidad que tampoco se había vivido antes en Barcelona.

LA LEY LO COMPLICA MÁS / Esta excepcionalidad es la que explicaría en parte las dificultades para distribuir los poderes y contrapoderes. Si además se suma la ley de racionalización y sostenibilidad de la administración pública (ARSAL), que recorta el número de cargos de confianza con los que puede contar un ayuntamiento y las retribuciones máximas del alcalde, la situación aún se complica más. Ayer, tras otra reunión de la junta de portavoces de más de dos horas, solo lograron salir con el pacto acerca del número de comisiones, el nombre y temas que se tratarán y qué partido las presidirá.

El esquema inicial que había planteado BC situaba en una misma comisión asuntos tan variopintos como Seguridad o Cultura, había censurado la oposición. Colau y su equipo querían reducir como fuera el número de comisiones, que ahora eran seis, y pasar a cuatro. Estos órganos son de gran importancia porque en su seno se debaten las propuestas que posteriormente se llevan al pleno, además de la tarea fiscalizadora de la oposición con preguntas que obligan a tomar partido, por ejemplo, sobre asuntos de actualidad.

ERC LO VE INSUFICIENTE / En los salarios que BC propone para la alcaldesa y los tenientes de alcalde (el 27% menos en el primer caso, de 109.000 euros a 80.115, y el 24% en los segundos, de 98.192 a 75.019), y los ediles del gobierno y la oposición, presidentes de comisiones o distritos o asesores tampoco hay pacto. CiU, Ciutadans, PSC y PP recordaron la congelación salarial que se aplica desde el 2008 en el ayuntamiento, a la que siguieron dos rebajas salariales del 10% y del 7% en el 2010 y el 2012, respectivamente.

Consideran que sus sueldos están bien como están mientras que BC apuesta por una nueva reducción de las mensualidades de los cargos electos. La más cuantiosa es la que propone para la alcaldesa, el 27% menos que lo que ganaba Xavier Trias, rebaja a la que en parte le obliga la ley. El resto oscila desde quedarse igual para los ediles rasos hasta bajarlo el 24% (véase el gráfico). ERC solicitó ayer ir más allá y que estos recortes en las remuneraciones «se extiendan a los gerentes, comisionados y cargos de dirección», propuso Jordi Coronas.

Salga o no adelante esta iniciativa sobre los sueldos, todos los cargos electos de BC cobrarán 2.200 euros netos por 14 pagas, recordó Pisarello. Lo que no han decidido todavía es qué harán con la diferencia.

PP Y CUP SIN PRESIDENCIAS / En la negociación de ayer sí se acordó que la comisión de Presidencia, Participación y Seguridad la presida CiU; la de Economía y Hacienda, Ciutadans; la de Derechos Sociales, Cultura y Deportes, ERC, y la de Urbanismo y Ecología, el PSC. Solamente PP y CUP, que tienen tres concejales cada uno, se quedarán sin.

Pero más allá de este reparto, ningún consenso más. El verdadero conflicto está en los consejos de administración de las cinco empresas municipales: BSM (Barcelona de Serveis Municipals), BIMSA (Barcelona d'Infraestructures Municipals),  Barcelona Activa, Foment de Ciutat Vella y Cicle de l'Aigua. Históricamente en estas firmas, a pesar de que el gobierno estuviera en minoría, siempre tenía la mayoría en los consejos. Pero ahora la oposición quiere que esto cambie y que se refleje la representatividad del pleno en estos órganos, lo que dejaría a BC en una situación más débil aún.

EVITAR EL BLOQUEO / El primer teniente de alcalde de Trabajo, Economía y Planificación, Gerardo Pisarello, se quejó: «No es legítimo que se nos quiera bloquear». Y dejó entrever que este tema sí que es realmente capital para ir al pleno con la seguridad de que se apruebe. Han consentido, vino a decir, con los cargos eventuales, pero en la gestión de las empresas municipales no piensan hacerlo. Se le entendió todo. «Hemos hecho muchas cesiones pero si ahora aparecen posiciones de bloqueo deberemos comenzar otra vez de cero», lanzó.

Acto seguido sacó su cara más conciliadora y se mostró esperanzado con que lleguen a un acuerdo con los grupos de la oposición, aunque la CUP se mira estos temas desde la distancia y no ha dado batalla ni con los eventuales ni con las comisiones ni de las remuneraciones.