La patronal de los clubs de alterne acusará a los policías sobornados

La luz se fue ayer de los juzgados de Barcelona y fue la mejor excusa para que la magistrada Elisabet Castelló aplazara nuevamente su decisión en relación a la petición de cárcel que el martes hizo la fiscalía para dos de los policías nacionales imputados en la investigación de los prostíbulos de Barcelona. Pero aún sin luz, el abogado Manuel Nieto, en representación de la Asociación Nacional de Empresarios de Locales de Alterne (ANELA), acudió a los juzgados para personarse en la causa. "Los empresarios del sector somos los grandes perjudicados de esta trama de corruptelas", contó Nieto, quien en su escrito recuerda las imputaciones por soborno que recaen sobre algunos funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía de Barcelona.

Nieto conoce bien a muchos de los policías ahora acusados. Abogado de profesión, es también inspector jefe de la Policía Nacional en segunda actividad, un régimen especial que permite a los funcionarios policiales dedicarse a otros quehaceres profesionales. En este caso, letrado de ANELA. "Si la magistrada no nos permite personarnos como acusación particular, lo haremos como acusación pública. Lo importante es que el sector se defienda de practicas delictivas y reprobables", dijo Nieto a este diario.

OPERACIÓN ILUSIONISTA

Entre los asociados de ANELA están, como no podría ser de otra manera, los propietarios de los clubs Riviera y Saratoga, dos de cuyos dueños están encarcelados desde hace dos semanas por esta misma investigación, junto al director de la sala Saratoga. Pero Nieto prefiere, mientras dure el secreto de las diligencias, no pronunciarse sobre el papel de estos empresarios encarcelados.

De momento, la denominada operación Ilusionista ha llevado a la cárcel a tres personas y ha imputado a otras cinco. Y falta por resolver la situación de dos inspectores jefes del CNP. Uno, Andrés Otero, ya no ejerce como policía y está trabajando en el sector privado. La jueza prorrogó un día más su detención, lo envió a la cárcel Modelo, y comunicó a su letrado que hoy le diría si lo mantenía en prisión. El fiscal anticorrupción solicitó para él cárcel sin fianza. A Otero se le acusa de haber hostigado a los responsables de los prostíbulos con redadas durante el primera año que fue enviado a la Unidad contra las Redes de Inmigración y Falsificación Documental (Ucrif), hasta que las operaciones policiales cayeron en picado. Fue cuando, presuntamente, empezó a recibir dinero para evitar las inspecciones o anunciarlas con el tiempo suficiente para que los encargados de los locales sacaran de los recintos a las mujeres en situación irregular.

Durante la última redada en el Saratoga, el pasado 6 de marzo, que provocó el precintó para los próximos seis meses, algunas prostitutas explicaron a los investigadores cómo en ocasiones había mujeres que eran obligadas a abandonar el local de forma precipitada porque "llamaba el amigo policía" y alertaba de que se iba a producir una redada.

UN JAMÓN POR NAVIDAD

La situación del inspector jefe de la Ucrif en activo es muy diferente. El fiscal solicitó para él prisión, pero eludible con una fianza de 5.000 euros. El hombre admitió conocer a los responsables de los clubs y haber recibido por parte de estos un jamón como obsequio navideño.

Sobre él no pesa acusación alguna de soborno. Los investigadores no creen que pueda haber cobrado a cambio de información reservada, pero sí cuestionan su actuación cuando fueron reventadas las dos taquillas de comisaría de un inspector de la Ucrif. Un hecho de vital relevancia en esta investigación porque este mismo inspector, Jordi Martín, fue el que declaró durante más de cuatro horas en la fiscalía para detallar e incluso documentar las presuntas irregularidades que cometían algunos de sus superiores.