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Ocho entidades apoyan una querella por acoso inmobiliario

El caso, en la calle de Robadors, fue investigado por la fiscalía y se archivó

ROSA MARI SANZ / BARCELONA

El presunto acoso inmobiliario del número 29 de la calle de Robadors, en el Raval, es probablemente uno más de los 10.000 que según la propia Generalitat se producen en Catalunya, la mayor parte, en Barcelona. Pero se ha convertido en un estandarte para entidades sociales que luchan contra el mobbing. Uno de los pocos vecinos que quedan en esa finca, Manel González, presentará una querella criminal contra los dueños, a quienes acusa de coacciones y ataque contra la integridad moral.

Lo anunció ayer, cuatro días antes de que por orden judicial --aunque espera una posible suspensión cautelar-- será desahuciado del piso en el que lleva 22 años, y acompañado por representantes de cuatro de las ocho entidades que le arropan en el proceso: la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB), la Comisión de Defensa del Col.legi d'Advocats de Barcelona, Arquitectes sense Fronteres y el Taller Contra la Violència Immobiliària.

El caso de esta finca, ante la Illa Robador, movilizó a los vecinos en el 2003 y sacó a la luz el fenómeno del acoso inmobiliario. Tres años después de reiteradas denuncias, la Generalitat instó en octubre del 2006 a la fiscalía a abrir una investigación que concluyó que no se trataba de un caso de mobbing. Sin embargo, ayer mismo el distrito de Ciutat Vella presentó una denuncia al Juzgado de Guardia contra la propiedad del bloque y estudia presentarse como acusación popular.

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