Un recurso contra la desocupación de 150 migrantes en Badalona enerva a Albiol: "Es una burla a la ciudadanía"

El desalojo de unos 150 migrantes que ocupan el antiguo instituto Badalona 9 (B-9) de Badalona está a punto de entrar en una nueva dimensión. De los pasados 16 y 17 de mayo datan un nuevo recurso contencioso-administrativo especial de protección de derechos fundamentales y las correlativas medidas cautelares de suspensión de la desocupación, presentadas ante un juzgado contencioso-administrativo de Barcelona por dos abogadas del Centre Irídia en defensa de los ocupantes.

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La argumentación que sustenta la petición de suspensión sigue la estela del precedente judicial que ya rechazó el desalojo, tras una primera acción ejercida por el Ayuntamiento de Badalona —el viejo instituto es de titularidad municipal—, por no ofrecer a los migrantes una alternativa habitacional y abocarles así "a una situación de completa vulnerabilidad", en palabras de la jueza del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 10 de Barcelona.

En esta ocasión, la defensa de los migrantes afirma la "grave vulneración" de derechos fundamentales, en caso de ser desalojados, como la dignidad de la persona, la salud o la protección de la vida familiar. Para ejemplificarlo, citan el caso de uno de los ocupantes con una capacidad reconocida del 65% además de "otras personas con problemas graves de salud". Es por ello que las letradas de Irídia estiman un "perjuicio extremadamente irreparable" en caso de hacerse efectiva la desocupación sin realojo previsto.

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Consultado por EL PERIÓDICO, el propio alcalde Xavier Garcia Albiol (PP) avanza que el Ayuntamiento de Badalona va a oponerse a las cautelares con el propósito de que no prosperen. "La petición de suspensión me parece una burla a Badalona, especialmente a la ciudadanía que lo pasa mal y tiene problemas pero no se dedica a ocupar espacios municipales", sostiene Albiol, quien descarta por completo que el consistorio vaya a ofrecer vivienda alternativa a los ocupantes incluso en caso de ser finalmente desalojados. La idea del edil, secundada también por otras fuerzas políticas de la ciudad como el PSC de Fernando Carrera —con la diferencia de que Carrera se opone a que la nueva comisaría sea compartida con Mossos—, es que el desalojo del B-9 dé paso a su posterior derribo y a la construcción de la segunda comisaría de Guardia Urbana de Badalona.

Albiol no duda en tachar a quienes habitan el B-9 de "ocupas violentos", imputándoles conductas como "graves problemas de delincuencia, tráfico de droga y prostitución". Interpelado sobre si tales hechos hallan base en inspecciones o pesquisas de la Guardia Urbana de Badalona, el edil admite ser conocedor de tales problemas delincuenciales "por la vía de los vecinos y de manera reiterada". A este diario también le constan testimonios vecinales de la zona en ese mismo sentido, que insisten en la preocupación y miedo que sienten en su día a día por la zona.

Los problemas delincuenciales no se explicitan, sin embargo, en los informes técnicos —elaborados a partir de una inspección 'in situ'— de la Guardia Urbana de Badalona consultados por este diario. Estos análisis sí alertan, como ya publicó este diario, del "gran peligro más que probable para los ocupantes" del "elevado riesgo de incendio" en la finca al estar manipulada su instalación eléctrica. Los informes del consistorio describen así las impactantes condiciones que caracterizan el interior de la finca: "Multitud de chabolas perfectamente separadas entre sí y con aceso a ellas a través de candado"; "fuerte olor a orín y excrementos por toda la finca"; "derribo de tabiques y obras precarias"; o "múltiple cableado colgando por las paredes en mal estado", por citar algunos ejemplos.

EL PERIÓDICO pudo acceder el pasado mes de febrero al asentamiento urbano objeto del desalojo y conversar con diversas de las personas —entre ellas había algunos niños menores— que viven allí, las cuales hablaron de más de 200 personas (las 150 son una estimación de la Guardia Urbana de Badalona) con una parte de residentes itinerantes. Este diario pudo comprobar 'in situ' la pobreza extrema en la que halla la maltrecha nave del viejo instituto B-9: muebles destrozados por todas partes; precarios habitáculos de madera; frágiles construcciones con ladrillos; gallinas y aves sueltas en los exteriores; un intento de bar y cocina y pasillos escolares reconvertidos en insalubres habitaciones.

El contexto de la acción judicial del Ayuntamiento

El proceso judicial en marcha, impulsado por el consistorio badalonés, se fundamenta en una acción de recuperación del dominio público de titularidad municipal basada a su vez en una resolución administrativa del pasado 5 de febrero que fue notificada el pasado 14 de febrero a ocho personas identificadas que se hallan ocupando la finca. El consistorio certifica que en el inmueble no consta ninguna persona empadronada.

Precisamente, la inexistencia de la mencionada resolución administrativa fue una de las dos carencias, en este caso formal, que reprochó la jueza en su resolución judicial de finales de enero consultada por este diario. Dicho de otra forma: un argumento para denegar el desalojo de los migrantes es que se accionó judicialmente sin un garantista proceso administrativo previo. La jueza recriminó así al consistorio que, antes de acudir a la 'vía rápida' del desalojo judicial, debería haber impulsado un procedimiento administrativo debidamente notificado (como sí ha ocurrido recientemente) a los ocupantes para que estos pudieran haber accedido voluntariamente al desalojo o, en su caso, hubieran recurrido o solicitado su suspensión.

El otro gran argumento aducido por la jueza para tumbar en primera instancia el desalojo fue que el Ayuntamiento de Badalona no ofreció alternativa habitacional a los 150 migrantes que desde septiembre del pasado 2023 malviven precariamente en el núm. 669 de la calle Alfons XII. En caso de ser desalojados de allí, consideró el auto judicial, "se les abocaría a una situación de completa vulnerabilidad", escenario que la magistrada tachó de contrario a la proporcionalidad que exige la medida.

De hecho, la jueza ya había exigido la citada alternativa habitacional al Ayuntamiento de Badalona en una providencia del pasado 25 de enero a la que también accedió este diario. En la resolución, previa al auto de denegación, la jueza requería al consistorio badalonés "si tiene previsto algún recurso residencial para ubicar" al más del centenar de personas que lo habitan. Que la administración local no lo propusiera fue uno de los argumentos para que la Justicia no estimara la desocupación.

"Nos quedamos muy sorprendidos con la resolución judicial: me parece una perversión del sentido común. Lo digo claro: el Gobierno de Badalona no está para dar vivienda a ocupas; me parece alucinante porque tengo una lista de espera de vecinos que llevan tiempo pidiéndonos recursos habitacionales, sin ir más lejos los desalojados de la C/Canigó", afirmó en aquel momento Albiol.