Generalitat y arquitectos pactan agilizar la inspección de edificios en mal estado tras el derrumbe de Badalona

El Departament de Territori, la Agència de l'Habitatge de Catalunya (AHC), el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC), el Consell de l'Arquitectura Tècnica de Catalunya y la Associació de Consultors d'Estructures (ACE) han firmado este lunes un convenio marco que tendrá que permitir "enviar rápidamente un equipo de profesionales a inspeccionar edificios con deficiencias muy graves, sobre los que pese una duda razonable sobre su seguridad, y que puedan representar un riesgo para las personas y sus bienes".

El anuncio de la firma de este convenio llega poco más de un mes después del derrumbe parcial del número 9 de la calle Canigó, en Badalona. A la tragedia, que segó la vida de tres personas, le ha seguido el desalojo de cinco edificios más de la misma promoción, ya que fueron construidos con el mismo sistema, y la consiguiente inspección (aún en marcha) de las 440 viviendas afectadas. Precisamente, dirimir cuál es la administración responsable de llevar a cabo (y pagar) esas inspecciones fue uno de los puntos de discordia entre la Generalitat y el Gobierno local, liderado por Xavier Garcia Albiol (PP), durante la crisis del derrumbe de Canigó.

El caso de Badalona puso sobre el foco de atención el estado de conservación de las viviendas en el área metropolitana de Barcelona. Hace dos semanas, el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet decretaba el cese de habitabilidad del número 9-11 de la calle Pirineus, desalojando en tres días a 89 personas. En las últimas semanas, se han conocido también casos similares en poblaciones como Blanes, Valls o Llagostera. "Los hechos de alarma social relativos a patologías en el parque de edificios suceden a menudo de manera inesperada y requieren actuaciones urgentes para conocer el alcance del riesgo para las personas que viven y sus bienes", declara el Departament de Territori en el escrito que se ha hecho público para informar del convenio.

Así, Territori ―que reunió por primera vez a su gabinete de crisis para gestionar la respuesta institucional y social a la tragedia de la calle Canigó tres semanas después del derrumbe―, busca estandarizar la respuesta de la administración pública ante una problemática que preocupa cada vez a más vecinos: "El convenio marco tiene por objetivo facilitar que los especialistas elaboren dictámenes de edificios o conjuntos inmobiliarios de manera colegiada, con un debate interno, de los cuales se desprenda un diagnóstico único y consensuado. Este diagnóstico servirá para establecer qué actuaciones habría que impulsar en los edificios estudiados, basadas en unos protocolos de máxima fiabilidad".

Los expertos harán un informe de diagnóstico y apuntarán las posibles actuaciones para reparar los daños del inmueble. El coste de estos estudios los pagará la AHC y los municipios donde se tenga que hacer la actuación se podrán sumar a este convenio para aportar la información técnica y urbanística de qué dispongan: "Este convenio tiene voluntad científica y de interés general" y ha de permitir conocer las características de ciertas patologías de edificios, basadas en informes o dictámenes técnicos y en su trascendencia significativa y singularidad", añade el departamento.

Para realizar cada informe, el Departament de Territori tendrá que dirigir una petición escrita a los colegios firmantes, que se concretará mediante la formalización de una adenda donde se definirá el objeto de estudio y el coste de las actuaciones. Así, a cada adenda se podrá sumar el municipio donde se ubique el edificio objeto de estudio para facilitar información y datos tales como planos, documentación sobre las intervenciones que se hayan hecho en el inmueble a lo largo del tiempo, fotografías e informes del siniestro.

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Los dictámenes técnicos que las entidades firmantes elaboren determinarán las causas del siniestro o de los daños; su origen, siempre que sea posible, y el estado general de los edificios y las condiciones de uso de las viviendas para valorar si son seguros estructuralmente. También valorarán las actuaciones de rehabilitación factibles y adecuadas, y su coste estimado. Los dictámenes se presentarán al Departament de Territori, la Agència de l'Habitatge de Catalunya y al ayuntamiento que haya firmado la adenda. La AHC pagará el coste del dictamen a las asociaciones profesionales.

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El convenio tiene una duración de cuatro años prorrogable y se creará una comisión de seguimiento integrada por un representante de cada una de las partes.

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