Rigau indigna a padres y expertos con su regulación de la escuela inclusiva

Ensenyament prevé mantener los centros de educación especial y reforzar el carácter vinculante de sus informes psicopedágogicos

Los afectados consideran que la 'conselleria' no ha tenido en cuenta algunas de sus reivindicaciones clave

Youssef y Martí, con un compañero suyo (a la derecha, agachado) de la Unidad de Apoyo a la Educación Especial (USEE) del instituto Icària de Barcelona.

Youssef y Martí, con un compañero suyo (a la derecha, agachado) de la Unidad de Apoyo a la Educación Especial (USEE) del instituto Icària de Barcelona. / ALBERT BERTRAN

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MARÍA JESÚS IBÁÑEZ / BARCELONA

El tantas veces comprometido (y tantas veces postergado también) decreto de la escuela inclusiva, la norma que debe sustituir a la actualmente vigente, de 1997, y ajustar la realidad de los estudiantes con necesidades educativas específicas a lo previsto en la ley de educación de Catalunya (LEC), llegará por fin al Consell Escolar de Catalunya el próximo enero, más de un año después de lo ordenado por el Parlament. La fecha la ha adelantado la 'consellera' de Ensenyament, Irene Rigau, que ha destacado que el nuevo decreto concede rango de vinculante al informe psicopedagógico que realizan los técnicos de los equipos de asesoramiento y orientación psicopedagógica (EAP).

Estos serán, ha afirmado Rigau, quienes tengan la última palabra sobre dónde será escolarizado cada alumno con discapacidad o con trastornos de aprendizaje, ya sea en escuelas convencionales o en centros de educación especial. El anuncio ha caído como un jarro de agua fría entre las asociaciones de padres, plataformas de apoyo a estos colectivos y expertos en inclusión educativa, que critican el hecho de que pueda seguir habiendo colegios solo para atender a estudiantes con necesidades específicas. "Hacer que la escuela sea inclusiva es incompatible con que existan centros para separar a esos alumnos", critican. Consideran que deberían de ser los progenitores los que decidan en última instancia a qué colegio va su hijo y recuerdan que a principios de este diciembre el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ya les dio la razón ordenando a la Generalitat a escolarizar a un discapacitado en un instituto ordinario.

Rigau, que insiste en que la voluntad de su departamento, es "que todos los alumnos estudien prioritariamente en centros convencionales", recuerda, no obstante, las dificultades con que se han encontrado los países que han suprimido los centros especiales. Ella es partidaria de que, a diferencia de lo que reclaman las plataformas de padres, sean los especialistas quienes dictaminen en qué grado el alumno puede estar en una escuela ordinaria y en todo caso "qué medidas adicionales y qué apoyos específicos necesita el centro que acoge a ese menor". "Hay que buscar el equilibrio", ha sentenciado la titular de Ensenyament.

RECURSOS SUFICIENTES

"Una de las principales novedades del decreto", ha subrayado la 'consellera', "es que, al ser el informe del EAP vinculante, la administración educativa queda obligada a proporcionar a las escuelas todos los recursos que precisen". De ahí que, ha añadido, la nueva normativa venga acompañada también por una memoria económica, que no ha concretado pero que, según lo inicialmente previsto en el borrador, será aplicable a cuatro años vista. 

Para los implicados, en cambio, el carácter vinculante del informe del EAP ("que de hecho ya lo era hasta ahora", objetan) no supone ninguna garantía, entre otras razones "porque los propios EAP son organismos dependientes de la Administración, lo que significa que actuarán según los criterios que esta les predetermine", apunta un experto. De hecho, Ensenyament está trabajando ya con estos equipos sobre qué criterios han de aplicarse de forma homogénea en Catalunya. Los afectados temen que eso suponga que en épocas de recortes presupuestarios los dictámenes de los psicopedagogos sean más restrictivos que en épocas de bonanza económica.

"Este decreto solo tendrá sentido si es realmente ambicioso, y la información que tenemos hasta el momento nos hace dudar de que lo sea. En los más de 30 años que hace que la Generalitat tiene competencias en materia educativa, este será el tercer decreto que regula la escolarización del alumnado con necesidades educativas específicas", ha lamentado la Plataforma Ciudadana para una Escuela Inclusiva en Catalunya.

PROGRAMA PARA DESPUÉS DE LA ESO

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El borrador del decreto, ha destacado Rigau, prevé también que los alumnos con necesidades educativas específicas puedan estudiar durante cuatro años para obtener una titulación de formación profesional, en lugar de los dos años previstos en los currículos para el resto de alumnos. El objetivo es que estas personas puedan obtener un título (o una acreditación de módulos) que les abra las puertas para incorporarse en un futuro en el mundo laboral, tal y como vienen reclamando desde hace tiempo las familias.    

las líneas rojas de las familias

Sí celebran las familias el compromiso de Rigau de que la evaluación psicopedagógica se centre, sobre todo, en los puntos fuertes del alumno y no en sus dificultades. "No queríamos que el decreto fuera un mero listado de distintos tipos de discapacidad donde encasillar a nuestros hijos, sino que se buscara de qué modo se puede estimular su aprendizaje", explica un portavoz de la plataforma. Los maestros deberán tenerlo en cuenta y adoptar medidas para propiciarlo.