Niños libres de violencia

El 11 de julio de este año todos conocimos la historia de Naiara, que con tan solo 8 años moría en Sabiñánigo (Huesca) a manos de su tío, Iván Pardo Peña, quien confesó haberla torturado hasta matarla. 

Ese mismo día el pediatra de guardia del hospital de Campo Grande en Valladolid denunció ante la policía las lesiones que sufría “la pequeña S.”, como la mencionaron los medios de comunicación. Lo hizo de inmediato nada más examinar a la niña en el servicio de urgencias, pero el sistema de protección llegó tarde y la pequeña S. murió de una paliza el día 3 de agosto.

El sistema para proteger a los niños y niñas contra la violencia en España falla. Falla porque mueren muchos niños que durante demasiado tiempo han sufrido violencia en silencio y a los que no hemos sido capaces de ayudar antes. Naiara y la pequeña S. fueron noticia porque perdieron la vida, pero como quien pone una alarma en su casa para evitar que le roben, nosotros debemos crear un sistema de alarmas alrededor de los niños que les permita obtener ayuda mucho antes.

Hay que lanzar un mensaje contundente que deje muy claro que esta sociedad no tolera la violencia contra la infancia. Es esencial el desarrollo de una ley que incluya la prevención de la violencia contra los niños y niñas. Las familias, los colegios, las administraciones y la sociedad pueden hacer mucho más de lo que están haciendo para evitar la violencia, pero necesitan recursos y una adecuada coordinación a través de una estrategia estatal que identifique bien el resultado que perseguimos y cómo vamos a lograrlo.

El mismo día que Naiara moría, los representantes de los grupos políticos del Congreso de los Diputados presentaban una iniciativa conjunta para pedirle al Gobierno una ley que termine con la violencia que sufren los niños y las niñas en España. No es fácil poner a todos los grupos de acuerdo, pero en esta ocasión el objetivo de acabar con la violencia contra la infancia estaba claro. Hay además otro punto importante en el que todos coincidimos, y es que no podemos esperar más. En realidad, los niños que sufren la violencia no pueden esperar más, y por eso se dio un plazo de 12 meses al Gobierno para que tramitará la ley.

Existe un acuerdo político, una oportunidad que no podemos desaprovechar, existe algo que los grupos del Congreso están dispuestos a priorizar y mi pregunta es: ¿Por qué entonces el Gobierno no ha incluido esta ley en el Plan Normativo que ha aprobado recientemente para 2018?

Esta decisión del ejecutivo significa que erradicar la violencia contra los menores de edad no es prioridad en la agenda pública; significa que el Gobierno ha decidido que todas los niños y niñas que estén en la situación que estaban Naiara o S. seguirán un año más sin un sistema que les ofrezca protección frente a la impunidad de los agresores. Si durante el 2018 no se tramita y aprueba esta ley seguramente habremos perdido otros tres años, ante la posibilidad de elecciones anticipadas en 2019.

Save the Children, junto a muchas otras entidades que han definido una estrategia que ponga fin a esta violencia, y más de 200.000 particulares que han firmado nuestra petición para exigir la aprobación de la ley, estamos dispuestos a poner nuestra experiencia y nuestros recursos para sacarla adelante. El Congreso reflejó en la iniciativa que presentó el 11 de julio la unanimidad y el consenso social que existe sobre este tema. Hay que pasar de la lamentación a la prevención, pero es el Gobierno quien debe liderar este proceso y cumplir su compromiso en el año 2018.