Los centros de menores recurren a donaciones para vestir a los niños

El Síndic de Greuges ha pedido este jueves a la Generalitat que prohíba a los centros de protección de menores, donde residen los chavales tutelados por la Administración, "recurrir, total o parcialmente, a entidades benéficas para alimentos y ropa destinados a los niños y adolescentes".  Y, además, le reclama que se cumpla esta recomendación. Los sindicatos ya habían denunciado a la sindicatura y a este diario, estas situaciones anómalas. Lo mismo han hecho los menores tutelados que se han quejado de "una dotación muy limitada o insuficiente de ropa".  Todas estas recomendaciones están recogidas en el Informe sobre els drets de l’infant 2017 que el Síndic, Rafael Ribó, ha entregado este jueves a la presidenta del Parlament de Catalunya, Carme Forcadell.

La Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA), a petición del Síndic, ha elaborado "una lista de piezas de ropa que deben ser de obligado cumplimiento". Estos hechos son especialmente criticables teniendo en cuenta que la Generalitat abona a los centros  privados o de gestión delegada (el edificio es de la Administración) entre 3.000 y 4.000 euros mensuales por menor. La mayoría de los equipamientos no son públicos. La institución ha recibido también denuncias sobre "una supuesta falta de control por parte de la DGAIA de los balances económicos de los centros".

El Síndic y también la Conselleria d'Afers Socials han constatado irregularidades en la alimentación y que, en algunos casos, proceden de "entidades benéficas y del Banc del Aliments".  En otros centros de protección la comida la preparan empresas dedicadas al cátering con lo que los viernes se entregan los menús de todo el fin de semana. Para mejorar esta situación, el Síndic recomienda que se den instrucciones específicas a los centros para que elaboren menús tal y como se hace en los comedores escolares.

Restricciones

El documento además de hacer balance sobre la alimentación y la ropa, también analiza la atención médica, la carencia de actividades extraescolares que no sean gratuitas y la situación laboral de los educadores. Así, alerta sobre las restricciones en los tratamientos odontológicos y oftalmológicos, ya que "los expedientes económicos" a menudo son denegados por la DGAIA, lo que provoca que, en algunos casos, ni siquiera se lleguen a solicitar. El informe recomienda que "se revise" el perfil y el número de educadores que requiere cada centro y se "evalúen los riesgos psicosociales" de las plantillas.  Los trabajadores han explicado al defensor del pueblo catalán que los déficits afectan "directamente a la efectividad y la garantía de los derechos de los niño".

Actualmente, la Generalitat tiene tutelados a más de 7.000 menores, un 5% más que en el 2015. Por ello, el informe anual sobre la infancia alerta de la masificación de los centros de protección y del elevado número de menores que "están a la espera de un recurso de adecuado a sus necesidades, lo que supone que no tienen garantizada una protección adecuada".

Menores extranjeros

El Síndic ha denunciado, pese a la implantación de algunas medidas correctoras: "La presión creciente en el sistema de protección del incremento de menores extranjeros no acompañados", conocidos como menas. Ribó ha calificado de "insuficientes" las políticas de acogida de este colectivo. La llegada de estos menores a Europa "es espectacular", ha dicho.  Las llegadas masivas afectan sobre todo a Grecia e Italia. Este último país ha aprobado una ley específica sobre los menas, ha asegurado María Jesús Larios, adjunta al Síndic en temas de infancia.

No solo Catalunya ha registrado un aumento de estos menores, la mayoría (65%) procedente de Marruecos. Otras comunidades autónomas han tenido que "ampliar el número de plazas en los centros para poder acogerlos" o medidas criticadas, a diestro y siniestro, como la adoptada recientemente por el Gobierno al trasladar a 500 inmigrantes a cárcel porque los centros de protección estaban colapsados.

Demoras

Según el informe, el sistema de protección de menores está condicionado no solo por la llegada de los menas, también por la carencia de familias de acogida para estos niños, este sistema "es una medida casi subsidiaria en comparación con el nñúmero de niños que ingresan en los centros". El Síndic ha constatado algunas deficiencias en las acogidas sobre todo las denominadas de urgencia porque el periodo de estancia que debe ser de seis meses no se ajusta a estos periodos y se producen "demoras injustificadas". En algunos casos, los chavales pasan por dos hogares antes de llegar a la familia de acogida definitiva lo que repercute en su estado emocional.