Manuel Aragón: No se debe descargar solo en los jueces la defensa del Estado

El catedrático de Derecho y magistrado emérito del Tribunal Constitucional (TC) Manuel Aragón ha dicho hoy que "el poder público no debe descargar exclusivamente en las espaldas de los jueces la defensa del Estado democrático de derecho sin adoptar al mismo tiempo las medidas políticas a su alcance".

Así lo ha manifestado en una conferencia sobre la judicialización de la vida pública en España organizada por la Fundación Ankaria y el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales que ha pronunciado pocos días después del referéndum independentista de Cataluña celebrado el domingo pasado a pesar de que el TC lo declaró ilegal.

Manuel Aragón era magistrado del TC cuando este órgano dictó la sentencia sobre el Estatut de Cataluña en cuya votación rechazó el concepto de "nación" recogido en su preámbulo.

Ha asegurado que "la judicialización de la vida pública en España constituye un uso desviado de la justicia y está causando problemas muy preocupantes para nuestro Estado constitucional democrático de derecho".

A su juicio "el poder público siempre está obligado a acudir a los tribunales ante la conducta ilícita de otro poder público pero lo que no debe hacer es descargar exclusivamente en las espaldas de los jueces la defensa del Estado constitucional democrático sin adoptar las medidas políticas que también tiene a su alcance para conjurar ese peligro".

Para Manuel Aragón, "la justicia está para velar por el sistema legal, lo que implica hacer cumplir la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico pero no para solucionar las disfunciones que pudieran existir en el sistema político".

Ha insistido en que "esta tarea corresponde a los políticos a través de la modificación de prácticas inadecuadas o de propuestas de reformas normativas".

Como ejemplo de judicialización de la vida pública ha citado situaciones como que los particulares y los partidos acudan a los tribunales para que ellos solventen asuntos políticos sin conexión inmediata con sus propios derechos o intereses legítimos.

"Un caso de este tipo de comportamientos lo vemos con el uso desviado de la acción popular en materia penal e incluso cuando los partidos intentan solicitar por vía jurisdiccional el cumplimiento de los compromisos electorales", ha añadido.

También se ha referido a "los casos de activismo judicial mediante los cuales los jueces sustituyen al legislador e incluso al Ejecutivo".

"Afortunadamente esta corriente no ha prosperado entre nosotros a diferencia de lo que ocurre en algunos países iberoamericanos pero podría suceder si los jueces ceden a la tentación de hacer justicia material sin límite formal alguno", ha advertido.

Asimismo se ha mostrado partidario de una reforma de los sistemas de designación de los miembros del Consejo General del Poder Judicial y del TC para evitar una posible apariencia de politización de la justicia.

Sobre la actividad de los magistrados fuera del poder judicial ha manifestado: "El juez que se dedique a la política debe abandonar para siempre la carrera judicial".