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Cerco sindical y político a la gestión privada de los centros de menores tutelados

Los sindicatos denuncian la atención que dispensan entidades y fundaciones y la falta de control de la Generalitat

Los espacios residenciales perciben al mes por niño entre 3.000 y 4.000 euros

TERESA PÉREZ / BARCELONA

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Una joven, en una imagen de archivo,  tumbada en la cama en un centro de acogida. / JULIO CARBÓ

Sindicatos y diputados del Parlament de Catalunya claman contra el funcionamiento de los centros de menores tutelados por la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA)El sindicato UGT ha dado este miércoles un severo rapapolvo a la DGAIA, que depende de la Conselleria d'Afers Socials, “por la mala gestión de entidades y fundaciones puramente mercantilistas”. Del centenar de Centros Residenciales de Acción Educativa (CRAE) de Catalunya, solo el 10% son públicos, el resto son privados o de gestión delegada (el edificio es de la Administración).

Estas críticas se suman a las de la Confederació General del Treball contra el responsable de la DGAIA, Ricard Calvo, por "adjudicar y favorecer" a la fundación Plataforma Educativa, "en la que había tenido cargos", con contratos por valor de 98 millones para gestionar centros en los próximos ocho años. 

La UGT ha denunciado ante la Generalitat y el Síndic de Greuges que en algunos de los centros privados "comen y cenan de 'catering' de baja calidad". Lo mismo sucede con la ropa que, a veces, "es de segunda mano". Además, señala el sindicato, no se realizan actividades extraescolares ni lúdicas si no son gratuitas. Y los chavales con graves discapacidades físicas o psíquicas "no reciben la atención individual que necesitan". CCOO añade otro dato: "La DGAIA no ejerce un control exhaustivo sobre las empresas en las que ha delegado la gestión. El director del centro sabe el día y la hora en que va a pasar el inspector".

PAGO MENSUAL

Por todo ello, el sindicato UGT ha exigido a la DGAIA que se marque como prioridad "el seguimiento y la vigilancia de estas fundaciones" y censura que la dirección general no actúe como encargada de "velar y proteger a estos niños en situación de especial vulnerabilidad". Según consta en un documento con membrete de la Generalitat, esta abona entre 3.000 y 4.000 euros mensuales por chaval (entre 108 y 134 euros diarios), en función del número de plazas del centro. En estos espacios viven unos 3.000 chavales.

Una circular a la que ha tenido acceso este diario alerta de que "no es posible recibir comida u otro material a través de entidades benéficas, ya que este aspecto queda cubierto por la propia Administración". Sin embargo, UGT afirma haber constatado que, en ocasiones, se ha llegado "a utilizar comida de donaciones del Banc dels Aliments o de Cruz Roja". 

Afers Socials recuerda que en los centros públicos no se permite "la comida de beneficencia" y que cada centro tiene asignado un presupuesto en invierno y verano para ropa. Las incidencias en estos recintos "se comunicas al Área de Centros de la DGAIA, que las subsanan lo más rápido posible", asegura el departamento. 

SIN REPRESENTACIÓN SINDICAL

Nueva cita de la comisión de Infancia

La comisión que debe revisar el modelo de protección de la infancia y adolescencia en Catalunya se reunirá este viernes, por segunda vez, para comenzar a trabajar, tras un primer encuentro preliminar. La constitución de este organismo creado a instancias del Parlament se realizó con mes y medio de retraso. El grupo lo constituyen representantes de los grupos políticos en la Cámara catalana y representantes de la Administración. Ahora, falta por concretar el listado y la fecha en la que diferentes expertos en temas de infancia darán su visión para mejorar el modelo. El primer encuentro se realizó a finales de mayo en la sede de la dirección general de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA).

Antonio Gutiérrez, responsable de Acción Social de UGT de centros privados, critica el tipo de comida hasta el punto de que "educadores que atienden a los chavales les dicen que coman lo que quieran". Hay establecimientos que llevan el 'catering' "el viernes hasta el lunes al mediodía y hay que dejar alimentos fuera de la nevera por falta de espacio en los frigoríficos". Gutiérrez cita a la fundación Idea, "que además de las irregularidades denunciadas en la atención infantil, incumple el convenio laboral e impide la representación sindical". 

Rafi Redondo, coordinadora del sector de intervención Social de CCOO, reclama "transparencia" en la gestión económica, en qué y cómo se gasta el dinero. Además reivindica que la Administración "dote de más recursos a los centros y no a las empresas", y que los educadores sociales tengan protección jurídica "para evitar que los despidan si denuncian irregularidades". 

Tanto las diputadas Gemma Lienas, del grupo Catalunya Sí Que Es Pot, como Gabriela Serra, de la CUP, critican el funcionamiento de los centros de menores de gestión privada y reconocen las diferencias que hay con los públicos por eso reclaman que sean de titularidad pública. Lienas censura que "se incumplan las ratios de educador por niño, lo que imposibilita que se dé una buena atención". 

Serra se pregunta cómo puede la Generalitat "retirar a los niños de su familia y asumir la tutela y una vez que la tiene, dejar al niño en un centro de gestión privada donde no están garantizadas las normas de acogida". La diputada de la CUP reclama que los centros sean lo más parecidos a un hogar "porque a los niños les tienes que dar algo mejor que lo que tenían en su casa para justificar la retirada, si no es mejor no hacerlo. Es inaceptable que un niño retirado duerma en el suelo porque el centro no tiene más camas". 

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